jueves, 7 de septiembre de 2017

Jueves 7 de Septiembre de 2017




En defensa del salario

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia rechazó de plano la intención gubernamental que “planean desde el Poder Legislativo para igualar para abajo los ya hoy alicaídos salarios de los empleados del Estado”. 
“Bajo ningún aspecto vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores consagrados en el convenio colectivo de trabajo. Es inadmisible que la clase política vea los derechos de los trabajadores como desorden. Lo que sí hay que arreglar y prever es el pago en tiempo y forma de los salarios, y desde la política resolver los problemas políticos y económicos que nos permitan a los santacruceños mejorar nuestro ya hoy alicaído nivel de vida”, remarcó Adriano Villagra, secretario gremial para la provincia de Santa Cruz.
“No vamos a permitir que el ajuste que pretende el Gobierno Nacional recaiga sobre las espaldas de los asalariados”, concluyó Villagra. 

Río Turbio 
En lo concerniente a YCRT, el dirigente expresó su preocupación por los incesantes despojos de derechos de los que están siendo objeto los trabajadores de la empresa del Estado Nacional.
Asimismo, el gremio extendió su solidaridad al conjunto de los empleados de YCRT ante los despidos, planes de achique con retiros voluntarios y la total paralización de la obra de la termoeléctrica, que “fuera construida por el Gobierno Nacional de Cristina para consumir el carbón de Río Turbio y dar bienestar a las familias de la Cuenca Carbonífera”, señalaron desde Luz y Fuerza.

Fuente: La Opinión Austral


Se rompió una cámara que recibe los líquidos cloacales de buena parte de la ciudad. Las aguas servidas están a punto de aflorar en la vía pública y habría un grave daño a la salud pública. Usarán plata del bono y advierten que la empresa que repare el daño debe hacerlo muy rápidamente.
En Vucetich y Cannito de Rawson se constató la desaparición de la boca de registro donde confluyen caños con líquidos cloacales de la mitad de Rawson, que se le suma el deterioro de las cañerías de asbesto cemento. La jefa del Servicio Sanitario, Adriana Bec, y el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos recorrieron el lugar porque hay riesgo de daño ambiental ante la inminente llegada del líquido cloacal al pavimento, que podría ceder por el socavamiento.

Bec señaló que “en este lugar hay una boca de registro con un colapso importante porque tiene un ataque de sus paredes, prácticamente no existe la cámara del agujero que tiene”.

La cámara es muy importante porque recibe el 90% de los líquidos de la zona norte. “El caudal que se maneja es muy considerable. Aún no estamos en emergencia porque no existe el desborde pero hay que relocalizarla, construir una nueva boca de registro y vincularla al sistema. Además se debe construir toda la cañería que traslada los líquidos a la estación de bombeo Vucetich”.

Para su construcción se deberá hacer un bypass. “La cañería que viene por Cannito también se debe renovar porque existe una cañería de 400 mm de asbesto cemento que debe estar obsoleta. Hay que tomar una resolución importante y hacerlo a la brevedad posible porque se ve a simple vista cómo está la cámara, y antes que tengamos derrame, debemos hacer la obra necesaria”.

Bec aseguró que si el líquido cloacal aflora en el pavimento, habrá un daño ambiental en la zona. “Los líquidos por ahora están contenidos pero es una bomba de tiempo. La obra tiene su complejidad porque hay mucha napa. La cámara es muy profunda, tiene 5 metros, la empresa que la construya debe tener la capacidad técnica para hacerla. Los costos no los pudimos evaluar porque esto apareció el martes por la tarde”.

El presidente de la empresa, Marcelo Griffiths, indicó que “es una situación crítica porque hay un riesgo altísimo que podamos tener líquidos vertidos en la vía pública; estamos actuando para que no suceda”.

“Las empresas que vienen trabajando en el lugar lo hacen hace 40 días, y no podemos renovar una red troncal que tiene asbesto cemento que está desaparecida, y ahora se suma esta boca de registro en situaciones deplorables. Esto genera que el 50% de la ciudad, que vuelca sus líquidos cloacales acá, colapse y hasta empiece a haber inconvenientes en las cloacas”.

Recalcó que no cualquier empresa se puede hacer cargo de una obra así. “Tenemos que hacer una evaluación preliminar para ver cómo encarar el problema y deberán rápidamente trabajar los ingenieros para delinear estrategias para luego implementar lo material para ejecutar la obra”.

Griffiths sostuvo que el problema no se aborda únicamente desde la Cooperativa. “Invitamos a todos los concejales y, a través del delegado municipal, también al Ejecutivo. Estaremos en contacto con el Ministerio porque esto excede a la Cooperativa. Es un problema serio. Gestionaremos donde sea para evitar tener líquido cloacal en la vía pública: tiene que estar el municipio, los concejales y Provincia dando una mano”.

El Concejo Deliberante de Rawson pidió que se declare la emergencia ambiental en la capital, en vista del colapso de las cloacas centrales. Se aprobó por unanimidad el Proyecto de Comunicación de Cambiemos solicitando a la Municipalidad la emergencia.

El edil Dulio Monti recordó las dificultades con los residuos de la industria pesquera, los problemas hídricos con la Laguna Negra y la última novedad de la necesidad de obras para el sistema cloacal central. Adhirió el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Federico González y la edil Nora Banuera del PJ recalcó la necesidad de que el Ejecutivo responda los pedidos de informes sobre cómo se manejó el tema ambiental.

El secretario de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Federico Ercoli, estuvo ayer con autoridades de la Cooperativa en el lugar de la rotura de la importante cámara, ubicada a 50 metros de la estación de bombeo Vutecich. Dijo que con Griffiths y los técnicos coincidieron en la necesidad de trabajar juntos y rápido para solucionar el problema. Prevén usar fondos del bono.

“Una cámara colapsó por el deterioro de sus más de 60 años. Es la más importante porque las cloacas de media ciudad convergen en este lugar”, explicó Ercoli. “Sí o sí hay que darle una solución rápida porque el sistema cloacal no se puede detener”.

En el lugar “se está haciendo el recambio de las cañerías de asbesto cemento que tienen 80 años. Cuando el último tramo llegó a la cámara para intentar colocar un caño más, se descubre que la cámara también fue víctima del tiempo y fue destruida por la propia erosión de la cloaca”. Allí trabaja la empresa Garbin.

“Tenemos prevista la reconversión de la planta de bombeo y estamos a 50 metros de la cámara rota, con lo cual hay posibilidades de hacer toda la obra junta. La empresa tiene el equipamiento que no tiene el municipio ni cooperativa, tendrá que ejecutar la obra rápidamente porque es una cosa demasiado importante como para perder tiempo”.

Fuente: Diario Jornada

MUNICIPIO Y COOPERATIVA TRABAJAN PARA QUE LOS AUMENTOS IMPACTEN DE MANERA GRADUAL

El secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete de Rawson, Jorge Aleua, se reunió este martes con el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Marcelo Griffiths, con el objetivo de analizar los aumentos que la distribuidora nacional Cammesa le aplicó a la entidad y trabajar para que, según el lineamiento político de la intendenta Rossana Artero, evitar que los incrementos tarifarios excedan las posibilidades de pago de los vecinos.
De la reunión participaron además el delegado municipal en la Cooperativa, Norberto Yauhar, y los asesores letrados tanto de la Municipalidad como de la prestataria, en virtud de la medida cautelar presentada por el municipio para retrotraer el aumento tarifario decidido de manera unilateral por la Cooperativa.
Tras la reunión, Aleua indicó que se coincidió en “el hecho de que existe realmente un incremento importantísimo y de alto impacto derivado de una decisión del Gobierno Nacional por la cual lo que debe paga la Cooperativa a la distribuidora Cammesa pasó de 800.000 pesos en enero de 2016 a casi 9 millones en julio de este año”.

Incremento del mil por ciento
“Nosotros conocemos la situación, que realmente nos excede, pero tenemos que cuidar también el bolsillo de la gente, por eso la medida cautelar solicitada por la intendenta Rossana Artero para que no se haga efectivo el último aumento de tarifas y para que podamos trabajar en alguna adecuación que no golpee una vez más el bolsillo de la gente”, añadió el secretario de Gobierno.
“Ahora tenemos que seguir trabajando para que esta decisión del Gobierno Nacional que resultó muy perjudicial no impacte tanto en la comunidad, y para eso necesitamos de la buena voluntad para trabajar de la Cooperativa y de los propios concejales, que son los que deben avalar los nuevos cuadros tarifarios”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Cooperativa calificó de “positiva” a la reunión. “Se dice que la organización vence al tiempo y en este sentido no podemos trabajar separados. Las discusiones que se plantean tienen que ver con la individualidad de cada una de las instituciones, pero hay temas centrales que tienen que tener la atención de las dos partes”, agregó.
“Hemos comenzado a andar un camino y hemos podido acordar pautas de trabajo inherentes a temas específicos como el tarifario, teniendo en cuenta que desde la Cooperativa hemos tenido un 1.000% de aumento en el costo del consumo de energía que tenemos”, explicó.
Al respecto consideró que “el ministro nacional de Energía, Juan José Aranguren, tiene que responder por cuanto han decidido unilateralmente no escuchar a la gente y hacer que la quita de subsidios que, según habían anunciado iba a ser paulatina, fuera en realidad abrumadora. Tal es así que nos han generado este 1.000% en un año y medio que llevan de gobierno”.

Conflicto y amparo
En este contexto, en relación al próximo proceder reconoció: “Siempre entendimos que, como dice la Carta Orgánica, la Cooperativa solicita, el municipio analiza y el Concejo Deliberante aprueba o no. Este conflicto que se generó con este recurso de amparo dispuesto por la Municipalidad tuvo que ver con el modo no normal de haber aplicado nosotros el aumento. Pero quedó claro que siempre tiene que pasar por el Concejo y es a lo que vamos a apuntar en conjunto en esta nueva etapa”.
No obstante consideró: “Sabemos que hay mucha gente que no tiene gas y tiene que calefaccionarse con energía, conocemos la situación general, y por eso siempre dentro de las charlas están presentes los grupos más vulnerables, para los cuales se podría plantear que la aplicación de los cuadros sea progresiva”.
Al respecto reconoció que la medida cautelar “dice que el aumento de las facturas de este mes no lo cobremos el mes que viene, y lo que ya hemos facturado lo devolvamos paulatinamente”.
Adelantó además que el martes próximo se reunirán con los concejales para que “puedan ser parte de la definición de un nuevo cuadro”. “La coyuntura por el momento es destrabar la situación en sede judicial tras el recurso de amparo. En el conjunto de las dos partes vamos a solicitar que se expida, para saber cómo continuamos porque no podemos esperar 90 días más”, finalizó.

Fuente: Diario de Madryn

Un transformador ubicado en Belgrano y Centenario de Trelew salió ayer de servicio, alrededor de las 17, y por una hora dejó sin enegía a un vasto sector céntrico de la ciudad.
 Personal de guardia de la Cooperativa Eléctrica trabajó en el lugar y una hora mas tarde quedó subsanado el inconveniente. Esta vez, doña Rosa no pudo ver su novela de la tarde.

