La Cooperativa denunció obstrucciones en el sistema cloacal. Apuntó a un grupo de empleados del sector de Agua y Cloacas de la entidad.
Mientras se trabaja en la desobstrucción y mantenimiento de la red cloacal, la Cooperativa Eléctrica de Trelew encontró nuevamente elementos en la red que poseen todas las características de un atentado a sus instalaciones.
En ese marco el titular de la entidad, Fabián Gómez Lozano, señaló que se presentará ante las autoridades para radicar la denuncia correspondiente.
“Las tareas que se realizan en la red cloacal apuntan a resolver los problemas de los vecinos, que son quienes sostienen con su aporte el trabajo de la entidad”, dijo Gómez Lozano, quien explicó que “ante el hallazgo, nuevamente, de materiales que nos hacen sospechar de un atentado, no tenemos otra alternativa que denunciarlo a las autoridades pues se trata de los bienes de los socios”.
En ese marco el titular de la entidad, Fabián Gómez Lozano, señaló que se presentará ante las autoridades para radicar la denuncia correspondiente.
“Las tareas que se realizan en la red cloacal apuntan a resolver los problemas de los vecinos, que son quienes sostienen con su aporte el trabajo de la entidad”, dijo Gómez Lozano, quien explicó que “ante el hallazgo, nuevamente, de materiales que nos hacen sospechar de un atentado, no tenemos otra alternativa que denunciarlo a las autoridades pues se trata de los bienes de los socios”.
Vandálico
Desde la Cooperativa Eléctrica de Trelew se sospecha que este acto vandálico podría estar relacionado con el conflicto que existe con un grupo muy minoritario de trabajadores del sector Aguas y Cloacas, el que resiste al renovado programa de guardias activas: pretenden perpetuar el antiguo y hoy ya ineficiente sistema de horas extras que tanto costo le implica a los socios y vecinos y que desde el Consejo de Administración se busca finalizar.
Desde la Cooperativa Eléctrica de Trelew se sospecha que este acto vandálico podría estar relacionado con el conflicto que existe con un grupo muy minoritario de trabajadores del sector Aguas y Cloacas, el que resiste al renovado programa de guardias activas: pretenden perpetuar el antiguo y hoy ya ineficiente sistema de horas extras que tanto costo le implica a los socios y vecinos y que desde el Consejo de Administración se busca finalizar.
Rodetes y telas
“La renovación del sistema de guardias redunda en una labor más eficiente, que beneficia a los vecinos, y en un morigeramiento importante de erogaciones económicas, lo que responde a un pedido constante que tiene la sociedad para con la entidad”, explicó Gómez Lozano.
Este nuevo atentado fue descubierto por los técnicos de la Cooperativa Eléctrica cuando se trabajaba en la calle Soberanía Nacional, este miércoles por la noche, con el camión desobstructor.
Allí se hallaron estopas, rodetes, telas de distintos tamaños y cintas amarillas que aparecieron desparramadas a lo largo de 4 kilómetros de cañerías colectoras.
Este tipo de accionar no sólo implica un mayor esfuerzo para los trabajadores, sino que también daña directamente a los socios, quienes sufren las consecuencias.#
“La renovación del sistema de guardias redunda en una labor más eficiente, que beneficia a los vecinos, y en un morigeramiento importante de erogaciones económicas, lo que responde a un pedido constante que tiene la sociedad para con la entidad”, explicó Gómez Lozano.
Este nuevo atentado fue descubierto por los técnicos de la Cooperativa Eléctrica cuando se trabajaba en la calle Soberanía Nacional, este miércoles por la noche, con el camión desobstructor.
Allí se hallaron estopas, rodetes, telas de distintos tamaños y cintas amarillas que aparecieron desparramadas a lo largo de 4 kilómetros de cañerías colectoras.
Este tipo de accionar no sólo implica un mayor esfuerzo para los trabajadores, sino que también daña directamente a los socios, quienes sufren las consecuencias.#
Fuente: Diario Jornada
Vecinos autoconvocados realizarán una concentración en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) este viernes a las 13 horas para reclamar por el tarifazo y entregar un petitorio en el que solicitan información a la entidad respecto a distintos temas, acompañado de firmas de la comunidad.
Si bien estaba previsto que la movilización se realizará el pasado lunes, la misma debió suspenderse a raíz de la retención de servicio que llevaban adelante los trabajadores de UTA, por lo que la misma se reprogramó para este viernes a las 13 horas.
De este modo, vecinos autoconvocados no solo buscan reclamar por el tarifazo de los distintos servicios brindados por la entidad sino que también entregarán un petitorio solicitando información.
Entre los puntos que presentarán se solicitan los resultados de análisis bacteriológicos y de metales pesados del agua anteriores y posteriores al temporal, el estado de las conexiones de agua y cloacas y las obras a realizar; datos sobre la venta de agua a operadoras petroleras, a Sarmiento, Caleta Olivia y Sarmiento; el resultado de la auditoría realizada por la Universidad local a la entidad; estado de denuncias por malversación de fondos e investigaciones internas si existieron; detalles de pautas publicitarias, estructura de costos del sistema eléctrico, contratos, deudas y detalles de la conformación del Consejo de Administración.
En tanto, también se exige la modificación del estatuto y que se de respuesta a los pedidos de informes del Concejo Deliberante.
Fuente: ADN Sur
La CGT convocó ayer a una movilización para el 22 de agosto, dentro de 40 días, forzada por los incidentes durante el desalojo policial a la planta de la alimentaria Pepsico. La central obrera debió motorizar una acción de protesta y la enmarcó en un repudio generalizado a la política económica del Gobierno y la intervención de cuatro sindicatos desde la asunción de Mauricio Macri, aunque la difirió hasta después de las Primarias del 13 de agosto como parte de su lógica de no inmiscuirse en la campaña electoral.
Fue el principal resultado de una reunión del Consejo Directivo de más de cuatro horas en la que llegó a evaluarse la posibilidad de lanzar un paro nacional. Esa alternativa dividió aguas en el máximo órgano ejecutivo de la central y apuró la definición de una marcha como solución salomónica, cuando en la previa nadie apostaba a la posibilidad de una medida de fuerza. La intervención de 500 gendarmes con palazos y gases para desalojar a los trabajadores de Pepsico cambió de manera drástica el tono del debate.
Los principales referentes de la CGT discutieron en un clima de tensión por la obligación de hacerlo presionados para brindar una respuesta en el plano gremial a la represión en Florida, por un lado, y por las filtraciones de sus propias deliberaciones por otro. En un tramo un líder sindical llegó a pedir una pesquisa interna para determinar quiénes daban a conocer conversaciones que casi en simultáneo veían reflejadas en redes sociales.
Como conclusión final se dispuso un acto -a definir sus características- para el 22 de agosto (se escogió la fecha por cumplirse ese día el primer aniversario de la reunificación de la CGT que alumbró el triunvirato de la actual conducción) y previamente, un plenario de secretarios generales ampliado para el 28 de julio en un microestadio.
El encuentro tuvo un arranque con bríos a partir de la intervención de uno de los triunviros, el portuario Juan Carlos Schmid, quien fijó como base la necesidad de dar una respuesta en el plano gremial a la represión policial y no meramente declarativo, como se especuló en la previa. Schmid también cerró el debate con la conclusión, definida a favor del plenario y la marcha.
Otros dirigentes se encargaron de subir la vara. El canillita Omar Plaíni, desplazado de su sindicato días atrás a instancias de una intervención ordenada por la Justicia federal y aplicada por el Gobierno, consideró imperioso el lanzamiento de un paro nacional para replicar ese tipo de acciones y la de Pepsico. En la misma línea, el metalúrgico Francisco "Barba" Gutiérrez llegó a sugerir una huelga por 12 horas acompañada de una movilización o bien un paro nacional por 24 horas: "No aceptemos más atropellos, represión ni intervención en los sindicatos", exigió.
Carlos Acuña, otro de los triunviros, convalidó la necesidad de llevar a cabo una medida de fuerza: "En la calle me dicen que tenemos que hacer algo...", admitió el gremialista de las estaciones de servicio, que sufrió en carne propia el repudio de manifestantes durante el acto de la CGT del 7 de marzo pasado, que terminó con incidentes.
En tanto que los "independientes" Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez hicieron gala de su condición de equilibristas y dejaron abierta una amplia gama de opciones para impulsar una protesta. Incluso el ferroviario Omar Maturano, que el día anterior en una reunión de la mesa chica de la CGT había sugerido una huelga -cuando nadie sospechaba lo que pasaría al día siguiente en Pepsico- se moderó durante el debate y dijo preferir que la resolución sobre la protesta la tomara el triunvirato.
"Si hay una escalada de esta naturaleza hacemos responsable al Ejecutivo de que suceda una desgracia en el país. El problema social no se resuelve con la lógica del bastón y los gases lacrimógenos sino sentándose a una mesa y ofreciendo alternativas", advirtió Schmid al término de la reunión, como síntesis.
Fue el principal resultado de una reunión del Consejo Directivo de más de cuatro horas en la que llegó a evaluarse la posibilidad de lanzar un paro nacional. Esa alternativa dividió aguas en el máximo órgano ejecutivo de la central y apuró la definición de una marcha como solución salomónica, cuando en la previa nadie apostaba a la posibilidad de una medida de fuerza. La intervención de 500 gendarmes con palazos y gases para desalojar a los trabajadores de Pepsico cambió de manera drástica el tono del debate.
Los principales referentes de la CGT discutieron en un clima de tensión por la obligación de hacerlo presionados para brindar una respuesta en el plano gremial a la represión en Florida, por un lado, y por las filtraciones de sus propias deliberaciones por otro. En un tramo un líder sindical llegó a pedir una pesquisa interna para determinar quiénes daban a conocer conversaciones que casi en simultáneo veían reflejadas en redes sociales.
Como conclusión final se dispuso un acto -a definir sus características- para el 22 de agosto (se escogió la fecha por cumplirse ese día el primer aniversario de la reunificación de la CGT que alumbró el triunvirato de la actual conducción) y previamente, un plenario de secretarios generales ampliado para el 28 de julio en un microestadio.
El encuentro tuvo un arranque con bríos a partir de la intervención de uno de los triunviros, el portuario Juan Carlos Schmid, quien fijó como base la necesidad de dar una respuesta en el plano gremial a la represión policial y no meramente declarativo, como se especuló en la previa. Schmid también cerró el debate con la conclusión, definida a favor del plenario y la marcha.
Otros dirigentes se encargaron de subir la vara. El canillita Omar Plaíni, desplazado de su sindicato días atrás a instancias de una intervención ordenada por la Justicia federal y aplicada por el Gobierno, consideró imperioso el lanzamiento de un paro nacional para replicar ese tipo de acciones y la de Pepsico. En la misma línea, el metalúrgico Francisco "Barba" Gutiérrez llegó a sugerir una huelga por 12 horas acompañada de una movilización o bien un paro nacional por 24 horas: "No aceptemos más atropellos, represión ni intervención en los sindicatos", exigió.
Carlos Acuña, otro de los triunviros, convalidó la necesidad de llevar a cabo una medida de fuerza: "En la calle me dicen que tenemos que hacer algo...", admitió el gremialista de las estaciones de servicio, que sufrió en carne propia el repudio de manifestantes durante el acto de la CGT del 7 de marzo pasado, que terminó con incidentes.
En tanto que los "independientes" Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez hicieron gala de su condición de equilibristas y dejaron abierta una amplia gama de opciones para impulsar una protesta. Incluso el ferroviario Omar Maturano, que el día anterior en una reunión de la mesa chica de la CGT había sugerido una huelga -cuando nadie sospechaba lo que pasaría al día siguiente en Pepsico- se moderó durante el debate y dijo preferir que la resolución sobre la protesta la tomara el triunvirato.
"Si hay una escalada de esta naturaleza hacemos responsable al Ejecutivo de que suceda una desgracia en el país. El problema social no se resuelve con la lógica del bastón y los gases lacrimógenos sino sentándose a una mesa y ofreciendo alternativas", advirtió Schmid al término de la reunión, como síntesis.
Fuente: Ámbito
LPOLuego de un durísimo debate se acordó convocar a una movilización para el 22 de agosto, después de las primarias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización para el 22 de agosto en repudio a la represión policial durante el desalojo de la planta de PepsiCo, una fábrica de bebidas y aperitivos de Estados Unidos que decidió cerrar su planta de Vicente López.
Principio del formulario
La fecha intenta separar el reclamo de las primarias y denuda las internas en la CGT por algunos sindicatos que entablaron una relación amena con el Gobierno.
Para no volver a quedar a destiempo, anunciaron un plenario nacional para el 28 de julio, donde leerán un documento sobre el conflicto social.
Pero los gremios más duros presionan para que en agosto se anuncie un paro general, pegado a las elecciones de octubre.
El trabajoso consenso fue comunicado por el triunvirato que conduce la central, integrado por Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer, tras una intensa reunión del consejo ejecutivo, donde faltaron reproches por el protagonismo de la izquierda ante la crisis de empleo.
"La CGT la integran muchos gremios, los vinculados a la industria fueron afectados por despidos y otros no", admitió Schmid, consultado sobre las diferencias internas sobre como reaccionar ante incidentes como los de esta mañana.
Parecía referirse a los sindicatos del transporte, favorecidos por los cambios en Ganancias y su relación con Guillermo Dietrich (no fue Roberto Fernández, de la UTA); o "independientes", como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que sí estuvieron y levantaron la voz por "medidas más moderadas".
Chocaron con los más belicosos: Francisco "Barba" Gutiérrez (UOM) y Omar Plaini (Canillitas), decididos a ir a un paro general en lo inmediato. Por casualidad o no, faltaron otros dos miembros del consejo directivo cercanos a Macri: Abel Frutos (Panaderos) y Guillermo Pereyra (Petroleros).
La actuación estelar fue de Rodolfo Daer, líder del gremio de alimentación y a cargo de muchos de los empleados despedidos en Pepsico.
"Si hay una escalada de esta naturaleza hacemos responsable al Ejecutivo de que suceda una tragedia en el país" , protestó Schmid. "Esto no se arregla con un bastón, sino sentándose a la mesa y ofreciendo alternativas", agregó.
"Al tiempo que puso su planteo "a consideración de todas las fuerzas que hoy están intentando ocupar cargos públicos (por las elecciones)".
"Se tienen que expresar y decir que por esta vía no vamos a resolver ningún problema", pidió Schmid y remarcó que el plenario del 28 será "en un microestadio deportivo para reunir a toda la militancia, y dar a consideración los alcances de este documento que será presentado en la Casa Rosada y en ese lugar hacer el anuncio de una movilización de protesta para el 22 de agosto".
La excusa para demorar la movilización al 22 de agosto fue que se cumple un año de la asunción del triunvirato, pero por lo bajo muchos admitieron no querer involucrarse en la contienda electoral.
"Naturalmente le hemos transmitido nuestra preocupación a las esferas gubernamentales porque creemos que se podrían haber utilizado otros métodos para evitar esta imagen triste, lamentable, cercana a la tragedia, de Argentina", sostuvo Schmid.
Más institucional, Daer pidió al Gobierno que respete los procesos de normalización de los gremios con conflictos "y no como el SOMU que está intervenido hace un año y medio, no se respetan los plazos perentorios y el único objetivo es cambiar el régimen laboral".
Acuña le recriminó a Macri haber vetado la ley que suspendía los despidos. "Si no lo hubiera hecho esto no estaría pasando", se lamentó.
Fuente: La Política Online
Cómo fue la represión a los despedidos de PepsiCo
Luego de varias noches de vigilia, los despedidos intuyeron que ayer la policía avanzaría contra ellos. Pero no imaginaron la violencia del operativo ordenado por el gobierno macrista.
Por Adriana Meyer
“Están cebados, sacados.” “Esto parece el 2001, actúan como en la dictadura.” “Volvieron.” Entre una y otra arremetida represiva del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, frente al portón principal de PepsiCo, azorados y con los rostros desencajados, manifestantes, diputados y periodistas no podían creer lo que estaban viviendo. Había sido una larga noche de vigilia, con centenares de trabajadores y militantes apostados en los tres accesos de la planta de Florida, ubicada en medio de un barrio que combina casillas de chapa con chalets de tejas, con vecinos que salieron a batir cacerolas en apoyo a las y los obreros y que terminaron teniendo que sacar a sus hijos del jardín de infantes y la escuela por los gases. La imagen de la madrugada fueron los obreros desde los techos, como en los 70, agradeciendo el aguante de la segunda noche de espera al operativo de desalojo.
La foto de la mañana fueron ellos al lado de las hijas de desaparecidos Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry al borde de la cornisa rodeadas de policías. Luego de los palazos y las corridas, vino el momento de mayor tensión. Tras casi una hora de pelearse a los gritos con los jefes del operativo, el grupo de legisladores que habían llegado, entre ellos Miguel Funes (FpV) y Leonardo Grosso (Movimiento Evita), logró que ingresaran Nicolás del Caño (FIT-PTS) y Luis Zamora (AyL) para garantizar la integridad de quienes estaban adentro, dado que la Bonaerense ya había entrado con gases para sacarlos. “Qué vergüenza das Vidal, reprimís a las obreras que están defendiendo su derecho al pan”, fue uno de los cantos que se escuchó durante la represión contra una fábrica donde la mayoría son mujeres sostenes de hogar.
Cuando cerca de las 2 de la mañana el delegado Camilo Mones dijo con el megáfono desde el techo “vamos a combatir la batalla de PepsiCo” varios se miraron como si sonara exagerado. Dos horas antes todavía se podía entrar a la fábrica de saladitos, donde las instalaciones aparecían en buen estado y hasta relucientes. En la oficina de ingreso, el fondo de lucha y una máquina de café. “Miente la empresa, lo que producimos acá lo van a hacer en otros países, el propósito que tienen, avalados por el gobierno, el sindicato y la justicia, es político, nos quieren liquidar porque en 20 años logramos conquistas que no hay en ninguna otra fábrica de la alimentación, como la categoría superior a la que antes no accedían las mujeres, que hacían empaque, el laburo más pesado y menos remunerado”, dijo Liz Fernández a PáginaI12. “Cocinaron todo entre ellos y en el ministerio nos ofrecieron indemnizaciones y unos cursos que rechazamos. La categoría que logramos puedan acceder mujeres antes era reservada a los hombres, tocar máquinas, acá peleamos contra el machismo en las empresas y en los convenios, paramos el 8 de marzo”, agregó. “Los supuestos problemas de costos que les traemos nosotros son 20 años de peleas a favor de los tercerizados, no permitir que los de agencia estén tres meses y se vayan”, apuntó Leandro “Garza” Gómez.
La ocupación había sido decidida en asamblea cuando se enteraron que la empresa quería llevarse las máquinas a la planta de Mar del Plata, con personal temporario.
Catalina Balaguer es delegada y trabaja en PepsiCo desde hace 20 años. “Cuando nos atacó la fábrica apuntó a las mujeres, yo me solidaricé y por eso me echaron, siempre avasalló. Por eso nos fuimos organizando, cuando hice campaña por mi reincorporación llovían los reclamos de todas las filiales del mundo por maltratos, abusos y falta de sindicalización”, recordó. El derecho laboral argentino tiene un fallo que lleva su apellido porque logró un fallo de reinstalación que la reconocía como “delegada de hecho”. La habían despedido aduciendo “bajo rendimiento”, pero tuvo que ser reincorporada cuando quedó demostrado que fue una acción antisindical y discriminatoria efectuada por la empresa por su actividad gremial. “Acá hubo compañeras que se fajaban estando embarazadas porque no les daban licencia por maternidad, peleamos tener una guardería, y que las compañeras lastimadas por los ritmos de producción tuvieran otras tareas porque antes eran echadas o puestas en una jaula”, agrega Balaguer y acomoda sus rastas negras.
Listo, se cierra el portón. Ese mismo que horas más tarde no podrían abrir los policías ni con barretas de hierro. Un grupo adentro y los demás afuera, en vigilia, con gomas y pallets apostados en las calles y frente a cada portón de la enorme planta. Un obrero de PepsiCo repartía saladitos para matizar la espera, hasta que cerca de las 4 de la madrugada comenzaron los movimientos. “Son como 12 vehículos, tres escuadrones, están en Constituyentes y General Paz”, comentó una pareja que venía al trote por calle Turquía. Muy lentamente aparecieron las camionetas verdes de la Gendarmería y rodearon todo el perímetro de la fábrica. Comenzó a sonar la sirena de la fábrica. Se escuchó el ruido de cacerolas, eran los vecinos que salieron a solidarizarse. “Vamos aguanten”, les decía una señora con saco polar.
Pasaban las horas, se terminó el café y el agotamiento de dos jornadas sucesivas de vigilias empezaba a notarse. Poco antes de las ocho, aparecieron sobre San Martín medio centenar de mujeres policías de la Bonaerense. Comenzaron las corridas, reforzar algunos puntos, y el alerta de “ahora sí se viene”. Finalmente, arremetió la Infantería con todo barriendo a los manifestantes del acceso principal, y los corrió incluso dando vuelta la manzana, en medio de las casas y escuelas del barrio. Las caras rojas y los ojos reventados por el gas, cortes en los rostros, desmayados iban cayendo mientras otros los rescataban y entre todos se reagrupaban para, al rato, volver cantando contra el macrismo y su policía ultra violenta. Un viejo militante decía “así nos cazaban hace 41 años los grupos de tareas”.
Comenzaron a llegar los medios y los diputados, Patricio del Corro, Christian Castillo, Natalia Peligra, Vilma Ripoll, Fernando Vilordo, además de Zamora, Del Caño, Funes y Grosso. Pero ese portón terminó siendo un corralito de terror. En un reducido espacio entre la planta, las calles laterales y las casas unos 300 uniformados hacían cordones para impedir el regreso de los manifestantes, y también de la prensa. Hubo abiertas sucesivas provocaciones por parte de la Bonaerense, como cuando un camarógrafo pasó el cordón femenino y el jefe del operativo le gritó “te hacés el vivo porque son mujeres”. Al rato, otra barrida de policías pretendió correr a diputados y periodistas, mientras la policía forzaba el portón y entraba a PepsiCo. Los puntos de ataque se habían multiplicado y al rato el periodista de Crónica Aldo Romano fue atacado tan solo cuando se acercó al kiosco, y ni siquiera los gritos de los legisladores frenaron la feroz paliza, que ligaron todos. Fue en ese momento que el jefe del procedimiento fue increpador por el colega de Romano y por el ex diputado Del Caño, a lo cual el policía le respondió “que no venga a hacer populismo acá”. El dirigente le gritó “acá están pegando a periodistas, usted es responsable por su integridad”.
Poco después por la calle Urquiza hicieron pasar una camioneta de traslado de detenidos, y mientras los legisladores intentaban organizar una comisión para preservar a los ocupantes que estaban a punto de ser sacados de la planta, se escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior del vehículo. Matías Aufieri y Carlos Platkowski, abogados del Ceprodh, comenzaron a gritar para exigir que dijeran a quién llevaban herido, que los liberaran si estaban lastimados o dijeran a dónde los llevarían. La respuesta fue poner primera y casi atropellarlos a ellos, a varios manifestantes y a esta cronista.
Mientras los empleados de municipio Vicente López a toda velocidad recogían los restos de las carpas donde habían acampado las obreras, el fiscal Gastón Larramendi recibía a los abogados que reclamaban por los cinco detenidos. El argumento que adujo la empresa y la fiscalía para ordenar el desalojo fue un riesgo de contaminación, algo por demás llamativo porque el despacho de Larramendi queda exactamente enfrente de PepsiCo. El fiscal dijo lamentar haber tenido que dictar esa orden. La abogada Bregman le respondió: “Señor fiscal, su nombre va a estar asociado al de los peores represores”.
Fuente: Pagina 12
Por pedido de Juan Manuel Abal Medina, la Comisión de Trabajo y Previsión Social convocará al ministro en fecha a definir para que brinde explicaciones sobre el despido de 600 trabajadores y el desalojo de la protesta.
Por pedido del senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), la Comisión de Trabajo y Previsión Social acordó citar "en fecha a definir" al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para que brinde explicaciones sobre el conflicto en la multinacional Pepsico por el despido de 600 trabajadores, que tuvo su pico máximo de tensión este jueves con el desalojo violento de una protesta.
La solicitud, que además fue apoyada por los senadores Mario Pais, María Teresa González (PJ-FpV) y Magdalena Odarda (CC), fue avalada durante una reunión de la comisión que se desarrolló con la presencia mayoritaria de la oposición, luego de los incidentes registrados en el ingreso de la fábrica ubicada en Florida, partido de Vicente López.
Sobre el hecho, Abal Medina enfatizó: "Fueron desalojados de una planta de alimentos de mi provincia (Buenos Aires), en Vicente López, por cuya situación pedimos explicaciones al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la presentación de su último informe en el Senado". "La falta de esas acciones terminaron en la feroz represión de esta mañana, que repudiamos enérgicamente", agregó.
La solicitud, que además fue apoyada por los senadores Mario Pais, María Teresa González (PJ-FpV) y Magdalena Odarda (CC), fue avalada durante una reunión de la comisión que se desarrolló con la presencia mayoritaria de la oposición, luego de los incidentes registrados en el ingreso de la fábrica ubicada en Florida, partido de Vicente López.
Sobre el hecho, Abal Medina enfatizó: "Fueron desalojados de una planta de alimentos de mi provincia (Buenos Aires), en Vicente López, por cuya situación pedimos explicaciones al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la presentación de su último informe en el Senado". "La falta de esas acciones terminaron en la feroz represión de esta mañana, que repudiamos enérgicamente", agregó.
Fuente: Parlamentario
La bancada del FpV-PJ pidió al vicegobernador Salvador y al procurador Conte Grand auditar el desempeño de la magistrada que actuó en la causa Pepsico.
Los diputados nacionales del FpV-PJ electos por la provincia de Buenos Aires solicitaron al vicegorbernador, Daniel Salvador, y al procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, que investiguen el desempeño de la jueza Andrea Rodríguez Menstasty, quien autorizó el desalojo de Pepsico.
La nota y solicitud fue enviada también al presidente de la Cámara de Diputados bonaerenses, Manuel Mosca, y a la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan.
En el documento, los legisladores denunciaron a la jueza -que vincularon a la alianza Cambiemos- por “no haber accedido a los reiterados llamados de los suscriptos para poder aportar a una solución pacífica del conflicto”, al tiempo que le cuestionaron haber “avalado la orden de desalojo impulsada por el presidente Mauricio Macri y por la gobernadora Maria Eugenia Vidal, quienes dieron lugar al acuerdo preventivo de crisis que dejó en la calle a cientos de trabajadores”, señalaron a través de un comunicado.
El pedido lleva la firma de los diputados y diputadas nacionales María Teresa García, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés Larroque, Carlos Castagneto, Edgardo Depetri, Diana Conti, Rodolfo Tailhade, Francisco Furlan, Adrián Grana, María Fernanda Raverta, Carlos Kunkel, Mayra Mendoza, Rodrigo Rodríguez, María Isabel Guerin, Luis Cigogna, Carlos Julio Moreno y Gustavo Arrieta.
En otro comunicado, el bloque que preside Héctor Recalde pidió al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal que “dejen de amedrentar, que reflexionen y dialoguen con los trabajadores despedidos, en lugar de reprimirlos salvajemente”, a raíz de los incidentes registrados este jueves en la protesta de obreros de Pepsico.
El bloque kirchnerista aclaró que “lo único que hacen los trabajadores es defender su empleo y el sostén familiar”, y advirtieron que “el gobierno de Macri se equivoca si cree que la crisis económica la puede ocultar con represión policial”.
“Macri, por mandato constitucional, debe defender a los trabajadores argentinos sin asumir el rol de gerente de la empresa multinacional, Pepsico, que despidió a 600 trabajadores y que los reemplazó con la importación de sus productos desde Chile”, sostuvieron los diputados.
Por último, señalaron que “no estamos frente a una empresa con problemas económicos”, ya que Pepsico “en el último año obtuvo ganancias por alrededor de 1.800 millones de dólares”.
La nota y solicitud fue enviada también al presidente de la Cámara de Diputados bonaerenses, Manuel Mosca, y a la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan.
En el documento, los legisladores denunciaron a la jueza -que vincularon a la alianza Cambiemos- por “no haber accedido a los reiterados llamados de los suscriptos para poder aportar a una solución pacífica del conflicto”, al tiempo que le cuestionaron haber “avalado la orden de desalojo impulsada por el presidente Mauricio Macri y por la gobernadora Maria Eugenia Vidal, quienes dieron lugar al acuerdo preventivo de crisis que dejó en la calle a cientos de trabajadores”, señalaron a través de un comunicado.
El pedido lleva la firma de los diputados y diputadas nacionales María Teresa García, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés Larroque, Carlos Castagneto, Edgardo Depetri, Diana Conti, Rodolfo Tailhade, Francisco Furlan, Adrián Grana, María Fernanda Raverta, Carlos Kunkel, Mayra Mendoza, Rodrigo Rodríguez, María Isabel Guerin, Luis Cigogna, Carlos Julio Moreno y Gustavo Arrieta.
En otro comunicado, el bloque que preside Héctor Recalde pidió al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal que “dejen de amedrentar, que reflexionen y dialoguen con los trabajadores despedidos, en lugar de reprimirlos salvajemente”, a raíz de los incidentes registrados este jueves en la protesta de obreros de Pepsico.
El bloque kirchnerista aclaró que “lo único que hacen los trabajadores es defender su empleo y el sostén familiar”, y advirtieron que “el gobierno de Macri se equivoca si cree que la crisis económica la puede ocultar con represión policial”.
“Macri, por mandato constitucional, debe defender a los trabajadores argentinos sin asumir el rol de gerente de la empresa multinacional, Pepsico, que despidió a 600 trabajadores y que los reemplazó con la importación de sus productos desde Chile”, sostuvieron los diputados.
Por último, señalaron que “no estamos frente a una empresa con problemas económicos”, ya que Pepsico “en el último año obtuvo ganancias por alrededor de 1.800 millones de dólares”.
Fuente: Parlamentario
“La policía actuó como tiene que actuar”. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reivindicó el desalojo de los trabajadores con palos y gases. Dijo que se cumplió una orden judicial y calificó de “violentos” a los empleados que quedaron en la calle tras el cierre de la fábrica. Reveló que la gobernadora María Eugenia Vidal siguió en todo momento el operativo.
El Gobierno reivindicó el accionar policial contra los despedidos de PepsiCo y justificó la represión. “La policía actuó como tiene que actuar”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y afirmó que la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo todo el tiempo al tanto del operativo de desalojo. Ritondo argumentó que se cumplió una orden judicial y tildó de violentos a los trabajadores que reclamaban por la continuidad de sus fuentes de empleo ante la decisión de la empresa de cerrar la fábrica.
A pesar de que las imágenes mostraron el violento accionar de la Policía Bonaerense y la Gendarmería en el desalojo de los trabajadores despedidos de PepsiCo, Ritondo consideró que los integrantes de esa fuerza que participaron del operativo “fueron respetuosos con la decisión” de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien ordenó sacar a los trabajadores de la fábrica.
“Somos el brazo de la Justicia y se actuó acorde a los protocolos porque no había armas letales y se avisó con tiempo para que se desaloje”, dijo el funcionario bonaerense, quien al tiempo que defendió a los policías acusó de violentos a los despedidos. “Recibieron a los efectivos de seguridad con agresiones, tiraron tachos de pintura de 5 litros. Ahí se ve de donde viene la violencia”, añadió Ritondo, quien aseguró que hubo 15 policías heridos.
Los trabajadores que defendían sus puestos de trabajo ante la decisión de PepsiCo de cerrar su planta fueron reprimieron violentamente con palos y gases. En su avance, la policía cargó también con integrantes de organizaciones sociales, políticos e incluso periodistas que daban a cuenta de lo que pasaba en ese lugar.
“Tratamos de hacerlo pacíficamente, lo hicimos de hecho”, declaró, sin embargo, Ritondo en línea con el jefe del operativo que más temprano, en el momento en que los policías arremetían contra los trabajadores, había dicho que “acá nadie le está pegando a nadie”.
En defensa del accionar policial, el ministro de Seguridad bonaerense dijo que fueron “hombres y mujeres personalmente, no móviles los que avanzaron” sobre los trabajadores. “Se avisó pero la resistencia fue a los piedrazos y tirándoles matafuegos”, insistió
Ritondo minimizó aún más la situación de vulnerabilidad que atraviesan los empleados despedidos. “Por lo que tengo entendido, más del 90 por ciento ya había negociado con la empresa y había un grupo reducido que estaba tomando la planta”, manifestó. En ese marco agregó: “Este es un tema laboral y no de seguridad.”
Contra el cuadro que intentó pintar Ritondo, los trabajadores relataron que la infantería “entró rompiendo todo”, con palos y gases lacrimógenos.
Ritondo reveló que Vidal siguió las alternativas de la represión en todo momento. “A la gobernadora son temas que le preocupan, por eso la tuve al tanto desde las primeras horas, ni bien se dictó la orden de desalojo”, relató Ritondo.