Fuente: El Chubut

El 15 de septiembre Nación abrirá la inscripción de interesados en invertir en el proyecto de la Meseta Intermedia en Chubut.
El mismo está sujeto a la construcción de un azud y dique Las Piedras. Este a su vez resulta de vital importancia para la regulación de agua en el Virch y el aprovechamiento de lo que hoy se tira al mar que es el 70% de su volumen anual. Sólo con una parte de lo que se desecha puede regarse otro valle completo. 
El ingeniero Esteban Parra es uno de los técnicos que más conoce el plan para irrigar la llamada Meseta Intermedia, y promotor de concretar la construcción del dique Las Piedras. En la actualidad se desempeña como asesor del Ministerio de Infraestructura. En diálogo con FM EL CHUBUT remarcó que «tenemos el proyecto de la Meseta Intermedia en el que se está avanzando con Nación con el proyecto de estaciones de bombeo aguas abajo de Gaiman. Otra posibilidad de estación de bombeo sería aguas abajo de las tomas de agua potable de Trelew».
Por eso, es que la posibilidad de un nuevo dique es independiente del proyecto de la Meseta Intermedia, aunque «la provincia sí necesita avanzar sobre el proyecto del dique compensador Las Piedras, por toda una serie de necesidades del VIRCh, que no es solamente el tema del riego para la meseta», sostuvo Parra.
Explicó que «si se hiciera el dique compensador Las Piedras y el canal derivador para la meseta, si lo que tiene beneficioso es que tiene un dique como complementario del Ameghino y puede traerse el agua por gravedad». Ya los técnicos de la vieja Agua y Energía lo habían planificado como complementario al Dique Ameghino que estaba pensado para la generación hidroeléctrica y que incluso se proyectaba aún mucho más grande. «Sobre el final de la gestión anterior de Mario Das Neves, sí empezamos a avanzar en la posibilidad de un dique compensador mucho más chico que cumpliera el objetivo de permitir cierta libertad de fluctuación en lo que es la erogación diaria del dique Ameghino». Además, contar con ese dique compensador y canal derivador «permitiría una toma única de agua potable». 

CAPACIDAD PARA OTRO VALLE
Por otra parte, el ingeniero Parra descartó los cuestionamientos al proyecto de la Meseta Intermedia por la afectación que podría tener el Virch y el suministro de agua para consumo.
Tomó el ejemplo de lo que ocurre en Mendoza donde toman agua potable un millón y medio de habitantes y se riegan 110 mil hectáreas, contando con el río Mendoza que tiene un volumen anual un poco menor que el río Chubut. Y el embalse de Potrerillos, en Mendoza, permite una regulación estacional menor a 200 hectómetros, mientras que el dique Ameghino permite regular 800 hectómetros. Y en el Virch se están regando 17 mil hectáreas. Por lo tanto, «el potencial que tiene el río Chubut permitiría fácilmente regar 60-65 mil hectáreas», resaltó Parra.
Además, puso de relieve que «en época de sequía, como fue el año pasado, tiramos agua dulce al mar en cerca de 600 hectómetros. Y el riego de la Meseta Intermedia necesita menos de 400».
Hay que remarca que, según los datos con los que cuenta Parra, «el 60 o 70% del volumen anual de lo que trae el río Chubut, va al mar». Y agregó que «el dique Ameghino está erogando en el orden de los 50 metros cúbicos por segundo, y todo eso es agua dulce que se va al mar. Y hoy no la está aprovechando nada, solamente un pequeño porcentaje que es el agua potable», además de lo que es el riego en el Virch.
Esto es lo que se intenta evitar con la construcción del dique compensador Las Piedras que, según la estimación de Parra, implicaría una inversión de alrededor de 60 millones de dólares.
Una obra como esa permitiría un manejo y un mejor aprovechamiento del recurso que ofrece el río Chubut y no existirían cuestiones como las que padecieron las localidades del Valle este año con varias semanas sin abastecimiento por el temporal. 

Fuente: El Chubut

El Concejo Deliberante aprobaría hoy el convenio entre el municipio y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada por el cual la Intendencia cancela la deuda que mantenía con esa entidad por 16.550.000 pesos. El tratamiento del acuerdo, junto con el resto del orden del día, se resolverá esta mañana. Los auxiliares de la Educación, que siguen en retención de servicios, estarán presentes en el Concejo.
El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia resolverá hoy si aprueba, en la sesión que comenzará luego del mediodía, el convenio que el intendente Carlos Linares firmó el 2 de agosto con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), por el cual se prevé cancelar la deuda "histórica" que la intendencia tiene con la entidad por 16.550.082,42 pesos.
El convenio, por el cual se reconoció la deuda anterior al 31 de diciembre de 2016, establece que el monto se cancelará en una cuota de $4 millones, y once consecutivas, iguales y mensuales por 1.140.916, 80 pesos.
Cuando se firmó ese convenio en la sala de reuniones de la cooperativa, el intendente Linares remarcó que a partir de la efectivización del mismo "la Municipalidad no adeudará nada a la SCPL" e indicó que terminar con este tema "le permitirá a la cooperativa tener un ingreso mensual que le dará un alivio importante a su economía. Esperemos que, algún día, provincia haga lo mismo".
Los concejales ayer no trabajaron sobre este convenio, pero se prevé que luego de su firma avanzaron lo suficiente en el criterio que hoy tendrán en el recinto, donde se presupone que el mismo será aprobado por unanimidad.

CON LOS AUXILIARES EN LA BARRA

La sesión se realizará con la presencia de los auxiliares de la Educación que, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ayer estuvieron nuevamente en el Concejo para recordarles a los ediles que el conflicto, con la retención de servicios que se realiza por el reclamo de pase a planta, ya ingresó en su cuarta semana.
Los auxiliares lograron el jueves pasado un compromiso de los ediles de que su reclamo será tratado, aunque sea en hora de preferencia o en una expresión de deseos ya que, al tratarse de un tema provincial, el Concejo no puede obligar al Ejecutivo chubutense ordenar el pase a planta y la mejora salarial de los trabajadores que dependen de su órbita.

Fuente: El Patagónico

El intendente de Corcovado, Ariel Molina, en cuanto a la negociación salarial en paritaria que deberá encarar con los trabajadores y su representación sindical, advirtió que “en el municipio no hay un centavo”, y en ese marco anticipó que habrá conversaciones, pero que realmente no sabe qué aumento de sueldos podrá ofrecer. “Hoy por hoy, la Municipalidad de Corcovado no puede pagar ni la luz ni el gas”.
El jefe comunal remarcó que paga los salarios mes a mes de manera puntual, pero “estamos al límite porque entran 10 pesos, y 10 pesos se gastan en sueldos”, anunciando que con la Asociación de Trabajadores del Estado de Esquel se sentará con los números en la mesa, como hace siempre, porque no oculta nada. “No quiero dar un incremento y que después me hagan paro porque no lo puedo pagar”.

Adelantó el intendente de Corcovado que pedirá a los empleados municipales que esperen, a ver qué pasará con la Provincia también, que viene con problemas financieros, y los municipios dependen de los ingresos por regalías y coparticipación.

Molina estimó que se hará necesaria una reunión de intendentes, porque muchos se ven presionados, otorgan subas salariales que luego no pueden afrontar, y terminan pidiendo plata al Gobierno Provincial, y “después se llevan a todos puestos, porque obligan a que los municipios den el mismo aumento”.

El mandatario municipal también se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado. Señaló que ve en su localidad que algunos vecinos se cuelgan en el pecho un cartel pidiendo por la aparición del joven. “Pero –enfatizó- nunca vi que se pusieran un cartel por la desaparición de Mónica Villagrán”.

Aseguró que siempre está con ganas de trabajar por su comunidad desde el municipio, y espera que el clima permita retomar obras como los cordones cuneta. También destacó la construcción de un espacio para los excombatientes de Malvinas.

Puntualizó que es un salón de usos múltiples, que consta de cocina, baños y un lugar para parrilla, abarcando 135 m2. El objetivo es que los excombatientes se puedan reunir con amigos y sus familias. “Este es un homenaje para ellos, porque a las cosas hay que hacerlas en vida”, subrayó para adelantar que antes de fin de año los trabajos estarán finalizados.

Fuente: Diario Jornada

Mantuvieron un encuentro donde se habló de la situación de los trabajadores que hoy están en el Servicio de Estacionamiento Medido. En la sesión aprobaron varios proyectos.
La sesión del Concejo Deliberante de Rawson comenzó con una hora de retraso, superadas las 11.30 de ayer, toda vez que una columna de trabajadores, delegados y dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado pidieron entrevistarse con los concejales por una situación de incorporación de personal a la Municipalidad.

Fueron recibidos en Presidencia, donde mantuvieron un diálogo que fue calificado por el presidente del cuerpo, Daniel Boillos, como muy educado, acordando revisar la documentación que poseen los concejales. También hablaron de los trabajadores que se desempeñan en el Servicio de Estacionamiento Medido.

Fue aprobado el proyecto de Ordenanza por el que se crea el Programa Municipal “Incentivos al uso de Mano de Obra Local”, impulsado desde la bancada de Chubut Somos Todos por su titular María Laura Nievas, recibiendo el respaldo del cuerpo y la abstención de los ediles del PJ.

Volvió a comisión el proyecto impulsado desde Chubut Somos Todos para que el Poder Ejecutivo Municipal, otorgue un beneficio fiscal a los grandes comercios de la ciudad, que decidan sumarse al sistema que permite que los usuarios extraigan dinero en efectivo al momento de realizar sus compras. La propuesta fue duramente cuestionada por el concejal Sebastián Curtale con argumentos políticos y desde el oficialismo, Federico González propuso dejarlo en suspenso y su vuelta a comisión.

Fue aprobado a pedido del edil Daniel Boillos el proyecto impulsado desde Presidencia Declarando de Interés Cultural y Educativo las charlas sobre el Bicentenario del Cruce de los Andes.

Lo mismo ocurrió en el séptimo punto del orden del día el Proyecto de Comunicación Nº 77/17 por el que vería con agrado que el PEM proceda a gestionar, ante las autoridades del Banco del Chubut S.A., la instalación de un cajero automático en el barrio Parque Gregorio Mayo y en el barrio 490 Viviendas de Rawson, promovido desde la bancada de la U.C.R.

Fuente: Diario Jornada

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado, ante lo duro de las negociaciones de ayer en Buenos Aires con Tecpetrol y el Ministerio de Trabajo de la Nación, decidió aceptar cinco días de conciliación voluntaria por el conflicto, con la intención de encontrar soluciones que hasta el momento aparecen como muy distantes por la intransigente postura empresarial, según un parte de prensa del gremio.
El secretario general, Jorge Ávila, quien indicó que “a Paolo Rocca le viene como anillo al dedo pelearse con los sindicatos. Siempre quieren quedar bien con el Gobierno nacional, que sólo ayuda a otra Cuenca”.