Por su parte, el fiscal del, caso Gastón Larramendi, justificó su decisión de iniciar la causa por “usurpación” y “despojo ilegal de una propiedad”. “Había advertido que había un alto riesgo ambiental en el lugar”, argumentó y explicó en esa línea que “las oficinas de la fiscalía están en frente de la planta y yo veía que al lado de los tanques abiertos había gente prendiendo fuego gomas”.
Larramendi no quiso contestar si efectivamente se había pensado en algún momento realizar el desalojo por la noche como habían denunciado algunas organizaciones sociales. “A mí no me gusta penalizar por penalizar”, argumentó y aseguró que “siempre se intentó un diálogo con los abogados, a los que se les dijo que esto tarde o temprano iba a tener que resolverse”.
Por otro lado, el fiscal precisó que tres personas habían sido “demoradas”. “No hay ninguna persona aprehendida además ninguno de los tres eran trabajadores de la empresa, según pudimos comprobar”, afirmó.
Fuente: El Comodorense
trabajadores de Pepsico en la planta que la empresa tiene en Vicente López. De esta manera, agrupaciones sociales, sindicales y dirigentes de la oposición manifestaron su "repudio a la represión" durante el desalojo.
El diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, emitió un comunicado en el que fustigó al Gobierno por ponerse "siempre del lado de la rentabilidad de las empresas" y porque "se desentiende de los problemas de los trabajadores", y afirmó que el presidente Mauricio Macri "claramente actúa como un empresario".
Como era de esperarse, las repercusiones se hicieron sentir en las redes sociales. Con el hashtag #MacriReprimePepsico, la red social también fue utilizada por el ex legislador y precandidato a diputado por Santa Fe, Agustín Rossi quien expresó: "Piden por sus puestos de trabajo y el gobierno responde con gases y represión. Repudio total. Solidaridad con lxs trabajadoxs de PepsiCo".
El legislador porteño por el FpV, Pablo Ferreyra utilizó el hashtag #AsíNoSePuedeSeguir para señalar "una vez más, el gobierno reprime a trabajadores", en tanto la diputada nacional del mismo espacio, Juliana Di Tullio escribió: "Reprimen hombre y mujeres que se quedaron sin trabajo., Entendés? No tienen alma".
La precandidata a diputada por Unidad Ciudadana y nieta restituida Victoria Montenegro tuiteó: "La única respuesta del gobierno a la necesidad de 600 trabajadores que están quedando en la calle. Gases, represión y violencia".
"Macri promueve los despidos y la gobernadora Vidal reprime. Los trabajadores de PEPSICO resisten.Esta es la fotografia de la Argentina de hoy", tuiteó el dirigente radical Leopoldo Moreau.
El senador de Proyecto Sur, Fernando Solanas exhortó al presidente Mauricio Macri: "No va más bastardear a los trabajadores, señor @mauriciomacri. Basta de despidos y de complicidades irresponsables".
Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la candidata a diputada nacional por la primera sección electoral, Laura Russo, fustigaron el accionar policial.
"Es terrible y desdeñable la represión a los trabajadores de Pepsico por parte de un gobierno insensible a las demandas del pueblo", dijo Sujarchuk. En tanto que Russo, afirmó: "Familias que se quedan sin trabajo y sin sustento económico para darle de comer a sus hijos reclaman pacíficamente que los escuchen. A ese pedido el gobierno nacional y provincial le responde con represión".
El diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, emitió un comunicado en el que fustigó al Gobierno por ponerse "siempre del lado de la rentabilidad de las empresas" y porque "se desentiende de los problemas de los trabajadores", y afirmó que el presidente Mauricio Macri "claramente actúa como un empresario".
Como era de esperarse, las repercusiones se hicieron sentir en las redes sociales. Con el hashtag #MacriReprimePepsico, la red social también fue utilizada por el ex legislador y precandidato a diputado por Santa Fe, Agustín Rossi quien expresó: "Piden por sus puestos de trabajo y el gobierno responde con gases y represión. Repudio total. Solidaridad con lxs trabajadoxs de PepsiCo".
El legislador porteño por el FpV, Pablo Ferreyra utilizó el hashtag #AsíNoSePuedeSeguir para señalar "una vez más, el gobierno reprime a trabajadores", en tanto la diputada nacional del mismo espacio, Juliana Di Tullio escribió: "Reprimen hombre y mujeres que se quedaron sin trabajo., Entendés? No tienen alma".
La precandidata a diputada por Unidad Ciudadana y nieta restituida Victoria Montenegro tuiteó: "La única respuesta del gobierno a la necesidad de 600 trabajadores que están quedando en la calle. Gases, represión y violencia".
"Macri promueve los despidos y la gobernadora Vidal reprime. Los trabajadores de PEPSICO resisten.Esta es la fotografia de la Argentina de hoy", tuiteó el dirigente radical Leopoldo Moreau.
El senador de Proyecto Sur, Fernando Solanas exhortó al presidente Mauricio Macri: "No va más bastardear a los trabajadores, señor @mauriciomacri. Basta de despidos y de complicidades irresponsables".
Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la candidata a diputada nacional por la primera sección electoral, Laura Russo, fustigaron el accionar policial.
"Es terrible y desdeñable la represión a los trabajadores de Pepsico por parte de un gobierno insensible a las demandas del pueblo", dijo Sujarchuk. En tanto que Russo, afirmó: "Familias que se quedan sin trabajo y sin sustento económico para darle de comer a sus hijos reclaman pacíficamente que los escuchen. A ese pedido el gobierno nacional y provincial le responde con represión".
Fuente: Ámbito
Por Gustavo López
Volvió el Estado gendarme, armado para defender los intereses del capital y reprimir con dureza los reclamos de los trabajadores.
Ya no hay un Estado liberal-democrático que medie en el conflicto entre las partes y mucho menos aún, un Estado protector y de bienestar que proteja a los más débiles. Hoy, el gobierno de Macri reinstauró al Estado oligárquico anterior no sólo a Perón, sino a Yrigoyen.
La foto es PepsiCo, pero podría ser cualquier instantánea que se tome por cada rincón del país.
Una fábrica que decide cerrar, que lo comunica de un día para otro a sus 600 trabajadores que quedan en la calle, sin indemnización ni cobertura. Cada trabajador, con su familia, sin posibilidades inmediatas de sobrevivir, mientras la empresa se declara en crisis, importa alimentos desde Chile y amplía su planta en otra ciudad.
El Estado nacional a través del gobierno, mira para otro lado. No hay conciliación obligatoria ni negociación, ni planteo de soluciones provisorias ni cooperativización. La única respuesta es mandar a la infantería y a la gendarmería a reprimir.
¿Por qué? Porque sólo rige el derecho a la propiedad. No rige el derecho al trabajo, ni al salario, ni a condiciones dignas de labor, ni derecho de huelga o de libre expresión de las ideas. Es el Estado Gendarme, el Estado que protege a los poderosos y que castiga a los débiles.
La troica formada por el capital concentrado transnacional, los medios monopólicos y un sector del poder judicial, avanzan con las reformas regresivas y la persecución a los líderes populares. En la misma semana que Brasil deroga la legislación laboral de 1943 para volver al estado esclavista, con jornadas de 12 horas de trabajo, condena a Lula con la idea de quitarle la posibilidad de ser candidato en 2018.
Nos costó mucho recuperar la democracia, que no sólo implica votar sin proscripciones (lo mínimo y elemental), sino que significa y resignifica un Estado de derecho pleno, donde todos tengan las mismas oportunidades, con justicia y en libertad.
Le decimos no a la violencia y le decimos si a los derechos de todos, en condiciones de igualdad.
La lucha se da en todos lados, en la calle cuando es necesario, en una escuela, el la verdulería o en el bar.
Así no se puede seguir, en agosto y en octubre hay que poner un freno a tanto retroceso que nos llena de vergüenza y de dolor. Tenemos la herramienta basada en la soberanía popular, el voto. Transformá tu resignación en esperanza, tu bronca en decisión, salgamos a la calle a convencer, persuadir, explicar, porque contamos con algo que ellos no tienen, la razón y no lo podemos desaprovechar.
La elección es crucial. O se consolida un modelo de ricos para ricos, o ponemos un freno y desde allí, reconstruimos la esperanza.
Por una Democracia para siempre y una Patria para todos.
Fuente: Pagina 12
“Debe pasar a manos del Estado”, sostuvo Juan Carlos Giordano, que presentó un proyecto en ese sentido para entregarle la gestión y administración a los trabajadores.
El diputado nacional Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, repudio el desalojo de los trabajadores de PepsiCo y presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados pidiendo la estatización de esa planta, “para terminar con los atropellos patronales”.
Giordano señaló que “PepsiCo debe ser estatizada para que vuelva a funcionar bajo gestión y administración de sus trabajadores. Si la patronal se quiere ir, que se vaya, pero la planta debe volver a producir para seguir dando trabajo”.
“Esto es lo que dice nuestro proyecto de ley que presentamos la semana pasada en el Congreso. No puede ser que una multinacional con ganancias siderales como PepsiCo cierre la planta y con la venia de Macri, su justicia y los dirigentes sindicales vendidos como Daer y la CGT dejen en la calle impunemente a 600 familias. El desalojo violento -como si los trabajadores fueran delincuentes- demuestra hasta dónde puede llegar este gobierno y la justicia para salvar las ganancias capitalistas de esta empresa negrera”.
Giordano se preguntó: “¿Cómo puede ser que el Ministerio de Trabajo avale el concurso preventivo de crisis de esta multinacional yanqui si ha declarado una facturación de 10.000 millones de dólares en 2016? PepsiCo dice que estaba en crisis, pero tenía plata para pagar las indemnizaciones. ¿De qué crisis habla? Lo hizo con el objetivo de tomar a otros trabajadores con la mitad del sueldo y más flexibilización”.
Giordano finalizó diciendo que “nuestro proyecto de ley también dispone la prohibición de despidos y suspensiones y la reducción de la jornada laboral con igual salario para que trabajen todos. Medidas por las cuales lucha el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda. Propuestas que vamos a hacer valer también en las elecciones contra los candidatos de Macri y los cómplices del ajuste, como el kirchnerismo o Massa, que dejan pasar estas medidas antiobreras y lo aplican donde gobierna, como en Santa Cruza con Alicia Kirchner. Necesitamos más diputados de izquierda que apoyen las luchas y propongan medidas concretas y de fondo para terminar con el flagelo de la desocupación”.
Giordano señaló que “PepsiCo debe ser estatizada para que vuelva a funcionar bajo gestión y administración de sus trabajadores. Si la patronal se quiere ir, que se vaya, pero la planta debe volver a producir para seguir dando trabajo”.
“Esto es lo que dice nuestro proyecto de ley que presentamos la semana pasada en el Congreso. No puede ser que una multinacional con ganancias siderales como PepsiCo cierre la planta y con la venia de Macri, su justicia y los dirigentes sindicales vendidos como Daer y la CGT dejen en la calle impunemente a 600 familias. El desalojo violento -como si los trabajadores fueran delincuentes- demuestra hasta dónde puede llegar este gobierno y la justicia para salvar las ganancias capitalistas de esta empresa negrera”.
Giordano se preguntó: “¿Cómo puede ser que el Ministerio de Trabajo avale el concurso preventivo de crisis de esta multinacional yanqui si ha declarado una facturación de 10.000 millones de dólares en 2016? PepsiCo dice que estaba en crisis, pero tenía plata para pagar las indemnizaciones. ¿De qué crisis habla? Lo hizo con el objetivo de tomar a otros trabajadores con la mitad del sueldo y más flexibilización”.
Giordano finalizó diciendo que “nuestro proyecto de ley también dispone la prohibición de despidos y suspensiones y la reducción de la jornada laboral con igual salario para que trabajen todos. Medidas por las cuales lucha el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda. Propuestas que vamos a hacer valer también en las elecciones contra los candidatos de Macri y los cómplices del ajuste, como el kirchnerismo o Massa, que dejan pasar estas medidas antiobreras y lo aplican donde gobierna, como en Santa Cruza con Alicia Kirchner. Necesitamos más diputados de izquierda que apoyen las luchas y propongan medidas concretas y de fondo para terminar con el flagelo de la desocupación”.
Fuente: Parlamentario
El empresario fue el más combativo contra la llegada del Fútbol para Todos en 2009. Hoy es uno de los directivos de la empresa que decidió cerrar la planta de Vicente López.
La Policía y Gendarmería reprimieron a los 600 trabajadores despedidos de la planta de Pepsico en Vicente López. La medida fue tomada por la multinacional, supuestamente, para trasladar la producción hacia otra fábrica en Mar del Plata. Detrás de la decisión empresarial hay un viejo conocido.
Se trata de Marcelo Bombau, que obtuvo sus minutos de fama en 2009 como presidente de Torneos y Competencias. En ese momento, el Estado acordó con la AFA que esta rescindiera el contrato de televisación y así naciera el Fútbol para Todos.
En diversas entrevistas de aquel entonces, Bombau sostenía que "lo más democrático es que el que quiera ver fútbol, que lo pague". Eran tiempos de los "goles secuestrados", expresión utilizada por la ex presidenta Cristina Kirchner a las condiciones en las cuales la socia de Clarín se quedaba con el negocio: con partidos codificados y la prohibición de transmitir imágenes de los encuentros hasta el domingo a la noche.
Ahora, Bombau cumple otra función: es gerente suplente de Pepsico. Así figura en un edicto publicado en enero de este año en el Boletín Oficial, en el que se publicitan las nuevas autoridades de la empresa.
Como socio del estudio de abogados MMB, Bombau se presenta como uno de los que está a cargo "de los departamentos de Fusiones y Adquisiciones y Telecomunicaciones y Medios y lidera el departamento de Derecho del Entretenimiento". Allí figura su experiencia en Torneos, en editorial Perfil y en Pepsico "en la adquisición de Dilexis", nombre legal de la empresa que fabrica las galletitas "Tía Maruca".
Fuente: El Destape Web
La ley provincial que declara “servicio esencial” al transporte público de pasajeros comenzó a regir en Córdoba tras su publicación en el Boletín Oficial. Resta su reglamentación. Ataque al corazón del derecho de huelga.
El pasado 14 de junio, la Legislatura unicameral de Córdoba sancionó la ley 10.461, que declara “servicio esencial” al transporte público de pasajeros y a la provisión de agua potable y la energía, luego del paro de 10 días de los choferes del transporte colectivo pasajeros de la capital provincial.
Con 57 votos a favor del oficialismo provincial de Unión por Córdoba, la UCR, el PRO y el Frente Cívico, frente a cinco en contra aportados por el kirchnerismo y Encuentro Vecinal y la ausencia de legisladores de extracción gremial y de la izquierda, la unicameral convirtió en ley la declaración de “servicio esencial” al transporte público de pasajeros, entre otras actividades y dispuso la regulación del derecho de huelga.
La ley que restringe ejercicio del derecho de huelga en estas actividades fue repudiada por una parte de los sindicatos de la provincia agrupados en la Mesa de Enlace de Gremios, las CGT Regional Córdoba y de la sede Rodríguez Peña y las CTA Autónoma y de los Trabajadores.
En su artículo primero, la ley establece restricciones “cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales”, en lo que llama “servicios esenciales”.
En esos casos, dispone que “deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley”.
Además, postula que los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental “quedan expresamente comprendidos entre los referidos en el artículo anterior, a efectos de dar cumplimiento a las garantías mínimas de prestación y de asegurar el goce de los derechos constitucionales”, en el marco de “los principios establecidos” por la OIT “receptados por la República Argentina”.
También establece la creación de una comisión técnica, conformada por cinco miembros independientes designados por el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo, que deberá efectuar, “a instancia de la autoridad de aplicación, la calificación excepcional y restrictiva de servicio con prestación mínima garantizada de actividades no enumeradas en la presente ley, en las condiciones que reglamentariamente se determinen”.
La nueva norma establece que, “cumplida la obligación impuesta a las partes en conflicto, en procesos de conciliación o en forma previa a los mismos, y vencido el plazo previsto por la ley vigente para la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, la parte que se propusiere ejercer medidas de acción directa que involucren a los servicios” referidos en esta ley “deberá dar preaviso a la otra parte y a la autoridad de aplicación con cinco días de anticipación a la fecha en que realizará la medida”.
También prevé que si las partes incumplieran obligaciones previstas en la norma, “dentro de los plazos establecidos para ello, o si los servicios mínimos acordados por las mismas fueren insuficientes, o habiéndolas cumplimentado no llegaran a un acuerdo, la autoridad de aplicación, en consulta con la comisión técnica, fijará los servicios mínimos indispensables para asegurar la prestación del servicio”.
“La decisión será notificada a las partes involucradas y en caso de incumplimiento los responsables serán pasibles de aplicación de las sanciones previstas en el artículo 68 bis de la Ley 10.326 (Código de Convivencia Ciudadana) y demás normativa de aplicación”, advierte.
Otro de los puntos salientes de la nueva ley es que “la falta de cumplimiento del deber de trabajar, por parte de las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerado falta grave, y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplicables”.
Fuente: Infogremiales
El Gobierno estaría analizando un plan que incluye 4 mil despidos y el cierre de 800 sucursales del Correo Argentino, en la búsqueda de cumplir sus metas fiscales.
El ajuste en la entidad fue anticipado por el diario “La Nación” que también consignó diferencias que surgieron entre la jefatura de Gabinete y los ministerios de Comunicaciones y Modernización (a cuya órbita pasará el Correo) por el furibundo plan de achique.
El proyecto contemplaría recortar unos 4.000 empleos y cerrar unas 800 sucursales. La reducción estaría enfocada, sobre todo, en las ciudades de menos de 10.000 habitantes.
De acuerdo al matutino, el Correo estima pérdidas por $ 2000 millones para este año y desde la Jefatura de Gabinete sostienen que no existe margen para postergar los recortes.
El Correo paga cada mes, entre otros beneficios sociales, 126.205 jubilaciones y pensiones, 271.154 Asignaciones Universales por Hijo, 300.019 asignaciones familiares, 85.981 planes Progresar y 1072 seguros de desempleo. Estos servicios le exigen tener una infraestructura prácticamente en cada pueblo del país.
Tanto Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones hasta el viernes, como Andrés Ibarra, titular de Modernización, no estarían de acuerdo con los recortes que habría planteado el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, que depende de la jefatura de Gabinete. Sus preocupaciones giran en torno al impacto que podría tener el ajuste a pocas semanas de las elecciones primarias, sumado a las complicaciones de modificar el canal de pago de jubilaciones y planes sociales.
El Correo Argentino se ocupará además de la logística del inminente proceso electoral, que contempla los preparativos de los 14.500 establecimientos de votación y el traslado de las 98.700 urnas.
Uno de los principales cuestionamientos a la gestión del Correo se centraría en los aumentos salariales acordados en mayo: 12% retroactivo a abril, más un 6% en agosto y 5% en enero próximo. Además de una suma fija de $ 8.000 en tres cuotas. Un tercio del déficit proyectado para este año, señala el matutino de acuerdo a cifras oficiales, sería producto de los incrementos convalidados.
Fuente: Infogremiales
La firma química rompió la conciliación obligatoria que regía hasta la semana próxima. Ayer comenzaron a llegar los telegramas y los operarios no pudieron ingresar a la planta. Busca pagar el 50% de las indemnizaciones.
Aunque el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria hasta el 18 de julio, la empresa química Carboclor, radicada en la convulsionada zona de Campana, inició ayer un proceso de despidos masivos.
Los operarios comenzaron a recibir las notificaciones en sus domicilios y luego se les prohibió el ingreso a la planta, por lo que realizaron una protesta en la puerta del establecimiento.
La empresa había presentado un preventivo de crisis, por lo que pretende abonarle sólo el 50% de las indemnizaciones al personal cesanteado, algo que es rechazado de plano por el gremio y los despedidos.
“Hay operarios con 40 años de trabajo en la empresa que ahora se quedan en la calle y encima le quieren pagar la mitad”, le dijeron fuentes gremiales a este portal desde el piquete en los portones de Carboclor.
El achique de personal implica dejar activa sólo la parte de puerto y todos los demás sectores serán cerrados, explicaron.
En el telegrama, la empresa adujo que debía tomar la medida “atento a la grave crisis económica que atraviesa el país y que inexorablemente ha afectado a esta compañía”.
Explicó que pasó de perder 28,3 millones de pesos en 2013 a 265,7 millones en 2016 y 27,3 millones entre enero y marzo pasados.
También se quejó por la suba del 25% en los precios de la materia prima; el elevado costo laboral cercano al 70% y “los cambios en la política legislativa dispuesta por el Ministerio de Energía que afectaron la viabilidad de los productos de la compañía”.
El cierre se suma a la catarata de despidos que tienen lugar en la zona y que encuentran su punto más alto en los más de 1.000 trabajadores que se quedan en la calle por las cesantías en la planta nuclear Atucha
Fuente: Infogremiales
El intendente de Trelew, Adrián Maderna, ayer recibió por primera vez en la Municipalidad a la CGT del Valle que conduce el Camionero Luis Collio, y la integran más de 25 organizaciones sindicales
La entidad le pidió a Maderna medidas concretas que permitan «anticiparse a los conflictos». El intendente respaldó «la defensa genuina de los trabajadores» que viene llevando adelante la nueva conducción.
En el encuentro estuvieron presentes referentes de Viales, Angel Tirso Chiquichano; de Setia, Juan Paris; el concejal de CHST Luis Moraga y representantes de Municipales, Uocra, Supa, los casinos, y Telefónicos entre otros gremios.
Por su parte, Maderna se mostró preocupado por las «bajas» en diversos sectores como el textil, la construcción, y ratificó que «vamos a trabajar de la mano» con los sindicatos para sobrellevar esta crisis.
El intendentente destacó los avances de las obras licitadas con fondos del bono provincial para motorizar el empleo.
«Estamos tratando de aplicar el bono lo más rápido posible, comenzó la red de agua de zona de chacras, de tres vecinales que se licitaron está comenzando una, el cementerio, pavimento y bacheo. El bono lo tenemos que ir equilibrando para seguir generando una continuidad», completó.
El dirigente Collio mencionó que mantendrán reuniones con los intendentes de la comarca para ir resolviendo cuestiones cotidianas. Dejó en claro que «esta CGT tiene las puertas abiertas a todas las organizaciones y además cuenta con plena «legitimidad que consiguió en un plenario histórico».
Con respecto al encuentro con directivos de Quilmes, por ex empleados de Pepsi, Collio fustigó que «no tendría que haber durado más de un minuto y medio. Nos tomaron el pelo. Primero que arreglen las indemnizaciones, y que la empresa tenga un gesto y se pueda seguir usando la maquinaria».
En el encuentro estuvieron presentes referentes de Viales, Angel Tirso Chiquichano; de Setia, Juan Paris; el concejal de CHST Luis Moraga y representantes de Municipales, Uocra, Supa, los casinos, y Telefónicos entre otros gremios.
Por su parte, Maderna se mostró preocupado por las «bajas» en diversos sectores como el textil, la construcción, y ratificó que «vamos a trabajar de la mano» con los sindicatos para sobrellevar esta crisis.
El intendentente destacó los avances de las obras licitadas con fondos del bono provincial para motorizar el empleo.
«Estamos tratando de aplicar el bono lo más rápido posible, comenzó la red de agua de zona de chacras, de tres vecinales que se licitaron está comenzando una, el cementerio, pavimento y bacheo. El bono lo tenemos que ir equilibrando para seguir generando una continuidad», completó.
El dirigente Collio mencionó que mantendrán reuniones con los intendentes de la comarca para ir resolviendo cuestiones cotidianas. Dejó en claro que «esta CGT tiene las puertas abiertas a todas las organizaciones y además cuenta con plena «legitimidad que consiguió en un plenario histórico».
Con respecto al encuentro con directivos de Quilmes, por ex empleados de Pepsi, Collio fustigó que «no tendría que haber durado más de un minuto y medio. Nos tomaron el pelo. Primero que arreglen las indemnizaciones, y que la empresa tenga un gesto y se pueda seguir usando la maquinaria».
Fuente: El Chubut
El secretario general de la CGT del Valle, Luis Collio, envió un fuerte mensaje a los empresarios en tiempos de crisis. «Aquel empresario que está especulando y no respeta los convenios colectivos de trabajo le vamos a dar garrote», sentenció el dirigente de Camioneros de Trelew, quien frente a la repregunta ratificó que no lo dijo en sentido figurado.
«Históricamente Camioneros se manejó así y hacemos respetar nuestro convenio de trabajo», explicó Collio, si bien aclaró que la primera vía siempre es el diálogo.
Del mismo modo, Collio ratificó el apoyo de la CGT a los empresarios que inviertan en la región. «Aquel empresario que tenga serias intenciones de quedarse en la zona a pesar de la crisis que se está viviendo y quiera sostener las fuentes de trabajo, vamos a golpear todas las puertas», aseguró.
Del mismo modo, Collio ratificó el apoyo de la CGT a los empresarios que inviertan en la región. «Aquel empresario que tenga serias intenciones de quedarse en la zona a pesar de la crisis que se está viviendo y quiera sostener las fuentes de trabajo, vamos a golpear todas las puertas», aseguró.
Ya había anunciado que no cobrará la tasa de habilitación a los nuevos locales. Maderna se reunió ayer con la CICECh.
Luego de una reunión de dos horas en la Municipalidad se anunció que Trelew eximirá del cobro de la tasa de habilitación a los nuevos comercios minoristas. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Rubén Villagra, explicó a Radio Ciudad que “el intendente quería conocer en profundidad el proyecto de no cobrar habilitaciones comerciales a los comercios minoristas nuevos”.
Lo que se hará, mediante un trabajo entre municipio y la Cámara, es una reforma en la ordenanza donde se fijará la idea de eximir de la tasa a los nuevos comerciantes y otorgar beneficios o descuentos a los negocios que ya están en funcionamiento.
El secretario de Hacienda de la Municipalidad, Sergio Sardá, señaló que “explicamos que íbamos a enviar un proyecto para ayudar al comercio, eximir por un período de tiempo determinado a los minoristas en el pago de la tasa de la habilitación comercial”.
“Somos conscientes de que un nuevo comercio genera muchos gastos el primer mes con el pago de servicios, alquiler, mercadería y personal es por esto que lo vemos favorecedor”.
Por otra parte, Villagra se refirió a los vendedores ambulantes y manteros que cada vez son más los que se instalan en las calles de Trelew. Reconoció la falta de trabajo y que Trelew no está exenta. “Abogamos para que los planes de la Municipalidad tiendan a desaparecer y que el empleo joven sea un proyecto donde podamos tener personal enseñándole a trabajar y capacitándolo aunque sea a bajo costo”.
Relató que la reunión permitió un rico intercambio de opiniones y apuntó a buscar nuevos mecanismos que permitan incorporar aprendices al comercio local.
Además, tras el anuncio del secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Marcelo Montserrat refiriéndose a las reformas en la calle 9 de Julio para que su circulación vehicular sea doble mano, Villagra comentó que “es un reclamo que hace la Cámara hace tiempo, lo vemos con muy buenos ojos, es una arteria que está muy trabajada, sabemos que mucha gente criticará que se invirtió dinero, pero la 9 de Julio tiene que ser una calle de doble circulación, así que aguardamos a su finalización”.
Lo que se hará, mediante un trabajo entre municipio y la Cámara, es una reforma en la ordenanza donde se fijará la idea de eximir de la tasa a los nuevos comerciantes y otorgar beneficios o descuentos a los negocios que ya están en funcionamiento.
El secretario de Hacienda de la Municipalidad, Sergio Sardá, señaló que “explicamos que íbamos a enviar un proyecto para ayudar al comercio, eximir por un período de tiempo determinado a los minoristas en el pago de la tasa de la habilitación comercial”.
“Somos conscientes de que un nuevo comercio genera muchos gastos el primer mes con el pago de servicios, alquiler, mercadería y personal es por esto que lo vemos favorecedor”.
Por otra parte, Villagra se refirió a los vendedores ambulantes y manteros que cada vez son más los que se instalan en las calles de Trelew. Reconoció la falta de trabajo y que Trelew no está exenta. “Abogamos para que los planes de la Municipalidad tiendan a desaparecer y que el empleo joven sea un proyecto donde podamos tener personal enseñándole a trabajar y capacitándolo aunque sea a bajo costo”.
Relató que la reunión permitió un rico intercambio de opiniones y apuntó a buscar nuevos mecanismos que permitan incorporar aprendices al comercio local.
Además, tras el anuncio del secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Marcelo Montserrat refiriéndose a las reformas en la calle 9 de Julio para que su circulación vehicular sea doble mano, Villagra comentó que “es un reclamo que hace la Cámara hace tiempo, lo vemos con muy buenos ojos, es una arteria que está muy trabajada, sabemos que mucha gente criticará que se invirtió dinero, pero la 9 de Julio tiene que ser una calle de doble circulación, así que aguardamos a su finalización”.
Fuente: Diario Jornada
El ministro coordinador planteó que no hay respuestas de Nación en varios temas, como el caso de los reembolsos patagónicos. Aseguró que existen diferencias en el trato según el color político. Y marcó que, por ejemplo, se adeuda a la provincia un monto de $ 200 millones por la caja jubilatoria.
El ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, habló acerca de cómo quedó la relación con el Gobierno nacional luego de la estrategia montada por Cambiemos para postergar una vez más la sesión en Senadores donde se iba a tratar el rechazo al DNU que eliminó los reembolsos por puertos patagónicos. Lo hizo en A Tiempo, que se emite por FM Tiempo Trelew (91.5).
Gilardino mostró su malestar con Nación y se refirió a cierta “animosidad” y “castigo” hacia Chubut a partir de las posiciones tomadas por el gobernador Mario Das Neves, por ejemplo con la minería y el proyecto para instalar una central nuclear en Sierra Grande, Río Negro.
Contó cómo fue el proceso de negociación hasta llegar a la sesión de ayer en el Senado por los reembolsos. “Lo que hicieron fue una maniobra para dejar sin quórum el recinto, lamentablemente hubo gente y senadores del FpV como Pichetto para que no hubiera quórum, negociación con legisladores de otras provincias y se pasó a Comisión. Hay que tratarlo con más seriedad, primero porque lo sacaron de una manera abrupta, por decreto, quedaron en armar una mesa técnica para reverlo. En el medio hubo reuniones con Frigerio, Peña y no pasó nada. Decían ´Dame 15 días para sentarnos´ y llegamos a la sesión y pasó esto”.
El funcionario provincial aseguró que hace tiempo vienen sin respuestas desde el Gobierno central, en diferentes temáticas.
“La verdad que sin respuestas. No es solo este tema, son varios en los que no tenemos una respuesta y pareciera que hay cierta animosidad contra la provincia. En la última reunión del lunes con Frigerio hicimos el convenio de la Meseta y se habló con el tema de la caja previsional donde somos la única provincia que no transfirió la caja que no recibió un peso de Nación”.
Agregó que “no nos dieron un peso con la excusa de que no tenemos la auditoría hecha. Y Buenos Aires tampoco la tiene hecha y le dieron $ 5.900 millones a la caja el año pasado. Este año hicieron la auditoría acá y como mínimo nos tendrían que dar 200 millones de pesos y no nos giraron un peso. Y a Buenos Aires le giraron 1.000 este año”.
“Capaz que es por las posturas de Das Neves, si hay animosidad que lo digan y listo. Pongamos las cosas arriba de la mesa. Que uno sea crítico no quiere decir que sea contra. Podés ser crítico con políticas de Estado que no son buenas para tu provincia”.
Reiteró Gilardino que “cuando hay que acompañar fuimos y firmamos el acuerdo energético porque era una herramienta para el desarrollo. Con el Acuerdo Minero no lo firmamos porque entendemos que no era favorable para Chubut. O una planta nuclear en Río Negro en el Golfo San Matías donde al lado tenés un Patrimonio de la Humanidad, no me parece tan descabellado. Ahora si por eso te van a castigar. Volveremos a los últimos 12 años donde nos quejamos, y lo hacen con otras formas pero lo hacen. O pensás como yo y hacés todo lo que digo, o te castigo. Nunca fueron claros, y que digan si como Das Neves tiene una postura no le van a dar nada. Pero no te lo dicen, y en los hechos te van castigando”.
Dejó en claro que desde el Gobierno provincial el vínculo con los municipios no está atravesado por el color político. Citó como ejemplo lo que ocurre con Comodoro Rivadavia. “Podés tener afinidad o no con el intendente, pero cuando repartimos nosotros lo hacemos por igual y no dejamos de atender a uno por su color político. El Gobierno y el municipio de Comodoro no comparten el espacio en muchos criterios. Ahora, cuando Comodoro tiene problemas y hay que ayudarlo, estamos todos tirando para el mismo lado”.
Gilardino mostró su malestar con Nación y se refirió a cierta “animosidad” y “castigo” hacia Chubut a partir de las posiciones tomadas por el gobernador Mario Das Neves, por ejemplo con la minería y el proyecto para instalar una central nuclear en Sierra Grande, Río Negro.