“Fue una reunión durísima que empezó las 10 y terminó casi a las 18 y pudimos darle continuidad a una complicada mesa de diálogo para normalizar esta situación que no le hace bien a nadie”, explicó.

“Es un Ministerio que un 90 por ciento de la presión siempre la pone sobre los trabajadores. En un momento ya no había resoluciones, se insistía con los despidos y con la consecuencia de decir que nosotros hasta acá llegamos y no podemos hacer más”.

Se vivió el momento más tenso del encuentro conciliatorio: “Pasó lo de siempre, que los nervios se consumen cuando uno ve que no hay salida y son difíciles las negociaciones. Estas cosas uno las tiene más afiladas porque viene de un montón de batallas pero hay actores muy jóvenes que están aprendiendo constantemente, y cuesta contener las iras, las broncas por las formas en que los provocan, y encima se ve que nadie hace nada. Pareciera ser que todos los trabajadores somos delincuentes”, lamentó “Loma”.

Ávila explicó que la empresa debe aceptar los cinco días de conciliación voluntaria. De lo contrario sería multada. “Nosotros también estamos obligados a aceptarlo, y esperamos que estos cinco días llamen a la reflexión a todas las partes y podamos realmente encontrar una salida por el bien de la gente porque tampoco se la puede tener con la incertidumbre”.

“Esto tiene que tener un fin, Tecpetrol tiene que entender que no se puede seguir de esta manera y que hay que encontrar una salida a este problema con la gente”.

Al gremio lo acompañó el ministro coordinador, Alberto Gilardino, quien se reunió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al tiempo que el gremio tenía encuentros con otros sectores de la industria “buscando una salida que nos permita por lo menos saber si en estos días que van a seguir discutiendo, se puede tener todo salvaguardado para terminar esta discusión”.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, llamaba permanentemente “para poner todo lo que podamos poner y acordar en los términos que se necesite en estos cinco días que no son saludables para nadie”.

Estuvo además el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y el titular de Trabajo, Jorge Triaca, sumando más actores a los habituales por la importancia para el Gobierno nacional: “Tienen obligación de transmitir algo y ojalá que podamos acercar algún posicionamiento para que Tecpetrol revea algo de lo que está haciendo”.

Por ahora “la solución que propone la empresa son los despidos. Dicen que es la solución en la Cuenca, la única forma en que pueden mantener la actividad. Y si encuentran alguien que la quiera comprar y quedarse, la entregan”.

Hoy a las 16 el Sindicato tiene previsto el encuentro de sus Cuerpos Orgánicos, encuentro de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados, para analizar los pasos a seguir. “Es muy poca la negociación que tenemos ya por hacer. En eso debe ser sincero el Estado en estos cinco días que nos pidió, para ver cómo va a poder mediar con la empresa y encontrar una solución. La situación está así y no podemos tampoco eludirla y perder la oportunidad de que, si Dios nos ayuda, podamos resolverla”.

También se complicó programar la reunión con YPF por el problema de los vuelos. Podría concretarse mañana. “Hemos respetado esta mesa que fue muy conflictiva, de las más duras que hemos tenido en los últimos tiempos. Soportar horas de reuniones y acusaciones de que somos una mafia es muy duro. Por eso vamos a esperar estos cinco días y al plenario que puede anunciar ya un plan de lucha”.

Fuente: Diario Jornada

Instituto del Salario
Luego que en la última sesión tomara estado parlamentario el proyecto del diputado Mazú para crear el Instituto del Salario, que “unifique” criterios salariales en todos los poderes del Estado y Municipios, los gremios y varios diputados salieron al cruce con mayor o menor grado de crítica. Tras la polémica, el propio autor le bajó decibeles y dijo que hoy “no se está tratando”.
Con el número 349/17 el presidente del Bloque del Frente para la Victoria Matías Mazú, junto a sus pares de bloque: Matías Bezi, Víctor Alvarez, Myriam Alonso y Hugo Garay, presentó un proyecto de ley tendiente a crear en ámbito gubernamental el “Instituto del Salario y de Formación de Políticas Públicas”. 
El autor en los fundamentos de la iniciativa, que tomó estado parlamentario en la sesión pasada y pasó a comisiones, hace una suerte de crítica al resultado que tuvo en el impacto de la masa salarial en el Presupuesto Provincial la aplicación de la ley 2.986 de Paritarias, que restableció en Santa Cruz la vigencia de los Convenios Colectivos sectoriales. 
Sostiene que con dicha ley “se intentaron mejorar las condiciones laborales, se incorporaron nuevos deberes, derechos y obligaciones tanto para la parte empleadora como para la parte trabajadora, como asimismo se buscaron mecanismos tendientes a reestructurar los sistemas salariales que regían los distintos regímenes laborales”, y que analizando el resultado “luego de 10 años de vigencia” se encuentra con que “las islas salariales, en vez de reducirse, aumentaron”, y afirma que a partir de las Paritarias, “cada sector gremial logró para sí mejoras sustanciales en su régimen salarial, incrementos que cada vez se tornaron lejos de la verdadera realidad del erario provincial”. 
Según Mazú, esto ocurrió porque hubo una “falta de coordinación y control y la inexistencia de criterios comunes y uniformes para negociar como consecuencia de las numerosas negociaciones colectivas abiertas”, sostuvo.
Calificando eso como un “descontrol”, sostuvo que a dicho descalabro se sumaron también organismos que “construyeron esquemas salariales propios, por fuera de las Paritarias, y que fueron convalidados por el propio Poder Ejecutivo”, poniendo como ejemplo al IDUV, a la CPS, a los Aeronáuticos, el Tribunal de Cuentas, etc. 
Por lo que la intención con la creación de este Instituto, sostiene en los fundamentos el presidente del Bloque del FPV, es “intervenir” en las políticas salariales, “coordinando y estableciendo posiciones homogéneas y fundadas en los antecedentes que posea el ISFPP al momento de la discusión salarial”, con el objetivo final de llegar a largo plazo al criterio de que “a igual trabajo igual remuneración”, eliminando así las llamadas “islas salariales”.

El articulado
En la parte resolutiva, el proyecto de ley califica al Instituto del Salario como un ente autárquico, con capacidad de actuar pública y privadamente, conforme a las misiones y funciones que asigna la presente Ley, que dependerá administrativamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial. Cabe indicar que al ser un ente “autárquico” debería contar con personal y presupuesto propio. 
Plantea que tendrá injerencia en “la determinación de las políticas salariales del Poder Ejecutivo para la totalidad de los funcionarios, niveles intermedios y empleados de la Administración Central, Entes Autárquicos, Entes Descentralizados, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas propiedad del Estado Provincial, Unidades Ejecutoras, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de las Comisiones de Fomento y de las Municipalidades que adhieran”. Además crea un directorio que administre este Instituto de un Presidente y cuatro vocales, con representación de los tres poderes del Estado. 

Gremios en alerta 
Tras hacerse público el tenor del proyecto, los gremios se organizaron en contra del mismo, alertaron que violaba la ley de Paritarias y que era un intento encubierto de derogarlas.
Ayer se reunió la Mesa de Unidad Sindical para unificar criterios de acción ante la posibilidad de que el proyecto avance en su tratamiento legislativo (ver página 6).
Previamente, Juan José Ortega, referente del gremio de Judiciales y de la CTA, sostuvo que el proyecto “avasalla los derechos ya constituidos y sólo busca poner una pata en la cabeza a los trabajadores”, y afirmó que, si bien la intención en sí misma de “eliminar” las islas salariales no es mala, en esta iniciativa “no se contempla la voz de los trabajadores y plantea un directorio formado sólo por la patronal”, pero lo que es fundamental es que crear un organismo “regulador” es innecesario, “porque hay un espacio constituido de debate salarial que es la Paritaria de cada sector”. 
Para Ortega es otro “manotazo de ahogado” más del Gobierno Provincial, que plantea una medida en cierto punto demagógica, “cargando contra el salario de los que más ganan, con intención de cooptar el voto de los menos favorecidos”. 

Disgusto interno
A medida que la polémica por el proyecto fue subiendo temperatura, quien salió al cruce fue el diputado de El Calafate, Jorge Arabel. Afirmó que antes que nada se debe “priorizar la paz social”, y sostuvo que más allá de que existe la necesidad de ordenar el funcionamiento del Estado, “la discusión de este proyecto no está incluida en los temas a tratar este año”. 
“Si bien la iniciativa del diputado Mazú aborda una cuestión que nadie desconoce en esta provincia, creo que debemos ser prudentes a la hora de llevar adelante el debate de cómo hacemos para darle a Santa Cruz un funcionamiento más razonable, más equilibrado y más justo”, señaló Arabel, e insistió en que “es importante escuchar la voz de todos los santacruceños, en un contexto en donde el sector público representa más del 60% de la población económicamente activa”.
Y agregó que hoy todos los esfuerzos deben estar dirigidos a que “prime la paz social en la sociedad santacruceña”.

La oposición
Desde la oposición, uno de los diputados que se expresó fue Alberto Lozano (UCR), quien compartió la mirada gremial sobre el proyecto, señalando que “pícaramente” la iniciativa no fue mandada a la Comisión de Trabajo sino a la de Presupuesto y Hacienda y a Legislación General.
Para Lozano el organismo que se pretende crear “choca contra los gremios y las paritarias”, y consideró que al hablar de las islas salariales, la pretensión es “querer equiparar para abajo y perjudicar así al trabajador que paga las consecuencias de una debacle presupuestaria”. 
Por otra parte, la diputada Gabriela Peralta pidió al FPV que retire el proyecto directamente, iniciativa que “avasalla y avanza sobre los convenios colectivos de trabajo y los derechos de los trabajadores”.
Lamentó que el Gobierno en lugar de convocar a todos los sectores a sus respectivas paritarias, “intente cercenar derechos constitucionales”, reclamando que “los espacios de diálogo” permanezcan abiertos, ya que costó mucho conseguirlos en Santa Cruz. 

Bajar decibeles
Ayer, a través de un comunicado, el diputado Mazú afirmó que “a una buena idea la están transformando en una mala noticia”, e insistió en la necesidad de que el Estado tenga “una organización en lo que respecta a la mayor erogación que tiene el Gobierno -que afecta el 95% del presupuesto- en los tres poderes del Estado, en los municipios y sus entes descentralizados en lo que tiene que ver con la política salarial”.
Mientras resaltó que hoy el proyecto no se está tratando en la Legislatura, planteó que la creación del Instituto no pretende “generar un espacio de definición, sino que servirá para organizar la información que permita definir políticas públicas”, armando una base de datos de los salarios, jubilaciones y pensiones que abone el Estado Provincial, al tiempo de coordinar con los otros poderes “el dictado de cursos, jornadas, seminarios y especializaciones para los funcionarios intermedios y superiores”.

Fuente: La Opinión Austral

La decisión fue tomada en la asamblea realizada en el mediodía de hoy. Ratificaron los reclamos que elevan desde hace semanas a la empresa carbonífera. La medida será por tiempo indeterminado.
Como estaba previsto para hoy, se realizó una asamblea de trabajadores en la boca de Mina 5. Allí los afiliados a ATE realizaron una toma por tiempo indeterminado de la mina, reclamando por los “despidos y la desinversión en la empresa”, conflicto que vienen atravesando desde hace varias semanas en la cuenca carbonífera.  Además, desde el sector sindical reclamaron por la reactivación de la empresa, la terminación y puesta en marcha de la Central Termoeléctrica, la finalización de las obras en Punta Loyola, la reincorporación de los trabajadores despedidos, la estabilidad laboral, el levantamiento de la denuncia de los convenios colectivos y la contemplación de los salarios y las inversiones en el presupuesto 2018 serán los tópicos más importantes de la jornada.
“Desde que asumió esta Intervención, están vaciando cada vez más la empresa. Hay despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas. Ya habíamos anunciado a la empresa que nos encontrábamos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente, y además de esto, organizamos reuniones sectoriales con los compañeros”, mencionó el secretario adjunto de la seccional, Cristian Gordillo.

Tras haberse hecho cargo de la seccional, el referente admitió que “el sindicato no cuenta con dinero, no hay manejo de caja”. Así mismo, señaló: “Tenemos gente trabajando en el aspecto administrativo que hizo un relevamiento en distintos comercios. Se encontraron deudas significativas, pero nada que no se pueda afrontar. Lo que nos complica es el acceso a las cuentas; por un error se envió otro número de cuenta, y eso nos está retrasando”.
La demanda principal de los manifestantes pasa por la reincorporación de los empleados despedidos, tanto aquí como en Buenos Aires; la defensa del convenio colectivo de trabajo y de los puestos de trabajo. Esos son los puntos primordiales que los dirigentes le presentaron a la Intervención mediante un petitorio, aguardando respuestas favorables a cada uno de los planteos. 

Fuente: Tiemposur

El fallo consideró que un empleado accidentado no puede ser obligado a presentarse en las Comisiones Médicas de forma previa a concurrir a los tribunales; lo fundamentó porque los galenos son empleados de las aseguradoras.
La norma 27.348 obliga al personal accidentado o con enfermedades profesionales a aguardar el dictamen de la Comisión Médica para asistir a tribunales, pero algunos jueces laborales hicieron lugar a un amparo para que se declarase la ilegalidad del registro de accidentes de trabajo, en el que debían consignarse los datos de los abogados que reclamaban la inconstitucionalidad de esa norma.
El juzgado del trabajo número 42 consideró que el paso obligatorio por las Comisiones Médicas (instancia administrativa) viola el principio de ‘acceso a la justicia’; desestimó su competencia previa y habilitó el trámite directo de los tribunales laborales.
Además, el juez Ricardo Hierrezuelo opinó que la Corte Suprema ya se habí­a expedido en cuatro fallos sobre esos temas (Castillo, Venialgo, Marchetti y Obregón) y destacó que no existí­an motivos para apartarse de ese criterio y que una de las crí­ticas posibles a la ley es que reemplazó la competencia de los tribunales laborales para resolver aspectos de reparación de accidentes de trabajo por ‘verdaderos tribunales administrativos’ (comisiones).
“Eso viola las garantías del debido proceso establecido en el artí­culo 18 de la Constitución Nacional”, afirmó Hierrezuelo.
“Los médicos de las Comisiones no tienen estabilidad absoluta, por lo que su actividad se rige por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y, si se suma a ello que el funcionamiento de esas Comisiones es financiado por las propias aseguradoras, su independencia e imparcialidad podrí­a ser cuestionada”, indicó.
El magistrado señaló que los galenos están capacitados para “el diagnóstico y determinación del porcentaje invalidante y para indicar algunas prestaciones no dinerarias”, pero “no pueden decidir la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, porque el nexo causal entre daño y tareas debe ser realizado a través de una actividad intelectual de indagación, prueba y raciocinio vinculada al saber de la ciencia del derecho”.
Los artí­culos 1 y 2 de la Ley 27.348 prevé una instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente y solo se admite la revisión judicial por ví­a recursiva, puntualizó el juez.
Según los abogados laboralistas, el efecto suspensivo de una apelación a la decisión de la Comisión Médica provoca que el empleado deba esperar una resolución judicial para cobrar en lugar de percibir lo determinado por la instancia administrativa.
El magistrado remarcó que “lo que se cuestiona no es la existencia de una instancia administrativa obligatoria, ya existente en el procedimiento laboral desde la Ley 24.635, sino la imposibilidad de habilitar una ví­a judicial plena, amplia y suficiente, ya que las determinaciones de las Comisiones Médicas jurisdiccionales y central solo pueden ser cuestionadas por el limitado camino recursivo, y es insuficiente que haya un patrocinio letrado obligatorio para garantizar el principio del debido proceso”.
Según la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los últimos años hubo un crecimiento exponencial de demandas laborales, ya que de 63 mil en 2012 pasaron a 78 mil en 2014 y a 115 mil dos años después, en tanto son 300 mil los casos acumulados por un total de 5 mil millones de dólares, si se consideran solo las demandas a la espera de sentencias relacionadas con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).
En ese contexto, los expertos alertan sobre el colapso del sistema y la caótica situación que, a diario, sufren los tribunales: en 2016 fueron presentadas unas 100 causas diarias promedio mensuales y por juzgado, es decir, más del doble de lo “asumible”.
El gobierno impulsó entonces un proyecto, aprobado luego con amplio consenso en el Congreso (la norma 27.348) a fin de disminuir los reclamos, en tanto la cartera de Trabajo dictó la Resolución 214, que destinó fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a financiar gastos de las Comisiones Médicas, lo que fue cuestionado por abogados y la CGT.
Aunque los reclamos por ese tipo de accidentes disminuyeron levemente en la ciudad de Buenos Aires, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) sostuvo que la Ley 27.348 del gobierno fue aprobada en febrero de 2017 con amplio apoyo de la oposición, de los empresarios y de las organizaciones sindicales.
Su vigencia depende de que cada provincia adhiera mediante una norma propia para plasmar el alcance de la cobertura y del cálculo de la indemnización para otorgar certidumbre y celeridad, en tanto se incrementaron las indemnizaciones más de un 45 por ciento.
Para la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) la eliminación de la litigiosidad depende de la supresión de varias causas, como el rechazo sistemático de la mayorí­a de las enfermedades laborales (solo el 3 por ciento); la negativa de las ART a cubrir las reagravaciones, las altas médicas apresuradas, las “deplorables” prestaciones “en especie”, la morosidad del trámite administrativo ante las ART y las Comisiones y la falta de prevención-seguridad.

Fuente: Infogremiales

Iniciarán un plan de lucha contra la política del macrismo para el sector. Hablan de flexibilización laboral, asfixia de las empresas estatales y del colapso del sistema de seguridad.
Los Trabajadores Aeronáuticos representados por los cinco gremios UPSA, APA, APTA, UALA y APLA (Técnicos, Pilotos, Personal Aeronáutico, Personal Superior, CallCenter, Oficinas Comerciales y Administrativas de todas las Empresas, etc.), se movilizarán hoy al Teatro de la Ribera en el Barrio de la Boca, para expresar su “plena disconformidad y rechazo a la política aerocomercial implementada por el gobierno nacional, y exigir que sea revertida”.
Para ello los empleados se concentrarán en Ezeiza y Aeroparque desde las 8:30 horas y saldrán campitaneados por los integrantes de las Comisiones Directivas de todos esos sindicatos.
Los gremios darán inicio así a un plan de lucha que contra, lo que consideran, “una política, que asfixia financieramente a las empresas que ya están operando en el país, mientras les cercena desmesuradamente sus ingresos abriendo nuestro mercado aerocomercial en forma indiscriminada a numerosos nuevos explotadores a los que les otorga cientos de nuevas rutas, la mayoría superpuestas con las operadas por Empresas Nacionales”.
Además, las cinco organizaciones advirtieron, en un comunicado conjunto, que la expansión de la actividad aérea “no podrá ser soportada por nuestro colapsado sistema de seguridad operacional de tráfico y control aéreo”.
“Esos nuevos empresarios aerocomerciales tampoco quieren, como UBER, cumplir con nuestras leyes laborales: flexibilizan las normativas de seguridad aérea en sus empresas, se niegan a subscribir CCT, insisten en pagar salarios mínimos y en precarizar a sus trabajadores”, agregaron y señalaron que “de concretarse, inevitablemente se extenderá por exigencias competitivas al resto de las empresas y los trabajadores aeronáuticos argentinos”.
Por último remarcaron que están transcurriendo “una realidad aciaga con un futuro tenebroso, que desde el gobierno se busca ocultar con la tramposa consigna propagandística llamada: Revolución de los Aviones”.

Fuente: Infogremiales

Se trata del restaurante y parrilla Pampita que tiene casi medio siglo de vida en la feliz. “La clientela desapareció”, afirmó uno de los propietarios. Interviene el gremio.
El legendario restaurante y parrilla Pampita de Mar del Plata cierra sus puertas ante la baja en las ventas y deja a 25 familias en la calle. Además ya existe una orden de desalojo impulsada por el dueño del local, debido al atraso en el pago del alquiler del inmueble por parte del propietario de la firma, lo que complejiza aún más la situación.
La UTHGRA tomó el asunto, intervino en el conflicto y logró suspender el desalojo del lugar por diez días para comenzar a gestionar la continuidad laboral de los trabajadores, como así también el pago de salarios adeudados.
“No quieren quedarse en la calle y sin indemnizaciones. Ellos insisten en que no creen en la palabra del actual propietario del fondo de comercio”, señaló la titular del gremio Mercedes Morro al portal local 0223.
“Los trabajadores se irán turnando, entre ellos, con los dirigentes sindicales y con nuestro cuerpo delegado, hasta que alguien se haga responsable de abrir las puertas o poner el dinero de las indemnizaciones y de los haberes adeudados. No pretendemos quedarnos con el establecimiento de nadie, pero tampoco que nos dejen de un día para el otro sin trabajo y sin un peso en el bolsillo”, sentenció.
Pampita tiene 46 años de trayectoria en la ciudad feliz, está ubicada en Alvarado casi Guemes y desde un hace tiempo transita una profunda crisis que motiva a los dueños bajar las persianas. “La clientela desapareció. Ya no podemos sostener los costos fijos”, le confió uno de los propietarios del restorán al diario La Capital.

Fuente: Infogremiales

Matías Santana, el testigo que relató ante la Justicia el momento en que la Gendarmería se llevó a quien él identificó como Santiago Maldonado el 1 de agosto pasado en la localidad chubutense de Cushamen, reiteró hoy que vio, con la ayuda de binoculares, cómo "tres gendarmes" golpearon ese día "un bulto negro con mi campera celeste".
Santana aclaró que supo que ese "bulto" era Santiago Maldonado porque "esa misma mañana nos cambiamos la ropa y yo le di esa campera celeste que llevaba puesta", relató en declaraciones a Radio El Mundo.

"Yo le había prestado mi campera y por eso reconocí que era el compañero Santiago", dijo, y agregó que al momento del desalojo de la ruta 40 bajó hacia el lado del río a buscar a su caballo. En ese instante, según el relato, escuchó la voz de alto y al subir a caballo hacia un monte “veo a tres gendarmes que están golpeando a un bulto negro con mi campera celeste”.