Contó cómo fue el proceso de negociación hasta llegar a la sesión de ayer en el Senado por los reembolsos. “Lo que hicieron fue una maniobra para dejar sin quórum el recinto, lamentablemente hubo gente y senadores del FpV como Pichetto para que no hubiera quórum, negociación con legisladores de otras provincias y se pasó a Comisión. Hay que tratarlo con más seriedad, primero porque lo sacaron de una manera abrupta, por decreto, quedaron en armar una mesa técnica para reverlo. En el medio hubo reuniones con Frigerio, Peña y no pasó nada. Decían ´Dame 15 días para sentarnos´ y llegamos a la sesión y pasó esto”.
El funcionario provincial aseguró que hace tiempo vienen sin respuestas desde el Gobierno central, en diferentes temáticas.
“La verdad que sin respuestas. No es solo este tema, son varios en los que no tenemos una respuesta y pareciera que hay cierta animosidad contra la provincia. En la última reunión del lunes con Frigerio hicimos el convenio de la Meseta y se habló con el tema de la caja previsional donde somos la única provincia que no transfirió la caja que no recibió un peso de Nación”.
Agregó que “no nos dieron un peso con la excusa de que no tenemos la auditoría hecha. Y Buenos Aires tampoco la tiene hecha y le dieron $ 5.900 millones a la caja el año pasado. Este año hicieron la auditoría acá y como mínimo nos tendrían que dar 200 millones de pesos y no nos giraron un peso. Y a Buenos Aires le giraron 1.000 este año”.
“Capaz que es por las posturas de Das Neves, si hay animosidad que lo digan y listo. Pongamos las cosas arriba de la mesa. Que uno sea crítico no quiere decir que sea contra. Podés ser crítico con políticas de Estado que no son buenas para tu provincia”.
Reiteró Gilardino que “cuando hay que acompañar fuimos y firmamos el acuerdo energético porque era una herramienta para el desarrollo. Con el Acuerdo Minero no lo firmamos porque entendemos que no era favorable para Chubut. O una planta nuclear en Río Negro en el Golfo San Matías donde al lado tenés un Patrimonio de la Humanidad, no me parece tan descabellado. Ahora si por eso te van a castigar. Volveremos a los últimos 12 años donde nos quejamos, y lo hacen con otras formas pero lo hacen. O pensás como yo y hacés todo lo que digo, o te castigo. Nunca fueron claros, y que digan si como Das Neves tiene una postura no le van a dar nada. Pero no te lo dicen, y en los hechos te van castigando”.
Dejó en claro que desde el Gobierno provincial el vínculo con los municipios no está atravesado por el color político. Citó como ejemplo lo que ocurre con Comodoro Rivadavia. “Podés tener afinidad o no con el intendente, pero cuando repartimos nosotros lo hacemos por igual y no dejamos de atender a uno por su color político. El Gobierno y el municipio de Comodoro no comparten el espacio en muchos criterios. Ahora, cuando Comodoro tiene problemas y hay que ayudarlo, estamos todos tirando para el mismo lado”.
Fuente: Diario Jornada
Los legisladores chubutenses se manifestaron contra la estrategia del Gobierno nacional y gestionarán para que se produzca un nuevo llamado y para habilitar el tratamiento. El vicegobernador también se mostró preocupado por lo ocurrido y aseguró que se está perjudicando a la Patagonia.
El miércoles se realizó la sesión especial, impulsada por la senadora nacional Nancy González entre otros, la cual buscaba tratar el decreto de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri eliminando los reembolsos a puertos patagónicos.
Se suspendió por falta de quórum. El oficialismo aprovechó que las bancas estaban vacías para levantar la sesión sin contemplar los 15 minutos reglamentarios que hay de espera para que los legisladores vuelvan a tomar sus lugares.
Ante la decisión del bloque oficialista, la legisladora chubutense sostuvo que “al gobierno de Macri poco le importamos los habitantes de la Patagonia”, afirmación que ratificó al indicar que “es por eso que les pedimos a los gobernadores y trabajadores patagónicos que nos acompañen en esta lucha”, sostuvo la senadora González.
En consonancia con su postura, la representante chubutense en la cámara Alta comentó que “lo único que estamos solicitando es que nos permitan exportar nuestros productos a través de nuestros puertos para darle trabajo a los vecinos”, manifestó Nancy González y concluyó: “Ya estamos consensuando con el resto de los legisladores para pedir nuevamente una sesión especial y tratar este tema lo antes posible”.
El diputado nacional del Frente para la Victoria por Chubut, Santiago Igon, expresó que desde diciembre del año pasado “estamos pidiendo que este tema sea tratado, lo solicité dos veces en Diputados sin resultados, lo pidieron todos los gobernadores de la región, y cuando logran empezar a tratarlo en el Senado, Cambiemos mediante artilugios legislativos y evidente cobardía evitan el debate frenando la sesión”.
“Cambiemos le está faltando el respeto a todos los patagónicos, de la mano de dos de sus principales socios, que además son patagónicos: Pichetto y Eduardo Costa, alfiles de Macri en la región”.
El diputado nacional Santiago Igon fue contundente respecto a las medidas que el gobierno nacional viene tomando: “Quieren empujar a Chubut y a toda la región al colapso”, y añadió: “La estrategia de Cambiemos y Macri es clara, pretenden achicar nuestras economías, quitarle plata del bolsillo a los chubutenses, desarmar nuestras economías regionales, para que el sostenimiento de Chubut sea exclusivamente tomando deuda”. En el mismo orden, Igon sentenció: “Hay familias que la están pasando muy mal, estamos ante un gobierno que aplaude al empresario que despide y reprime al trabajador que lucha por su puesto de trabajo”.
El vicegobernador Mariano Arcioni indicó que “primero me sorprendió pero después no tanto”, reconoció. Incluyó a esta medida entre las tantas que perjudican la economía de la región y pone en riesgo las fuentes laborales, lamentó el centralismo de Cambiemos y que el ajuste nuevamente se aplique sobre los trabajadores.
“Es otra medida más en detrimento de todos nosotros, no solamente del Chubut sino de toda la Patagonia”, lamentó. “La quita de reembolsos por puertos patagónicos significa para la industria petrolera una pérdida de 80 millones de dólares al año. Eso se ajustará en el trabajador, es muy sencillo. Estamos tratando de defender 900 puestos y esto equivale a casi a una cantidad similar”.
“Estamos muy preocupados por el desempleo. Empresas e industrias de muchos años se fueron y no hubo nada que pudiéramos hacer para retenerlas”, indicó Arcioni.
Se suspendió por falta de quórum. El oficialismo aprovechó que las bancas estaban vacías para levantar la sesión sin contemplar los 15 minutos reglamentarios que hay de espera para que los legisladores vuelvan a tomar sus lugares.
Ante la decisión del bloque oficialista, la legisladora chubutense sostuvo que “al gobierno de Macri poco le importamos los habitantes de la Patagonia”, afirmación que ratificó al indicar que “es por eso que les pedimos a los gobernadores y trabajadores patagónicos que nos acompañen en esta lucha”, sostuvo la senadora González.
En consonancia con su postura, la representante chubutense en la cámara Alta comentó que “lo único que estamos solicitando es que nos permitan exportar nuestros productos a través de nuestros puertos para darle trabajo a los vecinos”, manifestó Nancy González y concluyó: “Ya estamos consensuando con el resto de los legisladores para pedir nuevamente una sesión especial y tratar este tema lo antes posible”.
El diputado nacional del Frente para la Victoria por Chubut, Santiago Igon, expresó que desde diciembre del año pasado “estamos pidiendo que este tema sea tratado, lo solicité dos veces en Diputados sin resultados, lo pidieron todos los gobernadores de la región, y cuando logran empezar a tratarlo en el Senado, Cambiemos mediante artilugios legislativos y evidente cobardía evitan el debate frenando la sesión”.
“Cambiemos le está faltando el respeto a todos los patagónicos, de la mano de dos de sus principales socios, que además son patagónicos: Pichetto y Eduardo Costa, alfiles de Macri en la región”.
El diputado nacional Santiago Igon fue contundente respecto a las medidas que el gobierno nacional viene tomando: “Quieren empujar a Chubut y a toda la región al colapso”, y añadió: “La estrategia de Cambiemos y Macri es clara, pretenden achicar nuestras economías, quitarle plata del bolsillo a los chubutenses, desarmar nuestras economías regionales, para que el sostenimiento de Chubut sea exclusivamente tomando deuda”. En el mismo orden, Igon sentenció: “Hay familias que la están pasando muy mal, estamos ante un gobierno que aplaude al empresario que despide y reprime al trabajador que lucha por su puesto de trabajo”.
El vicegobernador Mariano Arcioni indicó que “primero me sorprendió pero después no tanto”, reconoció. Incluyó a esta medida entre las tantas que perjudican la economía de la región y pone en riesgo las fuentes laborales, lamentó el centralismo de Cambiemos y que el ajuste nuevamente se aplique sobre los trabajadores.
“Es otra medida más en detrimento de todos nosotros, no solamente del Chubut sino de toda la Patagonia”, lamentó. “La quita de reembolsos por puertos patagónicos significa para la industria petrolera una pérdida de 80 millones de dólares al año. Eso se ajustará en el trabajador, es muy sencillo. Estamos tratando de defender 900 puestos y esto equivale a casi a una cantidad similar”.
“Estamos muy preocupados por el desempleo. Empresas e industrias de muchos años se fueron y no hubo nada que pudiéramos hacer para retenerlas”, indicó Arcioni.
Fuente: Diario Jornada
Luego de que la Cámara de Senadores de la Nación no diera quórum para tratar la baja de los reembolsos por puertos patagónicos, el interventor de la Administración Portuaria Puerto Madryn (APPM), Osvaldo Sala, aseguró que fue el Gobierno nacional el que presionó a gobernadores para que esto ocurra.
En diálogo con EL CHUBUT, el ingeniero Sala dijo: «Es una señal de debilidad de la Patagonia, evidentemente refleja la posición nacional sobre nuestra región. En otros tiempos, nuestra región estaba terriblemente potenciada, fuertemente unida, sumado a que había una estrategia en aquéllos tiempos de la política, donde las provincias estábamos unidas y eso nos daba una base de movida. Había una adhesión entre el PJ y la UCR que superaba la división partidaria y defendíamos nuestros intereses. Hoy todo eso ha cambiado y el poder central hace subordinar a más de un gobernador y sus representantes y lleva a situaciones como pudo haber ocurrido ayer en el Senado, donde sus representantes fueron llamados a no dar quórum».
«ES UNA TRISTEZA»
En este difícil contexto, el interventor portuario aseguró que esto habla de un Gobierno nacional «que frente a los comicios que van a venir, está preocupado por las provincias con electores importantes para la próxima composición de la Cámara de Diputados y del Senado. Es una tristeza lo que está pasando, pero tenemos que acostumbrarnos a que esto es lo que está por venir».
El ex intendente madrynense no dudó en manifestar que lo que ocurrió este miércoles en el Senado tiene que ver con la presión de Nación a las provincias y recordó una situación que vivió cuando era senador nacional: «Yo recuerdo que cuando estaba en el Senado hubo una fuerte presión para tratar de reducir el impuesto a los combustibles y al gas, y nosotros con José María Sáez nos juntamos y sumamos a Santa Cruz, a Tierra del Fuego, a Río Negro, a Neuquén y a La Pampa y convocamos a las provincias del norte. Cuando nos quisimos acordar teníamos el 65, el 70 por ciento del Senado y el proyecto no pasó. Ahí se imponían los acuerdos políticos de los gobierno provinciales por encima del mandato del gobierno nacional, de la caja o de lo que fuera».
En este difícil contexto, el interventor portuario aseguró que esto habla de un Gobierno nacional «que frente a los comicios que van a venir, está preocupado por las provincias con electores importantes para la próxima composición de la Cámara de Diputados y del Senado. Es una tristeza lo que está pasando, pero tenemos que acostumbrarnos a que esto es lo que está por venir».
El ex intendente madrynense no dudó en manifestar que lo que ocurrió este miércoles en el Senado tiene que ver con la presión de Nación a las provincias y recordó una situación que vivió cuando era senador nacional: «Yo recuerdo que cuando estaba en el Senado hubo una fuerte presión para tratar de reducir el impuesto a los combustibles y al gas, y nosotros con José María Sáez nos juntamos y sumamos a Santa Cruz, a Tierra del Fuego, a Río Negro, a Neuquén y a La Pampa y convocamos a las provincias del norte. Cuando nos quisimos acordar teníamos el 65, el 70 por ciento del Senado y el proyecto no pasó. Ahí se imponían los acuerdos políticos de los gobierno provinciales por encima del mandato del gobierno nacional, de la caja o de lo que fuera».
TODO DE NACION
Al consultarle si cree que hubo algún tipo de presión por parte de las empresas que se encuentran radicadas en la provincia de Buenos Aires, el interventor de la APPM lo negó y agregó que «es todo presión del Gobierno nacional para defender sus electores y el resultado de los próximos comicios en Buenos Aires, en Córdoba y en las provincias que mandan en la composición de las futuras cámaras». Por otra parte, Sala también descartó que si esta sesión se convocaba luego de las elecciones de octubre hubiera cambiado algo: «Hubiera sido lo mismo, tal vez habría que haberlo hecho inmediatamente después de reiniciado el período de sesiones».
De todas maneras, Osvaldo Sala no puso en duda en ningún momento el trabajo realizado por los representantes chubutenses en el Senado de la Nación, ya que «hay que estar en la Cámara para saber cómo se maneja esto, desde lejos es imposible saber qué es lo que pasa».
Al consultarle si cree que hubo algún tipo de presión por parte de las empresas que se encuentran radicadas en la provincia de Buenos Aires, el interventor de la APPM lo negó y agregó que «es todo presión del Gobierno nacional para defender sus electores y el resultado de los próximos comicios en Buenos Aires, en Córdoba y en las provincias que mandan en la composición de las futuras cámaras». Por otra parte, Sala también descartó que si esta sesión se convocaba luego de las elecciones de octubre hubiera cambiado algo: «Hubiera sido lo mismo, tal vez habría que haberlo hecho inmediatamente después de reiniciado el período de sesiones».
De todas maneras, Osvaldo Sala no puso en duda en ningún momento el trabajo realizado por los representantes chubutenses en el Senado de la Nación, ya que «hay que estar en la Cámara para saber cómo se maneja esto, desde lejos es imposible saber qué es lo que pasa».
DIFERENCIAS
Así las cosas, el panorama portuario de acá en adelante no es de lo mejor, teniendo en cuenta las desventajas económicas que tiene operar por los puertos de la Patagonia: «Los costos en el sur se amplían cada vez más con respecto al norte, esto habla de las diferencias que hay para las próximas radicaciones, cada vez se hace más difícil radicarse en el sur con nuevos proyectos productivos.
Esto habla a las claras de lo difícil que va a ser en el futuro lograr convencer para traer desarrollos productivos para la región». Sala aseguró también que desde el Puerto poco se puede hacer para revertir esta situación: «Cada vez es más difícil bajar costos, cada vez más se nos incrementan considerablemente». Por último, una de las posibilidades que podría mejorar un poco los costos pasa por un proyecto que plantea que desde Nación se hagan cargo de la diferencia salarial por zona patagónica, pero el propio Sala lo ve poco viable: «Yo creo que no hay voluntad de disminuir los costos patagónicos, porque se podría descontar la bonificación por zona desfavorable de Ganancias para que no tenga tanto impacto en las empresas, pero no se ve esa vocación tampoco».
Así las cosas, el panorama portuario de acá en adelante no es de lo mejor, teniendo en cuenta las desventajas económicas que tiene operar por los puertos de la Patagonia: «Los costos en el sur se amplían cada vez más con respecto al norte, esto habla de las diferencias que hay para las próximas radicaciones, cada vez se hace más difícil radicarse en el sur con nuevos proyectos productivos.
Esto habla a las claras de lo difícil que va a ser en el futuro lograr convencer para traer desarrollos productivos para la región». Sala aseguró también que desde el Puerto poco se puede hacer para revertir esta situación: «Cada vez es más difícil bajar costos, cada vez más se nos incrementan considerablemente». Por último, una de las posibilidades que podría mejorar un poco los costos pasa por un proyecto que plantea que desde Nación se hagan cargo de la diferencia salarial por zona patagónica, pero el propio Sala lo ve poco viable: «Yo creo que no hay voluntad de disminuir los costos patagónicos, porque se podría descontar la bonificación por zona desfavorable de Ganancias para que no tenga tanto impacto en las empresas, pero no se ve esa vocación tampoco».
Fuente: El Chubut
Tan solo un día después de la foto conjunta en respaldo a Ruperto Godoy en el Consejo de la Magistratura, en la bancada de Miguel Pichetto se rompió un acuerdo previo para votar un proyecto sobre créditos a beneficiarios de planes sociales. Los entretelones de la sesión que se quedó sin quórum.