“Cruzo para el otro lado, me encuentro con los chicos, voy a otro cerro y con unos binoculares alcanzo a ver que salen del territorio, ingresan a la ruta 70, llega una camioneta, cuatro gendarmes suben el mismo bulto que ya había visto antes y emprenden la retirada rumbo a Esquel", manifestó.

"A partir de ahí ya no sabemos qué es lo que pasó con el compañero”, continuó Santana el relato.

"No es complicado andar con binoculares dentro del campo", aseguró el integrante de la comunidad mapuche de Chushamen, en Chubut, quien declaró ayer ante el juez Guido Otranto por la desaparición de Santiago Maldonado.

Para el joven, "la gente que genera la duda es por desconocer cómo es la vida en el campo, cuando uno está en una situación de conflicto, en constante hostigamiento y amenaza de represión, te tenés que resguardar haciendo control territorial y la costumbre es subir todos los días al cerro a mirar lo que está ocurriendo".

Santana dijo que después de la marcha del 1° de septiembre, a un mes de la desaparición de Maldonado, se sintió "seguro para declarar" y que además, hasta ahora no lo hizo "porque la comunidad estaba militarizada, y si entraba o salía iba a ser demorado".

Santana evaluó que el juez y la fiscal, ante quienes declaró, "lo tomaron muy superficialmente, con muy pocas ganas de trabajar en el caso y de que se esclarezca dónde está el compañero Santiago".

Fuente: Diario Jornada

Ubica a Pablo Nocetti al frente del operativo en Chubut. El ministro de Gobierno de la provincia dio la misma versión.
Un documento de la Gendarmería confirma que Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, estuvo a cargo del operativo de represión el 1° de agosto en Chubut, donde fue visto por última vez Santiago Maldonado. 
Principio del formulario
El escrito, que fue difundido por el periodista Juan Alonso, va en línea con el testimonio que dio ayer el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. Ambas versiones dicen que el funcionario de Bullrich fue el organizador del operativo y no estaba "de paso", tal como había asegurado la ministra.
Según Bullrich, su funcionario se encontraba en el lugar de los hechos porque había ido a ver al juez federal Guido Otranto, en Esquel. Una versión que lo desligaba de la organización del operativo y que ahora queda desmentida por Gendarmería y por el Gobierno de Mario Das Neves. 
"Me parecería de una gran injusticia tirar gendarmes por la ventana, no hacerse cargo y separarlos cuando no está probado absolutamente nada. Esa es la fácil, es tirar las responsabilidades", se defendió Bullrich en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, cuando aseguró que no pensaba echar a ningún miembro de esa fuerza ni al cuestionado Nocetti, quien participó ayer en la reunión en la Rosada con Mauricio Macri. 
Ese mismo día, Bullrich definió a Nocetti como "un gran profesional" y "un gran jefe de gabinete". También lo defendió ante quienes lo cuestionan por haber sido el abogado defensor de un represor de la última dictadura militar. 
Marcos Peña se plegó este mismo miércoles a esa defensa cerrada, cuando al exponer ante los senadores afirmó que la eventual presencia en el lugar de la represión de Noceti, no significa que haya estado a cargo del operativo.
La insistencia del Gobierno en sostener que Noceti no estuvo a cargo de la represión no es caprichosa: La Argentina adhirió a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptadas por la Asamblea General de la ONU en 2006. Esa norma ordena separar de inmediato a cualquier funcionario que este comprometido en una violación de derechos humanos ocurrida bajo su jurisdicción o mando.
Así se lo recordaron al gobierno los diputados opositores y el CELS que conduce el periodista Horacio Verbitsky en la reunión que mantuvieron en la comisión de Derechos Humanos el pasado 9 de agosto.
Esta delicada situación del funcionario clave del ministerio de Patricia Bullrich se agravó en las últimas 48 horas cuando se supo que tanto el informe de Gendarmería que se conoció este miércoles, como la declaración del ministro de Gobierno de Chubut, lo ubican como el responsable principal del operativo del 1° de agosto en el departamento de Cushamen. 
También lo hunde el testimonio de una nueva testigo, dado a conocer este miércoles. Se trata de Adriana Baigorria, una docente que dice haber visto a Nocetti en una camioneta en el lugar de los hechos.
El CELS y la abogada de la familia de Maldonado dieron el martes otra conferencia de prensa en la que pidieron de modo explícito a Bullrich que aparte de Nocetti del cargo y apuntaron contra la ministra por "mentir" al defenderlo. 
El jefe de la Gendarmería, Diego Conrado Héctor Balari, dijo en su informe que hubo una reunión con Nocetti el 31 de julio, al igual que Durán, quien ayer fue interpelado por la Legislatura y admitió haber participado de ese encuentro en Bariloche. Durán dijo que fue el 31 de julio, lo que coincide con el documento público de Gendarmería, e incluyó la participación de los responsables de la policía de Chubut.
Durán llegó al recinto de la legislatura chubutense, acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Oscar Petersen; el jefe de Policía de la provincia, comisario Luis Avilés, y otros colaboradores. Fue interpelado durante más de cuatro horas y desligó por completo a la policía provincial del operativo de represión de Gendarmería.

Fuente: La Política Online

Claudio Avruj dijo que hay varias hipótesis pero no pruebas de que la fuerza se haya llevado a Santiago Maldonado. Se reunió con el juez Otranto y pidió que los testigos se presenten a declarar. Aseguró que de parte de Nación “no hay ningún encubrimiento ni especulación posible”.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se reunió en Esquel con el juez federal Guido Otranto, en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El encuentro fue en el Juzgado Federal y duró una hora. Participó el secretario de Seguridad de la Nación, Santiago Otamendi.

El funcionario nacional dijo que “tuvimos un pedido concreto de los familiares de Maldonado al ministro de Justicia, Germán Garavano. Pusimos a disposición todos los recursos de la Secretaría de Derechos Humanos para colaborar con la querella y apoyar la investigación”.

La semana pasada se comunicó con el juez y acordaron el encuentro tras el levantamiento del secreto de sumario.

Avruj afirmó que “son varias las hipótesis en las que la Justicia trabaja, entre las que está la de Gendarmería, que caló muy fuerte en la opinión pública. Pero no hay ningún indicio cierto que involucre a la Gendarmería, aunque es un tema en el que se debe seguir avanzando”.

Si bien admitió que viajaron a la zona 35 días después, aseveró que hubo contacto permanente del Gobierno Nacional. “Pero –recalcó- en lo que nos corresponde a nosotros, por el pedido de la familia la respuesta fue inmediata”. Sin embargo, no se acordó una reunión con la familia de Maldonado, más allá de que días atrás a través del director de Violencia Institucional de la Secretaría, Matías Garrido, hubo una reunión. Ahora los familiares se disculparon pero no lo recibieron.

La idea es colaborar para tener la mayor cantidad de testigos para aportar. Según Avruj, Otranto destacó el ofrecimiento del Programa Verdad y Justicia, de protección y acompañamiento a los testigos.

El secretario de DD.HH. sostuvo que “a todas luces el caso Maldonado es difícil por cómo está instalado en la sociedad. Pero quien tiene que determinar las dificultades de la investigación son el juez y la fiscal federal Silvina Ávila. No es un tema simple”.

Preguntado sobre otras hipótesis, el funcionario nacional dijo que las tiene el juez y que él no especularía. “Puedo ofrecer el Programa Verdad y Justicia, para que todos los testigos puedan dar su testimonio”.

La que involucra a Gendarmería es una hipótesi, pero “no se puede determinar que sea la real y que haya pruebas contundentes”.

Avruj prefirió no opinar de los dichos de Matías Santana, quien testimonió que Maldonado el 1º de agosto fue golpeado por tres gendarmes y trasladado en una camioneta de Gendarmería rumbo a Esquel: “No puedo opinar de un testimonio dado ante un juez”. El secretario igual pidió que aquellos que vieron algo se acerquen a testimoniar.

Explicó que el secretario Otamendi arribó a Esquel con el mismo propósito de ofrecer todos los recursos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“El gobierno es auxiliar de la Justicia y está a disposición, porque hay un interés supremo de encontrar a Maldonado y saber qué pasó; en esto no hay ninguna especulación, ni encubrimiento posible”, señaló Avruj.

El titular del área de Derechos Humanos Nacional, aseguró que “cuando se descubra la verdad, si hay responsables tendrán que responder ante la ley, y en esto el presidente es muy claro”. Viajó a la Cordillera Daniel Barberis, de la Dirección de Violencia Institucional, quien investiga a los 3 escuadrones de Gendarmería: 36 Esquel, 35 El Bolsón, y 37 José de San Martín.

Avruj descartó toda acusación ya que “no hay ningún encubrimiento ni posibilidad de que el presidente Macri y todos los funcionarios, estemos encubriendo un hecho tan doloroso”.

Consideró que no existe indicio para apartar de la causa a Gendarmería.

Y comentó que el juez Otranto le transmitió que no hay orden para efectuar un nuevo rastrillaje en el Pu Lof.

Fuente: Diario Jornada

“Esta causa ha estado pedaleando en una bicicleta fija”, dijo Julio Saquero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la comarca andina
En diálogo con EL CHUBUT Julio Saquero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la comarca andina, integrante de la comisión nacional, reclamó mayor celeridad a la investigación judicial que se sigue para saber que pasó con Santiago Maldonado.
“Los integrantes de la comunidad declararon y de esa manera hacen caer por tierras todas las hipótesis con que se ha venido moviendo en cámara lenta toda la causa que ha estado pedaleando en una bicicleta fija. A partir de estos testimonios espero que se tome en serio a la comunidad mapuche. Porque hasta ahora parecería que los miembros de la comunidad tienen menos valor que el resto”.
Saquero dijo que “hay que destacar la sinceridad y autenticidad de esta gente que ha sido llevada a los tribunales en los últimos dos años y medio, a quienes no se les ha creído nunca, como si sus testimonios no valieran tanto como otras pruebas”.
Por otra parte, señaló que hasta el momento “no se ha llamado a declarar absolutamente a ningún gendarme ni a ninguno de los responsables del Ministerio de Seguridad que han participado en todo esto que derivó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ni siquiera a los jefes de Gendarmería”.
Comentó que en el expediente “hay una presentación hecha por la Comisión de la Memoria, donde está Pérez Esquivel, pidiendo que se investigue especialmente a los gendarmes. Pidió que se secuestren los celulares, que se investiguen las cuentas de Internet, de quienes participaron del operativo en el interior del Lof, pero la respuesta fue no ha lugar. Y hablamos del séptimo cuerpo de la causa por el habeas corpus”. 