Por Carolina Ramos
Las rispideces en el seno del bloque mayoritario en el Senado volvieron a brotar este miércoles con un resultado favorable para Cambiemos, que consiguió evitar una derrota en la votación sobre el DNU que eliminó los reembolsos por exportaciones realizadas desde puertos patagónicos. La sesión se quedó sin quórum cuando al menos diez legisladores del peronismo se levantaron de sus bancas, y fue levantada de manera abrupta por el vicepresidente primero de la Cámara alta, Juan Carlos Marino, quien conducía la sesión.
La tensión en el bloque del PJ-FpV quedó en evidencia a los pocos minutos de iniciada la sesión, donde había sido incluido un proyecto para ampliar los créditos personales otorgados mediante la tarjeta Argenta a los beneficiarios de planes sociales y de pensiones no contributivas. La iniciativa obtuvo dictamen en la mañana en la Comisión de Economía Nacional e Inversión, y, según Pichetto, “había acuerdo” para aprobarla y girarla a Diputados.
“La tarjeta Argenta es un beneficio del gobierno anterior para los jubilados, y si se amplía a la Asignación Universal (por Hijo), es un instrumento correcto. ¿Por qué no vamos a tratar algo que beneficia a los sectores más humildes?”, exhortó el rionegrino en el recinto, cuestionado por la puntana Liliana Negre sobre el supuesto acuerdo del que ella, según comentó, no formó parte.
Pero las objeciones no fueron sólo de afuera. José Mayans, en plena campaña para renovar su banca por la provincia de Formosa, también planteó sus dudas sobre el proyecto. “Tendría que haber venido (Emilio) Basavilbaso a explicar qué están haciendo con la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, arrancó el senador, y denunció en este sentido que “malvendieron acciones de Petrobras en un negocio de 200 millones de dólares”.
“En esta gente yo no confío nada, porque son unos usureros, y dejar a 10 millones de jubilados en manos de esta gente sería vergonzoso”, disparó ante el estupor de Pichetto, quien había llevado adelante las negociaciones para votar el proyecto este miércoles, no sin antes hacer una aclaración: “Está en marcha el proceso electoral. A veces hay senadores, y a veces no hay”.
El oficialismo llegó a la sesión con un aviso de Pichetto: perderían la votación del DNU sobre puertos patagónicos. Sin embargo, Cambiemos aprovechó las diferencias expuestas en el PJ-FpV para estirar el debate, al menos, por un tiempo. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, formuló una moción de orden para devolver el dictamen a comisiones, y fue entonces cuando varios senadores se levantaron de sus bancas y el tablero marcó la falta de quórum. El jefe del bloque mayoritario había salido del recinto. Cuando regresó, ya era tarde: Marino había levantado la sesión.
El PJ-FpV hizo su propia catarsis en el recinto. Pichetto no participó. Tampoco había sido notificado de las objeciones en torno al proyecto del programa Argenta, en particular las de Mayans. “Las discordancias hay que zanjarlas dentro del bloque, no en el recinto”, diría luego a la prensa acreditada, aunque terminaría despejando -al menos, por ahora-, las dudas que se abrieron sobre su futuro en el bloque.
“No podemos omitir que hay actores que están en proceso electoral y resulta difícil lograr niveles de consenso. Es difícil sesionar de esta manera, sin acuerdos parlamentarios. Los compromisos hay que cumplirlos”, reconoció, aunque remarcó: “Más temprano que tarde, al DNU lo vamos a votar”.
Para reforzar la señal de unidad que se vio este martes en torno a la figura de Ruperto Godoy -el bloque respaldó de manera unánime su continuidad en el Consejo de la Magistratura-, el PJ-FpV emitió un comunicado donde direccionó las críticas a Juan Carlos Marino, y denunció “graves irregularidades” para “frustrar” la sesión.
El bloque advirtió sobre un “irregular levantamiento de la sesión decidido por el vicepresidente primero de la Cámara, quien incurrió en gravísimas y reiteradas violaciones reglamentarias al cerrar la lista de oradores, no convocar a la votación a los senadores y no esperar el plazo mínimo reglamentario de 15 minutos para levantar la sesión.
En el comunicado, la bancada también ratificó que “inexorablemente” la declaración de la invalidez del DNU de puertos patagónicos será “el primer tema a tratar en la próxima sesión”, y denunció que tal decreto “constituyó un acto de discriminación para con la región patagónica, al retirársele un beneficio fiscal ya aprobado en el Presupuesto 2017”.
Las rispideces en el seno del bloque mayoritario en el Senado volvieron a brotar este miércoles con un resultado favorable para Cambiemos, que consiguió evitar una derrota en la votación sobre el DNU que eliminó los reembolsos por exportaciones realizadas desde puertos patagónicos. La sesión se quedó sin quórum cuando al menos diez legisladores del peronismo se levantaron de sus bancas, y fue levantada de manera abrupta por el vicepresidente primero de la Cámara alta, Juan Carlos Marino, quien conducía la sesión.
La tensión en el bloque del PJ-FpV quedó en evidencia a los pocos minutos de iniciada la sesión, donde había sido incluido un proyecto para ampliar los créditos personales otorgados mediante la tarjeta Argenta a los beneficiarios de planes sociales y de pensiones no contributivas. La iniciativa obtuvo dictamen en la mañana en la Comisión de Economía Nacional e Inversión, y, según Pichetto, “había acuerdo” para aprobarla y girarla a Diputados.
“La tarjeta Argenta es un beneficio del gobierno anterior para los jubilados, y si se amplía a la Asignación Universal (por Hijo), es un instrumento correcto. ¿Por qué no vamos a tratar algo que beneficia a los sectores más humildes?”, exhortó el rionegrino en el recinto, cuestionado por la puntana Liliana Negre sobre el supuesto acuerdo del que ella, según comentó, no formó parte.
Pero las objeciones no fueron sólo de afuera. José Mayans, en plena campaña para renovar su banca por la provincia de Formosa, también planteó sus dudas sobre el proyecto. “Tendría que haber venido (Emilio) Basavilbaso a explicar qué están haciendo con la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, arrancó el senador, y denunció en este sentido que “malvendieron acciones de Petrobras en un negocio de 200 millones de dólares”.
“En esta gente yo no confío nada, porque son unos usureros, y dejar a 10 millones de jubilados en manos de esta gente sería vergonzoso”, disparó ante el estupor de Pichetto, quien había llevado adelante las negociaciones para votar el proyecto este miércoles, no sin antes hacer una aclaración: “Está en marcha el proceso electoral. A veces hay senadores, y a veces no hay”.
El oficialismo llegó a la sesión con un aviso de Pichetto: perderían la votación del DNU sobre puertos patagónicos. Sin embargo, Cambiemos aprovechó las diferencias expuestas en el PJ-FpV para estirar el debate, al menos, por un tiempo. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, formuló una moción de orden para devolver el dictamen a comisiones, y fue entonces cuando varios senadores se levantaron de sus bancas y el tablero marcó la falta de quórum. El jefe del bloque mayoritario había salido del recinto. Cuando regresó, ya era tarde: Marino había levantado la sesión.
El PJ-FpV hizo su propia catarsis en el recinto. Pichetto no participó. Tampoco había sido notificado de las objeciones en torno al proyecto del programa Argenta, en particular las de Mayans. “Las discordancias hay que zanjarlas dentro del bloque, no en el recinto”, diría luego a la prensa acreditada, aunque terminaría despejando -al menos, por ahora-, las dudas que se abrieron sobre su futuro en el bloque.
“No podemos omitir que hay actores que están en proceso electoral y resulta difícil lograr niveles de consenso. Es difícil sesionar de esta manera, sin acuerdos parlamentarios. Los compromisos hay que cumplirlos”, reconoció, aunque remarcó: “Más temprano que tarde, al DNU lo vamos a votar”.
Para reforzar la señal de unidad que se vio este martes en torno a la figura de Ruperto Godoy -el bloque respaldó de manera unánime su continuidad en el Consejo de la Magistratura-, el PJ-FpV emitió un comunicado donde direccionó las críticas a Juan Carlos Marino, y denunció “graves irregularidades” para “frustrar” la sesión.
El bloque advirtió sobre un “irregular levantamiento de la sesión decidido por el vicepresidente primero de la Cámara, quien incurrió en gravísimas y reiteradas violaciones reglamentarias al cerrar la lista de oradores, no convocar a la votación a los senadores y no esperar el plazo mínimo reglamentario de 15 minutos para levantar la sesión.
En el comunicado, la bancada también ratificó que “inexorablemente” la declaración de la invalidez del DNU de puertos patagónicos será “el primer tema a tratar en la próxima sesión”, y denunció que tal decreto “constituyó un acto de discriminación para con la región patagónica, al retirársele un beneficio fiscal ya aprobado en el Presupuesto 2017”.
Fuente: Parlamentario
Así se refirió el presidente provisional de la Cámara alta a la falta de acuerdo en el bloque mayoritario para aprobar un proyecto de ampliación de los créditos de la tarjeta Argenta.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, acusó al bloque del PJ-FpV, que preside Miguel Pichetto, de “hacer campaña política con los más pobres” en la sesión del Senado, a la hora de la votación de un proyecto del Poder Ejecutivo para ampliar los créditos otorgados mediante la tarjeta Argenta a pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Pichetto había acordado el apoyo de su bloque a la iniciativa, para aprobarla y girarla a la Cámara de Diputados, pero una rebelión interna encabezada por el formoseño José Mayans hizo que finalmente el proyecto volviera a comisiones.
“Lamentamos mucho que se haga campaña política con los más pobres. El Frente para la Victoria está dispuesto a perjudicar a los más necesitados con tal de evitarle un éxito del Gobierno”, denunció Pinedo este jueves en un comunicado.
El macrista remarcó que “este proyecto beneficia a entre 3,5 y 5 millones de personas de los sectores más postergados de la sociedad, que podrían acceder a créditos de hasta 60 mil pesos para los pensionados y 5 mil pesos por hijo a las madres con AUH, a una tasa de interés que es la mitad de las que otorgan los bancos”.
Hasta ahora el préstamo se otorga únicamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que el proyecto busca que el programa Argenta amplíe el alcance de sus préstamos a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de Pensiones no Contributivas (PNC, otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social y abonadas por el organismo previsional) y de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
“Vamos a seguir trabajando para que los usureros no se sigan aprovechando de los más pobres, y que las madres y pensionados puedan acceder a créditos con tasas bajas. El objetivo central es otorgarles un beneficio y liberarlos de estos usureros que llegan a cobrar tasas de hasta el 150% a aquellos que no acceden al sistema bancario. La tasa de interés estipulada en el proyecto es del 22% e irán bajando con la inflación, y las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos”, precisó.
Pinedo aseguró por último que Cambiemos “hará todo lo posible para que el proyecto se vuelva a tratar en la próxima sesión”, que estimó que será “después de las PASO” del 13 de octubre.
Pichetto había acordado el apoyo de su bloque a la iniciativa, para aprobarla y girarla a la Cámara de Diputados, pero una rebelión interna encabezada por el formoseño José Mayans hizo que finalmente el proyecto volviera a comisiones.
“Lamentamos mucho que se haga campaña política con los más pobres. El Frente para la Victoria está dispuesto a perjudicar a los más necesitados con tal de evitarle un éxito del Gobierno”, denunció Pinedo este jueves en un comunicado.
El macrista remarcó que “este proyecto beneficia a entre 3,5 y 5 millones de personas de los sectores más postergados de la sociedad, que podrían acceder a créditos de hasta 60 mil pesos para los pensionados y 5 mil pesos por hijo a las madres con AUH, a una tasa de interés que es la mitad de las que otorgan los bancos”.
Hasta ahora el préstamo se otorga únicamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que el proyecto busca que el programa Argenta amplíe el alcance de sus préstamos a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de Pensiones no Contributivas (PNC, otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social y abonadas por el organismo previsional) y de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
“Vamos a seguir trabajando para que los usureros no se sigan aprovechando de los más pobres, y que las madres y pensionados puedan acceder a créditos con tasas bajas. El objetivo central es otorgarles un beneficio y liberarlos de estos usureros que llegan a cobrar tasas de hasta el 150% a aquellos que no acceden al sistema bancario. La tasa de interés estipulada en el proyecto es del 22% e irán bajando con la inflación, y las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos”, precisó.
Pinedo aseguró por último que Cambiemos “hará todo lo posible para que el proyecto se vuelva a tratar en la próxima sesión”, que estimó que será “después de las PASO” del 13 de octubre.
Fuente: Parlamentario
Son las opciones que se presentarán en el cuarto oscuro. Desde hoy se podrá poner cartelería y realizar actos.
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, firmó las resoluciones de aprobación de las boletas luego de que las juntas electorales de cada uno de los partidos que intervienen en las próximas elecciones PASO, oficializaran los modelos.
El Tribunal Electoral Nacional verificó si cumplen con todos los requisitos que exige la normativa electoral en cuanto a la ubicación de los pre-candidatos, que respete el orden en que fueron oficializadas las listas, el tamaño, color asignado. Hubo una serie de observaciones que tuvieron que ir subsanando la mayoría de las agrupaciones para su aprobación.
En total se oficializaron doce boletas, que serán las que estarán dentro del cuarto oscuro en las elecciones del 13 de agosto. Seis listas corresponden a la agrupación PJ- Frente Para la Victoria, una del PTP, una de Chubut Somos Todos, una del Partido Obrero, una de Cambiemos, una de MST y una del PSA.
Los candidatos según los partidos son los siguientes:
PJ-Frente para la Victoria:
-Héctor González – María Magdalena Cativa.
-Néstor Hourcade – Mabel del Marmol.
-Leandro Moyano – Karina Lirio .
-Ricardo Fueyo – Silvia Pecci.
-Luis Elías – Débora del Valle.
-Miguel Díaz – Ángela Arrieta.
El Tribunal Electoral Nacional verificó si cumplen con todos los requisitos que exige la normativa electoral en cuanto a la ubicación de los pre-candidatos, que respete el orden en que fueron oficializadas las listas, el tamaño, color asignado. Hubo una serie de observaciones que tuvieron que ir subsanando la mayoría de las agrupaciones para su aprobación.
En total se oficializaron doce boletas, que serán las que estarán dentro del cuarto oscuro en las elecciones del 13 de agosto. Seis listas corresponden a la agrupación PJ- Frente Para la Victoria, una del PTP, una de Chubut Somos Todos, una del Partido Obrero, una de Cambiemos, una de MST y una del PSA.
Los candidatos según los partidos son los siguientes:
PJ-Frente para la Victoria:
-Héctor González – María Magdalena Cativa.
-Néstor Hourcade – Mabel del Marmol.
-Leandro Moyano – Karina Lirio .
-Ricardo Fueyo – Silvia Pecci.
-Luis Elías – Débora del Valle.
-Miguel Díaz – Ángela Arrieta.
Partido del Trabajo del Pueblo (PTP):
-María Paula Mamaní – Fernando García.
-María Paula Mamaní – Fernando García.
Chubut Somos Todos:
-Mariano Arcioni – Rosa Muñoz.
-Mariano Arcioni – Rosa Muñoz.
Partido Obrero:
-Gloria Sáez – Sebastián Waigandt.
-Gloria Sáez – Sebastián Waigandt.
Cambiemos:
-Gustavo Menna – Sonia Cavagnini.
-Gustavo Menna – Sonia Cavagnini.
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST):
-Emilse Saavedra – César Antillanca.
-Emilse Saavedra – César Antillanca.
Partido Socialista Auténtico (PSA):
-Anselmo Montes – Lidia Mendoza.
-Anselmo Montes – Lidia Mendoza.
Según el cronograma electoral, hoy comienza la campaña electoral de todas estas agrupaciones. Ya se puede colocar cartelería en las calles e iniciar la actividad proselitista.
Autoridades de mesa
El Tribunal Electoral también se encuentra trabajando en la conformación de las autoridades de mesa. La prosecretaria, Leticia Brun, confirmó que ya se emitieron los telegramas para notificar a las personas seleccionadas que deben cumplir esta función y que es elevado el nivel de recepción que han tenido.
Las capacitaciones para las autoridades de mesa comenzarán el 24 de julio. En Trelew será en el edificio de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco a las 18.
Además se informó que hay una página www.capacitacionelectoral.gob.ar donde el seleccionado para cumplir la función de autoridad, podrá verificar el día, horario y lugar de las capacitaciones en las distintas ciudades en que se organizaron.
En esa página podrán inscribirse para la capacitación en modo presencial o bien hacerla a través de la forma virtual.