ORDEN DE PRIORIDADES
Para Saquero “quien se tiene que ocupar de esto es la fiscal Ávila, quien tiene una denuncia por desaparición forzada de Santiago Maldonado, y los responsables en primera instancia, según lo que entendemos, son Gendarmería Nacional, Pablo Noceti, Patricia Bullrich y en última instancia el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Eso lo hemos dicho en la primera página del expediente, y 1700 páginas después, todavía no encontramos que se haya avanzado absolutamente nada en esa dirección. Es elemental Watson que si tenés un culpable a la vista porqué buscar en Santiago de Chile, en Uruguay, Misiones, Entre Ríos o Mendoza”.

INVESTIGACION POR OTROS CARRILES
El referente de la APDH también hizo hincapié en que “los rastrillajes que se hicieron en Gendarmería, y esto dicho por los peritos, no pueden arrojar buenos resultados 6 días después, porque el olfato de los perros por mejor entrenados que estén no funciona. Puede funcionar un registro de información cadavérica, pero jamás va a resultar una investigación de rastros de olor 6 días después”.
En este marco, opinó que “la investigación tiene que ir por otros carriles, y esperamos la actuación de los investigadores de parte, me alegra mucho que esté trabajando el equipo de Antropología Forense. Para llegar a donde se apuntó de entrada”.

Fuente: El Chubut

La Justicia investiga al Poder Ejecutivo y a la Gendarmería por supuesto encubrimiento
Ante una denuncia de la Liga por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay, el fiscal Federico Delgado resolvió investigar a funcionarios del Gobierno y la Gendarmería. Pidió que el Ejecutivo informe las medidas que tomó para encontrar al joven.
Los 35 días que el Gobierno se mantuvo empecinado en desligar a la Gendarmería de la desaparición de Santiago Maldonado, en descartar la participación del Ministerio de Seguridad en la persecución a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y poner en duda la presencia del joven en el territorio empiezan a traerle costos. En Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado impulsó la apertura de una investigación para determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Gendarmería encubrieron el hecho. Como medidas esenciales, pidió que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informe de manera urgente todas las acciones que desplegó el Estado para encontrar a Maldonado y requirió copia del expediente que tramita en el juzgado federal de Esquel. Por lo pronto, el resultado de la interpelación del martes último al ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dejó en evidencia a Pablo Noceti, el jefe de gabinete de la cartera que conduce Patricia Bullrich, al describir que no estuvo por la zona simplemente de paso –como sostuvo ella–, sino que diseñó el operativo contra los mapuches del 1 de agosto, en el que desapareció Santiago, y lo coordinó en una reunión el día previo con otros funcionarios. Él mismo lo había dicho en una radio local, donde agregó que fue “dispuesto por la ministro”. Además lo declararon testigos y lo dice un informe de la propia Gendarmería.  
Delgado basó su dictamen en una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay que advertía que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”. La presentación apuntaba a Mauricio Macri, Peña, Bullrich, Noceti, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y los comandantes de esa fuerza relacionados con los procedimientos contra la comunidad mapuche. Describía una combinación entre un “pacto de silencio” entre los gendarmes que participaron en el despliegue violento, que niegan haber apresado a Santiago, y “una ristra de expresiones de encubrimiento” proveniente de las autoridades “negando que se trate de una desaparición forzada de persona” y “generando una campaña de desinformación” con pistas falsas (como la historia del ataque al puestero Evaristo Jones el 21 de julio, cuyo cuchillo al final no tenía ADN de Santiago), magnificadas por algunos medios de comunicación. Además del encubrimiento, los denunciantes plantean los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El otro punto central de la denuncia advertía que el Gobierno no dio “una respuesta satisfactoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, que dictó una medida cautelar para que el Estado busque a Maldonado, ni al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. La explicación que envió el Estado argentino a esos órganos internacionales de máxima importancia en la custodia de los derechos humanos apuntó a justificar a la Gendarmería, cuyos argumentos reprodujo, como recordó el martes en una conferencia de prensa junto con la familia de Maldonado, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  Gastón Chillier. Presentaron el operativo en el que fueron perseguidos los miembros de la comunidad que están en un territorio que Benetton se atribuye como un procedimiento legal que se hizo bajo órdenes del juez federal Guido Otranto. Sin embargo, las órdenes del juez eran del 31 de julio y pretendían que se despejara la ruta 40; todo lo que vino después de liberado el camino, o sea la cacería a los mapuches en el territorio en medio de la cual desapareció Santiago, corrió por cuenta de la Gendarmería como respuesta a piedrazos. “Fue un allanamiento ilegal”, señaló Chillier. Cuando la fiscalía de Silvina Ávila y el juzgado de Otranto pidieron la nómina de los gendarmes que llevaron adelante el operativo, la fuerza tardó diez días en responder. Primero envió siete nombres. Luego resultó que eran más de un centenar.

Así es el cambio
Si se llegara a investigar seriamente el posible encubrimiento de la desaparición, seguramente será un dato relevante el cambio de posición que tuvo el Gobierno anteayer, después de que declararon bajo juramento cuatro miembros de la comunidad mapuche, uno de los cuales describió en detalle que al joven artesano lo atraparon tres gendarmes cuando huía de la persecución y lo subieron a una camioneta. Hasta ahora los testimonios con igual contundencia habían sido ofrecidos en anonimato, por temor a represalias. Finalmente, Matías Santana aceptó declarar bajo juramento, y esto podría dar pie a otros testimonios de aquí en más.
En los primeros días, Bullrich se negó a dar explicaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero finalmente debió acceder. En sus apariciones públicas negó una y otra vez que se trate de una desaparición forzada. “Está cada vez más claro que no es una desaparición forzada”, sostuvo mientras la investigación iba exactamente en sentido inverso, y hasta se la caratuló de ese modo. “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “no hay testimonios que responsabilicen a Gendarmería”, fueron otras de sus frases. Responsabilizó a los mapuches, los acusó de no colaborar y de ser violentos. También el secretario Avruj defendió a la Gendarmería la semana pasada y dijo que no había pruebas, pero ayer viajó a entrevistarse con el juez Otranto y ofrecer ayuda. Quizá el menos contundente en la defensa propia haya sido Garavano. Y Macri la respaldó a Bullrich incluso después de que la familia de Santiago pidiera su renuncia.
Ahora que el tema se convirtió en tópico internacional y que los “focus group” demuestran que la mayor parte de la sociedad está preocupada, además de la contundencia de los últimos testigos, el Gobierno empezó a cambiar la actitud y mostrarse en acción, por ejemplo ordenando un rastrillaje con Policía Federal y Prefectura.
El fiscal Delgado le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que abra una causa y le ordene a Peña un informe urgente sobre todas las medidas que se adoptaron desde el Estado para hallar a Santiago. También quiere disponer de una copia del expediente a cargo de Otranto para determinar el papel que tuvieron las fuerzas de seguridad, en el caso y en la investigación, y luego avanzar sobre los funcionarios.    

Ordenes de arriba
Un informe de la propia Gendarmería que está incorporado a la causa revela dos datos sustanciales: que la fuerza no filmó todo el operativo de los días 31 de julio y 1 de agosto alegando falta de medios técnicos; que el día 31 hubo una reunión “de coordinación” en Bariloche con Noceti, el jefe de gabinete de Seguridad. En ese encuentro se mencionaba la presencia del ministro de gobierno de Chubut, Pablo Durán, que por esa razón fue interpelado en la Legislatura provincial. Era una reunión para planificar la ofensiva contra la comunidad mapuche y en particular la Lof de Cushamen, que estaba en la mira por sus protestas en reclamo de la libertad de Facundo Jones Huala. Frente a las preguntas de los legisladores, Durán confirmó la reunión con Noceti el día previo a la desaparición de Maldonado, en la que se planificó el operativo junto con los ministros de Seguridad y jefes policiales de Chubut y Río Negro, los jefes de escuadrones de ambas provincias, más funcionarios de la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Durán sólo procuró defender a la policía provincial. El presidente del bloque del FpV, Javier Touriñan, le preguntó qué hacía Noceti al día siguiente “en el lugar de los hechos”. “No le puedo contestar, no soy abogado de Noceti”, fue la respuesta.  
La presencia del funcionario de Seguridad en el territorio fue señalada por dos testigos en la causa. No estaba de paso por ahí, como había dicho la ministra Bullrich. Peña seguía negando el papel de Noceti hasta ayer mismo en el Senado. Pero el funcionario había hablado por sí mismo ya en medios locales. El 2 de agosto, describió con pelos y señales a Radio Nacional de  Esquel la reunión de coordinación previa al operativo. “Hemos decidido armar un sistema de coordinación con las fuerzas federales y provinciales para detener a todos y cada uno de los miembros del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que produzcan delitos”, anunció.  “Van a ser detenidos y judicializados –remató–. Es un tema que fue dispuesto por la ministro.”

Fuente: Pagina 12

Marcos Peña comenzó a matizar la defensa que hace la administración de Macri del accionar de Gendarmería.
El jefe de Gabinete Marcos Peña tuvo que volver a referirse este miércoles a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, presumiblemente a manos de la Gendarmería Nacional. Lo hizo en el Senado de la Nación donde brindó su informe de situación.
"Si se comprueba algún delito de algún miembro del Estado" en torno a la desaparición de Santiago Maldonado, "no habrá ningún tipo de encubrimiento ni ningún tipo de plan que obstaculice el trabajo de la Justicia" dijo Peña luego de que el fiscal Federico Delgado requiriera abrir una investigación para determinar si el gobierno de Mauricio Macri encubrió a los responsables de la desaparición.
Después de más de un mes de su desaparición el gobierno de Macri comenzó a cambiar su postura frente al caso forzado más por los resultados de los focus groups, tal como reveló este miércoles el diario Clarín que por convicción. De hecho la primera reacción del gobierno fue defender a ultranza a Gendarmería al tiempo que indilgó actitudes cuasi revolucionarias al joven desaparecido. Inundó además los medios de hipótesis alternativas para negar la desaparición forzada de Maldonado y, tras la caída sistemática de cada una de esas teorías se vio obligado a asumir la gravedad del caso.

Fuente: Minuto Uno

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó hoy que "la Policía Federal Argentina desmiente enfáticamente la veracidad de un supuesto informe de inteligencia que se le atribuye sobre el caso Maldonado", el joven cuyo paradero se desconoce desde que testigos afirman que lo vieron por última vez el pasado 1 de agosto, durante un operativo de la Gendarmería en tierras de una comunidad mapuche en el noroeste de Chubut.
"La gravedad del hecho implica la comisión de un grave ilícito de acción pública por falsificación de documento público, al emplearse supuestas reproducciones de sellos oficiales", señaló el comunicado de la cartera de Seguridad, que encabeza la ministra Patricia Bullrich.

Sostuvo además que "acciones como estas afectan profundamente el prestigio institucional y entorpecen el avance en el esclarecimiento de los hechos, motivo por el cual, la Policía Federal Argentina en el día de la fecha realizará la correspondiente denuncia penal".

Antes de conocerse el comunicado de la cartera encabezada por Bullrich, fuentes del Ministerio Público Fiscal habían confirmado a Télam que "el supuesto informe de inteligencia está en conocimiento de la fiscal federal de Esquel y de los integrantes de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), que colaboran con ella" en la causa que investiga la desaparición de Maldonado.

Las mismas fuentes señalaron que consideraban a ese texto como un "anónimo" cuyo origen y credibilidad debían aún ser verificados, antes de establecer si sus afirmaciones tienen o no valor para la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, una causa que cuenta ya con testimonios, pericias y otras pruebas e indicios incorporados al expediente judicial.

El supuesto "informe de inteligencia" atribuido a una fuerza de seguridad federal, según las fuentes consultadas, señala a un grupo de gendarmes como los responsables de la desaparición de Maldonado, en el contexto del operativo realizado por Gendamería en Cushamen, noroeste de Chubut, el pasado 1 de agosto.

Fuente: Diario Jornada

A su paso ayer por Esquel el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, se reunió con el juez federal Guido Otranto y puso a disposición los recursos de la cartera que encabeza Germán Garavano. 
“Hemos venido hoy a Esquel para ver al juez, quien sabe que cuenta con nuestra disposición y colaboración”, manifestó el funcionario nacional tras la reunión que tuvo lugar en el Juzgado Federal de Esquel en horas de la mañana de ayer.  “Somos además muy respetuosos de la labor que está llevando a cabo el juez y la fiscalía, y vinimos en parte a transmitir eso. Además de la función pública que estamos desempeñando en este momento todos hemos pasado por el poder judicial,  conocemos su rol, somos respetuosos de su rol, y esto es algo que ha podido evaluar en los términos de la reunión que hemos tenido hoy (por ayer)”.
Aclaró Otamendi que “vinimos sólo por este día y culminamos con esta visita a Esquel”, y sobre las especulaciones en torno a al desaparición de Santiago Maldonado, apuntó que “las hipótesis las genera el juez y nosotros tenemos que ser respetuosos de esa labor, estar disponibles y colaborativos.
No es la labor del gobierno generar hipótesis, sino justamente estar de auxiliares de Justicia, tal el rol del Ministerio de Justicia”. 

Fuente: El Chubut

El vicegobernador a cargo del ejecutivo dijo que “llamaron anoche (por la noche del martes) a última hora y nosotros ya tenemos nuestra agenda de trabajo armada”, afirmó
En un comunicado difundido por el gobierno confirmó que el vicegobernador del Chubut, a cargo del Ejecutivo Provincial, Mariano Arcioni, confirmó que no asistió a la reunión convocada por el gobierno nacional porque “nosotros tenemos armada una agenda de trabajo en la Provincia, e hicieron la invitación anoche por teléfono”.

Dicha reunión fue convocada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y también fueron invitados los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Más allá de que la agencia oficial de noticias Télam aseguró la presencia del vicegobernador chubutense, Arcioni aclaró que “en ningún momento confirmé  mi participación porque llamaron anoche a última hora, y nosotros ya tenemos programadas una serie de actividades acá en nuestra Provincia”.

Fuente: Diario Jornada

Entre hoy y mañana tiene previsto estar en Rawson. Planea algunos cambios. Ayer recibió a algunos colaboradores en Buenos Aires. Arcioni encabezó ayer una reunión de Gabinete.
Mario Das Neves estará en breve de nuevo en la provincia. Habló ayer con EL CHUBUT y dijo que planea «cambios profundos» a su regreso. El Gobernador tiene previsto retomar sus funciones al frente del Ejecutivo Provincial entre hoy y mañana, aunque no descartaba mantener algunas reuniones más en Buenos Aires y formalizar su reasunción durante el fin de semana.
En el diálogo que mantuvo con este diario, Das Neves se mostró decidido a meter mano en su equipo de colaboradores de manera inmediata a su reasunción, aunque no especificó en qué niveles.
El mandatario provincial había prolongado su licencia por algunos días más de lo previsto, como explicara en el inicio de la presente semana el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Mariano Arcioni.
Dureante su licencia, el Gobernador se sometió a diversos estudios médicos en el Hospital Austral de Pilar, en provincia de Buenos Aires, donde realiza el seguimiento de su tratamiento.
Dijo que está con muchas ganas de volver a sus funciones habituales y ayer además recibió a algunos colaboradores para ir delineando acciones previstas para los próximos días ya en Rawson.

REUNION DE GABINETE
En tanto el vicegobernador Arcioni encabezó ayer por la mañana una reunión de gabinete en Sala de Situación de Casa de Gobierno. No hubo fotografías ni declaraciones públicas luego del encuentro.
Hubo algunas ausencias y según pudo saber EL CHUBUT, se analizaron aspectos vinculados con la situación actual del Gobierno, sobre todo después de una denuncia penal formulada por tres diputados provinciales del FPV y su impacto hacia dentro mismo del gabinete. 

Fuente: El Chubut

Ayer se pidieron todos los expedientes y extractos bancarios de las operaciones del Ministerio de Coordinación que involucran a varios funcionarios provinciales. La Gobierno anunció que se presentará como querellante. Los diputados del FpV ampliarán la denuncia con nueva documentación.
Una Orden de Presentación fue el instrumento legal utilizado ayer por el fiscal Sergio Ferrín para acceder al Ministerio de Coordinación de Gabinete en Rawson y solicitar formalmente todos los expedientes originales creados para tramitar gastos de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

Además, exigió de manera urgente todos los extractos bancarios en donde se acreditan el uso de los fondos para dicha emergencia, además del libro “Banco” de la cuenta especial del Banco del Chubut utilizada para abonar las compras y pagos de servicios, además del listado de medios de pago usados para cancelar esas compras.

Anoche, una fuente judicial confirmó a este diario que la Fiscalía de Rawson auditará todas las compras realizadas a partir de este decreto de emergencia, que sumarían facturas por al menos 10 millones de pesos.

Los decretos de emergencia permiten a los funcionarios públicos usufructuar fondos sin los controles ni límites que suele tener la administración pública en su funcionamiento diario. El objetivo primario es disponer más rápidamente de fondos en medio de la urgencia que significa una situación de “emergencia”. Aunque de cualquier modo hay que cumplir con normas básicas que impidan la comisión de un delito o una irregularidad administrativa, como es el caso que se comienza a investigar ahora.

El escándalo de los presuntos sobreprecios pagados por al menos dos funcionarios provinciales de alto rango se conoció el martes por una denuncia de los diputados provinciales del Frente para la Victoria Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour, y los dos denunciados son Diego Correa, de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de Familia.

A ambos se los acusa de abonar sobreprecios en las compras de agua, colchones y hasta fardos de pasto, realizadas curiosamente en Trelew, Rawson y Puerto Madryn, es decir a 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia, el epicentro de la catástrofe climática que dio pie al decreto de emergencia 353/17.

Ayer, uno de los denunciantes, Meza Evans, adelantó que en las próximas horas ampliarán la presentación en la Justicia con el aporte de nuevas pruebas documentales, que según el legislador involucrarían a otros funcionarios provinciales.

“Dentro del sobre con documentación que recibimos en la Legislatura había muchos más papeles que involucran a otros integrantes del Gobierno provincial”, aseguró el legislador, quien además afirmó que el dinero utilizado para estos pagos con presuntos sobreprecios “era el recaudado en la cuenta solidaria abierta en el Banco del Chubut S.A. para que empresas y ciudadanos aporten voluntariamente una ayuda a los afectados por el temporal en Comodoro Rivadavia.”

“Estamos trabajando sobre los expedientes que todavía no hemos presentado en la Justicia y creemos que tenemos que dar dos pasos. Uno ya lo dimos, que es presentar la denuncia y solicitar el secuestro de todos los originales que están en el Estado provincial. No pueden estar esos expedientes que son objeto de investigación en manos de las personas que pueden haber cometido los presuntos ilícitos. Y el otro paso es trabajar con las fotocopias que recibimos a los efectos de poder ampliar la denuncia.”

El diputado del FpV detalló que “la primera sospecha es por qué se compraron elementos en Trelew para abastecer a gente de Comodoro Rivadavia. Esto es ridículo. En Trelew, por ejemplo, se compraron arandelas, tuercas y cables eléctricos. No puede ser que no tengan en stock esos productos los comercios de Comodoro”, evaluó Meza Evans.

El legislador del FpV, un viejo enemigo político y personal del gobernador Mario Das Neves, excluye -sin embargo- al mandatario provincial de las sospechas: “Creo que el gobernador Das Neves no estaba al tanto de la maniobra. Todos estos expedientes están en un informe que realizó el propio Das Neves en Comodoro cuando fue a hacer una rendición de cuentas sobre la transparencia de toda la operatoria de asistencia a la gente damnificada. Hay algunos pícaros que le pusieron al gobernador en el informe que las mil quinientas botellas que se compraron en el quiosquito de Trelew no eran botellas sino mil quinientas botas de agua. Es evidente que estaban tratando de ocultarle cosas al gobernador sobre las que él estaba rindiendo cuentas.”

En cuanto al origen de los fondos utilizados para pagar las facturas, Meza Evans asegura que no se trata de dinero enviado por el Gobierno nacional sino de una cuenta solidaria abierta en el Banco del Chubut. “Hay 6,7 millones de pesos en facturas pagas que son producto de donaciones que hicieron empresas en una cuenta que se habilitó para que la gente pudiera ayudar a los damnificados de Comodoro Rivadavia.”

Según el denunciante, el fondo original se generó con 10 millones de pesos aportados por la Provincia, más 6,7 millones de pesos de donaciones.

Meza Evans confía en el Ministerio Público Fiscal “pese a todas las prevenciones en relación a ese organismo judicial. No se puede tapar el sol con la mano, van a tener que abrir todo, e investigar a fondo”.

El Gobierno quiere ser querellante

El vicegobernador Mariano Arcioni confirmó anoche a través de un comunicado de prensa que “la Provincia del Chubut, por intermedio de la Fiscalía de Estado, se presentará este jueves a primera hora como querellante en el proceso penal iniciado ante presuntos sobreprecios en compras”.

Arcioni indicó, además, que “se iniciaron sumarios administrativos y vamos a colaborar con la Justicia en todo lo que sea requerido”.

Respecto a la presentación que se realizará hoy, explicó que la decisión “fue analizada en el marco de una reunión de Gabinete que tuvimos este miércoles y en la que además todas las áreas manifestaron estar a entera disposición de lo que requiera la Justicia en el marco de la investigación”.

Fuente: Diario Jornada

El escándalo estalló el martes al conocerse expedientes y facturas que probaría la comisión de una administración fraudulenta contra el Estado provincial.
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Mariano Arcioni, confirmó este miércoles a través de un comunicado de prensa que “la Provincia del Chubut por intermedio de la Fiscalía de Estado se presentará mañana (por este jueves) a primera hora como querellante en el proceso penal iniciado ante presuntos sobreprecios en compras”.

Arcioni indicó además que “ante lo que es de conocimiento público desde el Gobierno ya se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes y vamos a colaborar con la Justicia en todo lo que sea requerido para avanzar en todos los pasos que sean necesarios”.