Autoridades de mesa
El Tribunal Electoral también se encuentra trabajando en la conformación de las autoridades de mesa. La prosecretaria, Leticia Brun, confirmó que ya se emitieron los telegramas para notificar a las personas seleccionadas que deben cumplir esta función y que es elevado el nivel de recepción que han tenido.
Las capacitaciones para las autoridades de mesa comenzarán el 24 de julio. En Trelew será en el edificio de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco a las 18.
Además se informó que hay una página www.capacitacionelectoral.gob.ar donde el seleccionado para cumplir la función de autoridad, podrá verificar el día, horario y lugar de las capacitaciones en las distintas ciudades en que se organizaron.
En esa página podrán inscribirse para la capacitación en modo presencial o bien hacerla a través de la forma virtual.
Fuente: Diario Jornada
La Cámara Electoral rechazó la presentación de una lista de mujeres
En fallo dividido, la Cámara confirmó el llamativo fallo de primera instancia e impidió la presentación del espacio feminista Ciudad Futura. “Una decisión triste, lamentable y medieval”, la consideró su candidata Caren Tepp.
La Cámara Nacional Electoral sacó ayer una sentencia que dará que hablar porque rechaza la lista de mujeres que presentó Ciudad Futura y consagra –por primera vez– el “cupo masculino” con una tesis que la primera candidata a diputada nacional Caren Tepp consideró “triste, lamentable y medieval”. El fallo salió por mayoría (2 a 1) ante la discrepancia de los dos jueces de la Cámara, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes tuvieron que convocar a un tercer camarista, Martín Irurzun, del fuero penal, que desempató a favor del primero. Así confirmaron la resolución del juez federal Reinaldo Rodríguez, que había impugnado la lista femenina y la obligó a incorporar el 30 por ciento de varones, que aceptaron como “candidatos en rebeldía”, lo que significa que si son electos no asumirán las bancas. Ante el nuevo traspié, Tepp ironizó: “La legalidad es una cuestión de poder y no de justicia. Dejen llegar a las mujeres”.
El fallo escandaliza. Porque mientras el juez Dalla Vía, amonesta y hasta reta a las apelantes por haber presentado una lista de mujeres. “No puede sino generar asombro y rechazo la pretensión de oficializar una lista compuesta por un solo género”, se enojó. Su colega, Santiago Corcuera le pidió que se guarde sus opiniones sexistas y aplique la ley. El cupo femenino es un piso, no un techo, dijo Corcuera. Rechazar la lista femenina “implicaría apartarse del régimen legal aplicable” al caso, pues “es incuestionable que la ley 24.012 establecen un trato preferente en favor de uno de los géneros. Esta medida especial no puede considerarse una discriminación a los hombres, aún cuando la nómina de postulantes se integre exclusivamente con mujeres”.
El voto de minoría de Corcuera es aún más crítico. Exigir un “cupo masculino” significa que “la existencia misma de las leyes que regulan la participación política de las mujeres carecerían de todo sentido y supondría la paradoja de que una norma sancionada en su favor se aplicaría en su perjuicio”.
Uno de los ejes del debate era si la lista de mujeres es constitucional. Dalla Vía dijo que no. Y Corcuera, que sí. El fallo tiene 41 páginas. Y en más de 20, Dalla Vía enumeró abundantes citas de tribunales de España y Estados Unidos. “El artículo 37 de la Constitución Nacional garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas en la regulación de las agrupaciones políticas y en el régimen electoral”, recordó. Por lo tanto, “no requiere ningún esfuerzo (...) advertir el contrasentido que significaría suponer que la Constitución Nacional exige privar a unos de lo que les concede a otros”.
La Constitución es “clara y terminante”: “igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos y partidarios”. Con esa expresión no se refirió solo a la mujer sino a los representantes de los dos géneros, y mal puede, en la consecución del objetivo o finalidad de resguardar la representación igualitaria, conceder como válida y razonable la conformación de una lista solo integrada por personas de un mismo género –sea hombre o mujer– y mediante el mecanismo de asegurar efectivamente una concreta posibilidad de acceso a los cargos”, agregó Dalla Vía.
La “posibilidad de integrar” una lista de mujeres no está prohibida por el Código Electoral o la ley, pero eso no significa que “esté permitida”, porque “la prohibición surge de la propia Constitución”, agregó Dalla Vía. Y ahí, se despachó contra Ciudad Futura en nombre del “sentido común”. “No puede sino generar asombro y rechazo la pretensión de oficializar una lista compuesta en su totalidad por un solo género”.
En el voto en minoría, Corcuera le dio la razón a las apelantes y sostuvo que la resolución de Rodríguez era “inadmisible” y por lo tanto debía ser revocada. “Para avanzar hacia una sociedad igualitaria entre varones y mujeres es necesario que se comprenda que el punto de partida de unas y otros es asimétrico”. El cupo femenino es un “piso mínimo y no un techo para la participación política de las mujeres”. “La misión de los jueces” es cumplir la ley “sin sustituir al legislador”, planteó Corcuera. Y consideró que la lista de mujeres es constitucional, a la luz del artículo 37 de la CN (“igualdad de oportunidades”) y del 75 (“acciones positivas”).
Las normas tienen “su razón de ser en la necesidad de equiparar la desigualdad que históricamente han sobrellevado las mujeres en cuanto a la diferencia de oportunidades políticas, mediante un trato preferencial que nuestro ordenamiento legal reguló estableciendo una cuota de género a su favor”.
En consecuencia, a juicio de Corcuera, “ese marco normativo no puede ser aplicado lisa y llanamente” a los varones que no están en “una condición real de inferioridad”. Concluir lo contrario, “importaría burlar el espíritu y la finalidad de las normas que rigen la participación femenina en la integración de las listas de precandidatos”.
Fuente: Pagina 12
La compañía firmó ayer el acuerdo con el Gobierno provincial. Es una buena señal para el sector.
El ministro de Coordinación de Gabinete del Chubut, Alberto Gilardino, anunció este jueves en Buenos Aires que la empresa Pan American Energy (PAE) subirá dos nuevos equipos de Workover en la Cuenca del Golfo San Jorge, los cuales les garantizarán estabilidad laboral a 42 trabajadores petroleros de la región.
Gilardino hizo este anuncio tras reunirse con el jefe de Operaciones de PAE, Danny Massacese, y con los líderes de gremiales Jorge “Loma” Ávila (secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut) y José Llugdar (secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral), entre otros dirigentes sindicales y empresariales.
Pan American Energy garantiza la instalación de dos nuevos equipos Workover en la Cuenca del Golfo San Jorge que serán operados por las empresas San Antonio y DLS.
Así PAE se convierte en la operadora que canaliza el 60 del total de la producción de petróleo en la Cuenca. Con 41 equipos de torre en actividad por sobre los 36 existentes en igual período durante el año 2016. Sobre éste indicativo, 12 son específicos de Perforación, 11 de work over -sumando los 2 nuevos- y 15 de pulling. En definitiva durante el primer semestre de 2017 PAE registra más actividad de perforaciónl, más equipos de torre y más pozos activos que en mismo período del año último. Básicamente la actividad se sostuvo en perforación, equipos de torre y procesos activos casi en la misma proporción que en el primer semestre de 2016 sin que se produjeran bajas de equipos y manteniendo la cantidad de equipos afectados.
Desde PAE se destacó el alcance y los términos del acuerdo que reafirma el compromiso con la región: pese al difícil contexto de la industria agravado por los recientes episodios climáticos sufridos en la región.
Del mismo modo, se hizo hincapié en el trabajo conjunto de Jorge Avila y José Llugdar, los dos referentes gremiales, como del sector político que desde la negociacion y el diálogo lograron ratificar el sostenimiento de la producción y la continuidad laboral.
“Para la Cuenca es importante, también para Comodoro y para la provincia del Chubut, ya que esto significa el compromiso que tiene Marcos Bulgheroni (titular de la empresa) con la región, y lo demuestra una vez más no solo con papeles sino con hechos, al sacar estos dos Equipos a trabajar en momentos en que otras operadoras anuncian hasta el cierre de sus yacimientos”, expresó Ávila.
Gilardino hizo este anuncio tras reunirse con el jefe de Operaciones de PAE, Danny Massacese, y con los líderes de gremiales Jorge “Loma” Ávila (secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut) y José Llugdar (secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral), entre otros dirigentes sindicales y empresariales.
Pan American Energy garantiza la instalación de dos nuevos equipos Workover en la Cuenca del Golfo San Jorge que serán operados por las empresas San Antonio y DLS.
Así PAE se convierte en la operadora que canaliza el 60 del total de la producción de petróleo en la Cuenca. Con 41 equipos de torre en actividad por sobre los 36 existentes en igual período durante el año 2016. Sobre éste indicativo, 12 son específicos de Perforación, 11 de work over -sumando los 2 nuevos- y 15 de pulling. En definitiva durante el primer semestre de 2017 PAE registra más actividad de perforaciónl, más equipos de torre y más pozos activos que en mismo período del año último. Básicamente la actividad se sostuvo en perforación, equipos de torre y procesos activos casi en la misma proporción que en el primer semestre de 2016 sin que se produjeran bajas de equipos y manteniendo la cantidad de equipos afectados.
Desde PAE se destacó el alcance y los términos del acuerdo que reafirma el compromiso con la región: pese al difícil contexto de la industria agravado por los recientes episodios climáticos sufridos en la región.
Del mismo modo, se hizo hincapié en el trabajo conjunto de Jorge Avila y José Llugdar, los dos referentes gremiales, como del sector político que desde la negociacion y el diálogo lograron ratificar el sostenimiento de la producción y la continuidad laboral.
“Para la Cuenca es importante, también para Comodoro y para la provincia del Chubut, ya que esto significa el compromiso que tiene Marcos Bulgheroni (titular de la empresa) con la región, y lo demuestra una vez más no solo con papeles sino con hechos, al sacar estos dos Equipos a trabajar en momentos en que otras operadoras anuncian hasta el cierre de sus yacimientos”, expresó Ávila.
Discusiones
Sobre los equipos, detalló que uno es de la empresa San Antonio y otro de la empresa DLS. “Son dos workover que habían sido parados hace un tiempo largo y su gente en algunos casos despedida, otros jubilados y otros más quedaron afuera”.
Dijo que más allá de eso, siguen las discusiones con Tecpetrol y con YPF para ver hacia dónde va la situación de los 225 despidos que tiene San Antonio en carpeta.
“Entre todas las malas que hay, esto es importante porque en Pan American tenemos trece perforadores y sumados estos dos, son 16 los workover y hay once pulling. Son 40 equipos con una sola operadora, y si le sumamos los catorce que tenemos con YPF, los cinco de Capsa y los tres de Sipetrol; estamos pasando los 60 equipos, algo importantísimo para la región y para la Cuenca”, determinó por último “Loma”.
Sobre los equipos, detalló que uno es de la empresa San Antonio y otro de la empresa DLS. “Son dos workover que habían sido parados hace un tiempo largo y su gente en algunos casos despedida, otros jubilados y otros más quedaron afuera”.
Dijo que más allá de eso, siguen las discusiones con Tecpetrol y con YPF para ver hacia dónde va la situación de los 225 despidos que tiene San Antonio en carpeta.
“Entre todas las malas que hay, esto es importante porque en Pan American tenemos trece perforadores y sumados estos dos, son 16 los workover y hay once pulling. Son 40 equipos con una sola operadora, y si le sumamos los catorce que tenemos con YPF, los cinco de Capsa y los tres de Sipetrol; estamos pasando los 60 equipos, algo importantísimo para la región y para la Cuenca”, determinó por último “Loma”.
Fuente: Diario Jornada
Se prevé firmar en los próximos días el respectivo acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). La exploración será en el bloque boliviano Charagua, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.
La petrolera YPF garantizó los recursos para la exploración del bloque boliviano Charagua, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie cercana a las 100.000 hectáreas y recursos estimados de gas natural de aproximadamente 2,7 trillones de pies cúbicos, según confirmó la empresa argentina a la Agencia Télam.
El presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, mantuvieron una discreta reunión en Buenos Aires, la semana pasada, con el ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, tras lo cual se calificó de “excelente” la relación entre ambas naciones, según confirmaron fuentes de la empresa estatal argentina a Télam y lo consignan hoy medios oficiales de Bolivia.
La Argentina cuenta con el país vecino en la ecuación de oferta de gas y “para nosotros es importante entender con claridad el futuro de esa provisión”, aseveró Gutiérrez, según citan los medios periodísticos de Bolivia.
El presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, mantuvieron una discreta reunión en Buenos Aires, la semana pasada, con el ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, tras lo cual se calificó de “excelente” la relación entre ambas naciones, según confirmaron fuentes de la empresa estatal argentina a Télam y lo consignan hoy medios oficiales de Bolivia.
La Argentina cuenta con el país vecino en la ecuación de oferta de gas y “para nosotros es importante entender con claridad el futuro de esa provisión”, aseveró Gutiérrez, según citan los medios periodísticos de Bolivia.
Fuente: Diario Jornada
Su abogado entregó un escrito al fiscal Carlos Rívolo, donde además el diputado pidió profundizar la investigación sobre los trascendidos periodísticos.
El diputado nacional y exministro de Planificación Federal Julio De Vido negó este jueves haber amenazado al Gobierno con dar a conocer cuentas vinculadas a supuestos negocios ilícitos, al responder a la solicitud de un fiscal que inició una investigación preliminar.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que así se expresó De Vido a través de un escrito entregado por sus abogados al fiscal Carlos Rívolo, tras supuestos dichos del exfuncionario en los pasillos del Congreso Nacional.
Pero, además, el exministro se puso “a disposición de la Fiscalía, a fin de colaborar y reclamar que se investigue el origen y fundamento de la nota periodística del diario Clarín”, la que -advirtió- “publicitó un hecho falso dirigido a continuar instalando de manera bochornosa la situación judicial del diputado en la puja de la campaña electoral”, informó su defensa.
“Que el Gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas”, habría asegurado De Vido ante un grupo de legisladores, según la versión de ese matutino porteño días atrás, donde se precisó que se trataba de “las cuentas de Franco Macri con Ricardo Jaime y de Nicolás Caputo con José López”.
De acuerdo a la publicación, el mensaje del exministro se habría producido luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera su desafuero y detención por supuestos negocios con Río Turbio, algo que finalmente fue rechazado por el juez federal Luis Rodríguez.
Tras el artículo periodístico, Rívolo emprendió una investigación preliminar de oficio y envió un pliego de preguntas a De Vido, al que le dio 48 horas para aclarar si había dicho esas palabras y -en caso de que la respuesta fuera afirmativa- aportara las explicaciones correspondientes: finalmente el diputado lo hizo este jueves por escrito.
Puntualmente, el legislador nacional del FPV negó rotundamente que haya dicho esa frase ante un grupo de legisladores y advirtió que el hecho que se le atribuyó fue una operación en su contra para perjudicarlo.
El abogado del exministro, Adrián Maloneay, aclaró además que este expediente “fue iniciado por la Fiscalía con fines de averiguación, pero no constituye ninguna nueva causa, ni se realiza ninguna acusación” en contra de De Vido.
“En este sentido y sin ninguna obligación procesal el diputado se ha puesto a disposición de la Fiscalía, a fin de colaborar y reclamar que se investigue el origen y fundamento de la nota periodística del diario Clarín de fecha 10 de julio de 2017, que publicitó ante todo un hecho falso dirigido a continuar instalando de cualquier manera, en este caso bochornosa, la situación judicial del diputado en la puja de la campaña electoral”, señaló el abogado.
Por lo tanto, luego de negar expresamente haber pronunciado la frase que se le adjudico en la nota del diario Clarín, De Vido “pidió al fiscal que continúe con sus averiguaciones preliminares a fin de identificar a quienes son los autores y cómplices de este tipo de acciones que lo damnifican realizando la denuncia que corresponda”.
Finalmente, el letrado destacó que “son este tipo de maniobras”, las que aseguró que “se vienen realizando desde el ámbito político, con participación del Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de ejercer una indebida presión sobre el fuero federal”, las que fundamentaron la denuncia que Julio De Vido presentó “a fin de que se investigue la comisión de amenazas, tráfico de influencias y abuso de autoridad”.
Ahora, el fiscal Rívolo deberá resolver si da por terminada la investigación preliminar o bien pide iniciar una causa formal, para lo cual podría llamar a testigos, aunque se desconoce quiénes son.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que así se expresó De Vido a través de un escrito entregado por sus abogados al fiscal Carlos Rívolo, tras supuestos dichos del exfuncionario en los pasillos del Congreso Nacional.
Pero, además, el exministro se puso “a disposición de la Fiscalía, a fin de colaborar y reclamar que se investigue el origen y fundamento de la nota periodística del diario Clarín”, la que -advirtió- “publicitó un hecho falso dirigido a continuar instalando de manera bochornosa la situación judicial del diputado en la puja de la campaña electoral”, informó su defensa.
“Que el Gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas”, habría asegurado De Vido ante un grupo de legisladores, según la versión de ese matutino porteño días atrás, donde se precisó que se trataba de “las cuentas de Franco Macri con Ricardo Jaime y de Nicolás Caputo con José López”.
De acuerdo a la publicación, el mensaje del exministro se habría producido luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera su desafuero y detención por supuestos negocios con Río Turbio, algo que finalmente fue rechazado por el juez federal Luis Rodríguez.
Tras el artículo periodístico, Rívolo emprendió una investigación preliminar de oficio y envió un pliego de preguntas a De Vido, al que le dio 48 horas para aclarar si había dicho esas palabras y -en caso de que la respuesta fuera afirmativa- aportara las explicaciones correspondientes: finalmente el diputado lo hizo este jueves por escrito.
Puntualmente, el legislador nacional del FPV negó rotundamente que haya dicho esa frase ante un grupo de legisladores y advirtió que el hecho que se le atribuyó fue una operación en su contra para perjudicarlo.
El abogado del exministro, Adrián Maloneay, aclaró además que este expediente “fue iniciado por la Fiscalía con fines de averiguación, pero no constituye ninguna nueva causa, ni se realiza ninguna acusación” en contra de De Vido.
“En este sentido y sin ninguna obligación procesal el diputado se ha puesto a disposición de la Fiscalía, a fin de colaborar y reclamar que se investigue el origen y fundamento de la nota periodística del diario Clarín de fecha 10 de julio de 2017, que publicitó ante todo un hecho falso dirigido a continuar instalando de cualquier manera, en este caso bochornosa, la situación judicial del diputado en la puja de la campaña electoral”, señaló el abogado.
Por lo tanto, luego de negar expresamente haber pronunciado la frase que se le adjudico en la nota del diario Clarín, De Vido “pidió al fiscal que continúe con sus averiguaciones preliminares a fin de identificar a quienes son los autores y cómplices de este tipo de acciones que lo damnifican realizando la denuncia que corresponda”.
Finalmente, el letrado destacó que “son este tipo de maniobras”, las que aseguró que “se vienen realizando desde el ámbito político, con participación del Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de ejercer una indebida presión sobre el fuero federal”, las que fundamentaron la denuncia que Julio De Vido presentó “a fin de que se investigue la comisión de amenazas, tráfico de influencias y abuso de autoridad”.
Ahora, el fiscal Rívolo deberá resolver si da por terminada la investigación preliminar o bien pide iniciar una causa formal, para lo cual podría llamar a testigos, aunque se desconoce quiénes son.
Fuente: Parlamentario
La legisladora consideró “un honor” que el exministro la haya denunciado y aseguró que “sabe más que Cristina” sobre la corrupción registrada durante los mandatos kirchneristas.
La diputada nacional Elisa Carrió sigue de campaña apuntándole a la corrupción en general y a Julio De Vido en particular. Un día después de haber sido denunciada por el exfuncionario kirchnerista, lo consideró “un honor” y redobló la apuesta contra él: “Hay que expulsarlo por escándalo moral”, dijo en referencia a su condición de habitante de la Cámara baja.
En diálogo con vecinos porteños durante una actividad de campaña, señaló que De Vido “tiene más de 64 imputaciones y procesamientos, él sabe más que Cristina de los robos, así para mí es un honor que este hombre me denuncie”.
Para Carrió, el exministro de Planificación Federal “es el centro de la mafia, él sabe más que Cristina”, y aseguró que “estamos llegando al corazón del saqueo y el corazón del saqueo se llama Julio De Vido, el cajero de Néstor Kirchner”.
Asimismo, en una actividad realizada en la sede del Instituto Hannah Arendt, acompañada por la candidata a diputada nacional Paula Olivetto, ironizó: “Si De Vido no va preso yo me caso con el Gordo Valor".
En diálogo con vecinos porteños durante una actividad de campaña, señaló que De Vido “tiene más de 64 imputaciones y procesamientos, él sabe más que Cristina de los robos, así para mí es un honor que este hombre me denuncie”.
Para Carrió, el exministro de Planificación Federal “es el centro de la mafia, él sabe más que Cristina”, y aseguró que “estamos llegando al corazón del saqueo y el corazón del saqueo se llama Julio De Vido, el cajero de Néstor Kirchner”.
Asimismo, en una actividad realizada en la sede del Instituto Hannah Arendt, acompañada por la candidata a diputada nacional Paula Olivetto, ironizó: “Si De Vido no va preso yo me caso con el Gordo Valor".
Fuente: Parlamentario
La Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social (UFISES) denunció penalmente al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, y otros cuatro funcionarios por supuesto fraude en la compra de deuda de empresas energéticas de Marcelo Mindlin y Jorge Brito. Se trata de las firmas Pampa Energía y Genneia.
La presentación de la Unidad Fiscal fue realizada ante la Cámara Federal y recayó por sorteo, con el número 9655/2017, en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral con intervención del fiscal federal Federico Delgado.
La fiscalía especial que encabeza Gabriel De Vedia pidió que se investigue si Basavilbaso incurrió en los delitos de "abuso de autoridad", "violación de los deberes de funcionario público", "negociaciones incompatibles" y "defraudación por administración fraudulenta".
También fueron denunciados los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Política Económica, Sebastian Galiani, Juan Martín Monge, Subdirector Ejecutivo de Operación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
En la denuncia se pidió que se investiguen supuestas irregularidades en las compras que en enero pasado hizo el FGS de Obligaciones Negociables, o títulos de deuda, de dos empresas energéticas: Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Genneia, en la que participaría Jorge Brito, por alrededor de 540 millones de pesos.
El directorio de la ANSES aprobó aquella operación en marzo pasado pero el acta informativa de esa decisión se publicó recién en junio pasado, según publicó el portal nuestrasvoces.com.ar., de acuerdo a la denuncia.
Según ese portal, Pampa Energía recibió u$s 15 millones y Genneia otros u$s 20 millones. Ambas tienen una calificación que las define como inversiones especulativas. Es decir, el Gobierno puso dinero de la seguridad social (lo que mediática y erróneamente se llama "la plata de los jubilados") en una inversión técnicamente de riesgo.
La presentación de la Unidad Fiscal fue realizada ante la Cámara Federal y recayó por sorteo, con el número 9655/2017, en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral con intervención del fiscal federal Federico Delgado.
La fiscalía especial que encabeza Gabriel De Vedia pidió que se investigue si Basavilbaso incurrió en los delitos de "abuso de autoridad", "violación de los deberes de funcionario público", "negociaciones incompatibles" y "defraudación por administración fraudulenta".
También fueron denunciados los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Política Económica, Sebastian Galiani, Juan Martín Monge, Subdirector Ejecutivo de Operación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
En la denuncia se pidió que se investiguen supuestas irregularidades en las compras que en enero pasado hizo el FGS de Obligaciones Negociables, o títulos de deuda, de dos empresas energéticas: Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Genneia, en la que participaría Jorge Brito, por alrededor de 540 millones de pesos.
El directorio de la ANSES aprobó aquella operación en marzo pasado pero el acta informativa de esa decisión se publicó recién en junio pasado, según publicó el portal nuestrasvoces.com.ar., de acuerdo a la denuncia.
Según ese portal, Pampa Energía recibió u$s 15 millones y Genneia otros u$s 20 millones. Ambas tienen una calificación que las define como inversiones especulativas. Es decir, el Gobierno puso dinero de la seguridad social (lo que mediática y erróneamente se llama "la plata de los jubilados") en una inversión técnicamente de riesgo.
Fuente: Ámbito
A la mayoría se les terminó el saldo y ahora afrontan un escenario con suba de costos y deudas millonarias.
La crisis de la industria avícola tuvo un alto grado de repercusión mediática por el conflicto que se vivió en la firma Rasic Hnos. que comercializa la marca Cresta Roja. Esto permitió que otras empresas salgan del ojo de la tormenta a pesar de atravesar momentos sumamente delicados.
Principio del formulario
Sin embargo, ya a mediados de 2015 La Política Online publicó un artículo en el que se mencionaba que la crisis de Cresta Roja se replicaba en la mayoría de las empresas del sector. Varias de ellas, en ese entonces, comenzaban a emitir cheques sin fondos por cifras millonarias.
En el último año y medio, tras la salida del kirchnerismo, las firmas trataron de acomodarse al nuevo contexto político/económico sobreviviendo gracias a los favores económicos que les otorgó el anterior gobierno que consideraba al sector como un aliado estratégico.
Pero ese saldo positivo se agotó y los que siguen el día a día aseguran que se cortó la cadena de pagos en el sector. Tal es el caso, por ejemplo, de Codepra S.A. (Avicoper), que en las últimas semanas registró un total de 25 cheques rechazados por un monto que asciende a $ 2,49 millones.
Avicoper es una tradicional empresa del rubro con sede en la localidad bonaerense de Pergamino. La firma se dedica a vender huevos frescos a cadenas de supermercados, industrias y mayoristas, según indica un artículo publicado en el sitio especializado valorsoja.com.
La cuestión es que, como era de esperar, la crisis de las empresas avícolas no solamente repercute en el nivel de empleo donde se localizan las plantas, sino también en los productores a quienes las deudas los están empezando a golpear de lleno.
"La crisis avícola general repercute sobre muy fuerte sobre este eslabón de los productores integrados que trabajan con empresas que cierran, no cobran nunca más o si lo hacen será en una mínima expresión de lo que se les adeuda", señaló CRA por medio de un comunicado.
Cabe mencionar que los productores Integrados representan alrededor del 90% de los pollos producidos en todo el país. Sin embargo, y a pesar de este valor relativo, siguen siendo el eslabón más débil de la cadena cobrando un promedio de $ 4,70 por pollo criado.
"Los costos de producción, solo tomando los tres rubros principales (mano de obra, gas y electricidad) sobrepasan holgadamente lo pagado por la industria. En un contexto donde, además, no se midió el impacto del último aumento de las tarifas eléctricas que ronda el 58%", apuntó CRA.
Como sea, en el sector industrial afirman que esperan una especie de "canibalización" del mercado con la salida de dos empresas seriamente comprometidas, repitiendo la historia de la emblemática avícola San Sebastián que cerró en los 90 para descomprimir el frente interno.
En tanto, en los primeros cuatro meses de 2017, la cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras con habilitación de Senasa fueron de 323.197 unidades, una cifra 14,6% inferior a la registrada en el mismo período de 2016.
Los pollos en la era K
En este contexto, cabe destacar que el sector pollero está concentrado en un puñado de 30 firmas nucleadas en el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) que conduce Roberto Domenech, un hombre con muy buenos lazos con el kirchnerismo.
A diferencia del sector ganadero, los empresarios avícolas evitaron los enfrentamientos con el kirchnerismo y comenzaron a trabajar en conjunto en un ambicioso plan que contempló un aumento en la producción, en el consumo interno y en las exportaciones.
El ideólogo de esa estrategia fue Domenech que, lejos de oponerse, acató las reglas que impuso Néstor Kirchner a los sectores productivos y ambos establecieron de palabra un pacto de no agresión que se mantuvo hasta el último día de Cristina en el poder.
El favoritismo que tuvieron tanto Néstor como Cristina Kirchner con este sector fue claro. En el periodo 2007/2010 los frigoríficos avícolas fueron los más beneficiados por el viejo sistema de compensaciones, envuelto en escandalosos casos de corrupción.
Así, las empresas polleras recibieron en subsidios unos $ 2100 millones por parte de la disuelta ONCCA con el propósito de mantener estable la "mesa de los argentinos", mientras los precios internos siguieron aumentando al ritmo de la inflación real.
Pero el sector avícola no solo recibió compensaciones millonarias, sino que también obtuvo subsidios indirectos. De hecho, la intervención al maíz (retenciones + trabas) logró que las firmas adquirieran el grano a un precio muy por debajo del valor real.
Además, la carne aviar casi no tuvo retenciones al contar con un derecho de exportación del 5% y un reintegro del 3,4% (apenas 1,6%). En cambio, a la carne vacuna, el Gobierno anterior le aplicó una retención del 15%.
La alianza entre el presidente de CEPA y el kirchnerismo duro quedó manifiesta cuando, en plena campaña para gobernador bonaerense, Aníbal Fernández presentó en un acto en La Plata a Domenech como su ministro de Asuntos Agrarios de la provincia.
Fuente: La Política Online
Aprobaron la flexibilización laboral en Brasil
El Senado brasileño sancionó la reforma laboral pedida por las grandes empresas e impulsada por el debilitado presidente Michel Temer, que enfrenta una denuncia judicial por corrupción que podría alejarlo del poder en las próximas semanas. La norma va a la par de la enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años.
El Senado de Brasil aprobó hoy el texto base de la resistida reforma del Gobierno de Michel Temer para flexibilizar las leyes laborales, en una accidentada sesión en la Cámara alta. La ley fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención. La Cámara baja ya había dado media sanción al proyecto en abril. Según una reciente encuesta de Datafolha, un 58 por ciento de los brasileños se opone a la reforma.
Un grupo de cinco senadoras intentó frenar la votación al ocupar las sillas de la mesa principal, encabezadas por Gleisi Hoffmann, la nueva líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. El presidente del Senado, Eunicio Oliveira, ordenó suspender entonces la sesión y mandó apagar las luces en la sala, para forzar a las senadoras a despejar la mesa. Éstas permanecieron a oscuras en el hemiciclo y finalmente, tras un largo cuarto intermedio, se continuó con la sesión y los partidos que por ahora apoyan al mandatario surgido del golpe institucional a Dilma aprobaron la ley.
La nueva normativa da valor legal a los acuerdos negociados por sector o empresas aunque no se ajusten a la normativa vigente. Según el Gobiermo, eso permitirá que las vacaciones anuales sean divididas hasta en tres veces y que se pueda negociar la jornada de trabajo y otros acuerdos. Además, introduce la posibilidad de una "jornada intermitente", con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual, regula el trabajo desde el hogar y abre la posibilidad de negociar hasta el horario de almuerzo.
Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostienen que las medidas apuntan a "generar empleos”. La nueva Legislación del Trabajo forma parte de un arsenal de medidas de ajuste, junto a la congelación del gasto público durante veinte años (promulgada el año pasado) y a la reforma del régimen de jubilaciones, en tramitación en la Cámara de Diputados pero trabada por la crisis política.
El debilitado mandatario buscará un respiro con este respaldo, en medio de la discusión en Diputados de su posible suspensión para ser sometido a una investigación por corrupción pasiva. Temer fue denunciado por el procurador general Rodrigo Janot luego de la delación premiada del empresario Joesley Batista, quien grabó al Presidente avalando el pago de sobornos.
Ayer la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja comenzó a tratar la denuncia. El diputado instructor, Sergio Zveiter, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera el propio Temer, concluyó que la acusación debe ser aceptada. Mañana Miércoles los 66 miembros de la comisión comenzarán a debatir la cuestión. Se calcula que unos 40 pertenecen a partidos de la coalición gobernante, aunque algunos de ellos aun no han manifestado en público su rechazo a la denuncia.
Luego se pasará al recinto, donde es necesaria una mayoría de dos tercios (342 diputados) para que el Tribunal Superior de Justicia pueda empezar a investigar al Presidente, que sería suspendido por 180 días. En su respaldo asumiría el conservador Rodrigo Maia, del partido Demócratas -ahora aliado de Temer- y presidente de la Cámara baja. Se trataría del hombre elegido por la elite política y empresarial brasileña para ocupar el lugar del ya insalvable Michel Temer y lograr aprobar la ley de ajuste que se encuentra trabajada en el Congreso: la reforma jubilatoria, que requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores de ambas cámaras por ser de tipo constitucional.
“La razón por la cual nosotros queremos la salida de Temer no es la misma razón por la cual Globo quiere la salida de Temer. Por eso les digo que tenemos que estar atentos ante lo que está pasando en estas horas”, advirtió en estos días Lula frente a la posibilidad de que Maia llegue al Palacio del Planalto.
Fuente: Pagina 12
El ex presidente confirmó su intención de ser precandidato para las elecciones del año próximo y proclamó su inocencia ante la condena a nueve años y medio de prisión.
El ex presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, proclamó este jueves su inocencia, rechazó por "mentirosa" la condena a nueve años y medio de prisión dictada por el juez Sérgio Moro, y se postuló oficialmente como precandidato presidencial para las elecciones del año próximo.
Fuente: Diario Jornada
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