Respecto a la presentación que se realizará este jueves, el vicegobernador explicó que “la Fiscalía de Estado dejará solicitado que a la Provincia se la tenga por presentada y constituida como querellante autónomo en el proceso penal en curso”. Y remarcó además que “esta decisión de constituirnos como querellantes fue analizada en el marco de una reunión de Gabinete que tuvimos este miércoles y en la que además todas las áreas manifestaron estar a entera disposición de lo que requiera la Justicia en el marco de la investigación”.

Aunque el comunicado no los nombra, los sumarios adminsitrativos serían contra los dos acusados en la Justicia por los diputados del Frente para la Victoria: Diego Correa, de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social.

Fuente: Diario Jornada

El jefe comunal se refirió a la denuncia realizada por diputados del FpV contra dos subsecretarios provinciales por presunta administración fraudulenta de fondos públicos en la compra de elementos para atender las demandas del temporal que castigó esta ciudad. "Habíamos hecho una denuncia por cosas que dicen que se compraron y no llegaron a Comodoro y nos dijeron cualquier cosa. Ahora vamos a ver cómo evoluciona esta denuncia por sobrecostos", afirmó.
El intendente Carlos Linares se refirió ayer a la denuncia que, por presunta administración fraudulenta de fondos públicos se hizo desde parte del bloque de diputados provinciales del PJ-FpV, contra los subsecretarios de los ministerios de Familia y Coordinación de Gabinete de provincia, Marcelo Suárez y Diego Correa, respectivamente.
En diálogo con Radio Del Mar, el jefe comunal lamentó que "se hayan aprovechado de la emergencia y de la catástrofe de Comodoro para hacer este tipo de maniobras, que son absolutamente cuestionadas. Estábamos y estamos en emergencia, y algunos se ocuparon de quedarse con lo que no les corresponde".
Linares recordó que "en su momento hicimos una denuncia por cosas que dicen que compraron y nunca llegaron a Comodoro. Nos dijeron de todo, que estábamos en campaña y otras barbaridades. El tiempo va demostrando que teníamos razón. Es necesario que de movida se separe del cargo a las personas que, según la denuncia, realizaron estas maniobras", enfatizó.
El titular del Ejecutivo municipal puso como caso testigo la compra de agua mineral a 38,80 pesos, cuando normalmente y como mucho cuesta 18 pesos. "Todo eso, por lo que vimos, es trucho porque además dicen que compraron 1.500 packs de agua en un kiosco. Todos los que tenemos comercio, sabemos que ningún kiosco del país puede tener esa cantidad en stock. Todo trucho", reafirmó.

FONDOS Y TRANSPORTE

En otro tramo de la entrevista, Linares recordó que el municipio "está esperando la transferencia de los segundos 20 millones, de los cinco tramos que se habían acordado, para atender la situación de muchas familias afectadas por el temporal".
En ese tono, el intendente insistió en que "estamos gestionando todos los días, pero no tenemos respuesta alguna. Lo mismo nos está pasando con el tema transporte. El mes pasado se nos aseguró que no iba a haber más problemas en la transferencia de fondos, y sin embargo hoy estamos con un nuevo paro sobre la nuca. Lamentablemente, una vez más, tengo que decir que Comodoro está solo", concluyó.

Fuente: El Patagónico

La Procuración ya tiene en su poder una denuncia presentada en la Fiscalía de Puerto Madryn. El cargamento fue donado en Buenos Aires por una conocida marca de comida para perros. Pero nunca llegó a la ciudad petrolera,
La Procuración General ya tiene en su poder una denuncia que fue presentada en la Fiscalía de Puerto Madryn para que la justicia determine qué pasó con un cargamento de alimento para mascotas que fuera donado por una firma nacional durante el temporal que afectó a Comodoro Rivadavia y que según los denunciantes, nunca llegó a destino.

La denuncia fue presentada por Gisela Manzanares y Luis Rubio, dos vecinos de Madryn que se presentaron en la oficina del Ministerio Público Fiscal de esa ciudad para denunciar que una carga de más de 450 bolsas de alimentos para mascotas de primera calidad, donadas a través de una gestión realizada por ellos mismos, no llegó a entidades de bien público de Comodoro y habrían quedado en Rawson. Incluso se sospecha que parte de ese material fue vendido por particulares a través de las redes sociales.

En diálogo con Jornada, Manzanares contó que cuando ocurrió el temporal en Comodoro Rivadavia a principios de este año estaba en Buenos Aires por motivos personales, pero que en función de que hace tiempo participa y colabora en la Asociación Española de Socorros Mutuos y en la organización Patagonia Pitbull, se habían impulsado acciones de solidaridad para los vecinos de la ciudad petrolera.

“Se propuso en las dos instituciones que hiciéramos una colecta en la zona, en Madryn para hacerle llegar a la gente de Comodoro y justo cuando estaba en Buenos Aires se hace la exposición de perros y caballos en el predio de la rural de Palermo”, dijo.

Manzanares allí tomó contacto con representantes de la firma Royal Canin, quienes se interesan por la situación que se vivía en el sur de Chubut.

Comentó que “íbamos a hacer este pedido de alimento para hacerle llegar a la gente porque sabíamos que nadie había tenido en cuenta las necesidades de las mascotas”. La fundación ALMA de Comodoro era la que había informado sobre la situación de las perros y gatos en medio del devastador temporal.

“La gente de Royal Canin respondió muy bien, estaban de acuerdo en hacer una donación, y ahí surgió cómo hacer para llevarlo; no tenemos medio de transporte y como sabíamos que la Casa del Chubut estaba recibiendo donaciones y no tenemos malas intenciones”, dijo Manzanares.

Según las notas presentadas en la denuncia, la Casa del Chubut en Buenos Aires recibió 451 bolsas de alimento para mascotas de diversas clases y formatos, todos para ser enviados al sur, “pero el alimento nunca llegó” dijo la mujer.

Manzanares indicó que “Royal Canin entrega el alimento en la Casa del Chubut y a partir de allí se evaporan las bolsas de alimento; las recibieron, las agradecieron, salieron pero lo que no sabemos es por qué en vez de ir a Comodoro fueron a Rawson y a partir de ahí no se sabe qué pasó con el alimento”.

Agregó que “de acuerdo a algunas fotografías sabemos que llegaron a Rawson”. Una de las personas que radicó la denuncia dijo que la intención era que el alimento para mascotas donado fuera a Comodoro y allí la gente de la Fundación ALMA iba a redistribuir con otras protectoras o asociaciones que necesitaran alimentar a los animales en situación complicada.

Facebook

Además de investigar por qué el producto donado no llegó a destino, en la denuncia se planteó que a través de las redes sociales se habría detectado la venta de productos similares a los que la firma productora de alimentos para mascotas donó a la provincia, pero a un precio menor al de mercado, situación que sería, cuanto menos, bastante llamativa. “En distintos grupos de ventas de Facebook empezamos a encontrar que había personas que vendían alimento Royal Canin a un precio mucho menor al valor de mercado y eso realmente es algo extraño porque la empresa tiene un único distribuidor en Bahía Blanca que vende en los comercios, ninguna persona sin un comercio habilitado –veterinaria o pet shop- podría vender este alimento, no se hace venta directa”.

Un documento es una copia de la nota que Casa del Chubut informó. Una nota del organismo nacional con fecha 8 de abril da cuenta de la donación por parte de Royal Canin Argentina de 42 unidades de PBN Labrador Jr de 12 kg; 34 unidades de Maxi Junior de 15 K; 15 unidades de FHN Fit 32 de 7,5 Kg; 72 unidades de Gastrointestinal Dogde 10 kg y de 288 unidades de GastroModerateCalorie

Semanas después, el 3 de mayo, una nota de la Casa del Chubut agradece a la firma Royal Canin el aporte realizado para Comodoro Rivadavia.

Fuente: Diario Jornada

Este miércoles, el presidente del bloque de Cambiemos, Eduardo Conde, llamó a la “reflexión” a quienes rodean al gobernador en este momento de impasse que se tomó el mandatario para recuperarse por su enfermedad. Sostuvo que en un estado democrático es el vicegobernador, Mariano Arcioni, quien debe estar con toda su potestad a cargo del Ejecutivo pero que ahora ni siquiera puede entrar al despacho del gobernador.
“No puedo dejar de sorprenderme cuando leo las noticias de los distintos medios regionales de prensa que hablan de que la ausencia del gobernador Das Neves es suplida por sus hijos. Esto me genera una enorme preocupación. Pareciera que el Estado Provincial es un modesto establecimiento ganadero donde el patrón de estancia se va por absolutas razones legítimas, como es el cuidado de su salud, y deja a sus hijos a cargo de los peones, cuando en realidad acá hay una organización política que tiene que ver con la presencia de un vicegobernador quien es el que debería estar supliendo al titular del Poder Ejecutivo, y es la persona que debería comandar la provincia. Poco favor le hace este sector político, el oficialismo, al candidato con estas actitudes donde el electorado observa claramente que este Gobierno se desvanece con estos comportamientos”, declaró.
“Deberíamos advertir que esta no es la forma de gobernar una provincia. Arcioni hoy no manda pero no porque no quiera mandar. Me parece que el núcleo duro del gobierno provincial le pone palos a las ruedas a un vicegobernador que ni siquiera tiene acceso al despacho del gobernador. Son cosas increíbles que no se pueden tolerar en un sistema político como el actual”, defendió.
“Yo rescato la figura de Arcioni. Creo que es un hombre que podría claramente estar al frente del Poder Ejecutivo, pero sin embargo tiene que depender de la voluntad de otros que no tienen que ver con el poder organizado, y que ejercen el poder arbitrariamente. Esta la realidad en nuestra provincia”, aseveró Conde.
El presidente del bloque de Cambiemos continuó: “En buena hora que el Gobernador con su salud delicada a tomado distancia para ocuparse de lo prioritario, que era el cuidado de su salud. En su momento esto generó una conmoción porque se entendía que el abordar este tema era un agravio hacia el gobernador y su esfera privada cuando nunca tuvo ese carácter”.
“Hoy el gobernador naturalmente está necesitando de ese distanciamiento para su recuperación, pero lo que no podemos permitir de ninguna manera es que su ausencia impida el funcionamiento normal del sistema de gobierno. Esto es lo preocupante”, reiteró el abogado comodorense, quien terminó pidiendo a quienes ejercen el poder en el ámbito provincial “reflexión para que se ordenen las cosas como debe ser”.

Fuente: ADN Sur

Diputados, intendentes y jefes comunales del FPV se reunieron ayer en la Legislatura para analizar la crítica situación que está atravesando la provincia y los gobiernos locales. Pedirán una reunión con autoridades del Ejecutivo provincial para acordar líneas de acción estos próximos meses. 
Piden conocer el «estado real» de las finanzas de la provincia. Plantearon que hay «incertidumbre» con el pago de salarios y la reactivación de la obra pública, dijeron.
En la reunión estuvieron el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, la intendenta de Rawson, Rossana Artero, y sus pares de Dolavon, Dante Bowen; Epuyén, Antonio Reato; El Maitén, Oscar Currilén, entre otros, y diversos jefes comunales.
También participó el candidato a diputado nacional del FPV, Ricardo Fueyo, junto a los legisladores provinciales Gustavo Fita, José Grazzini, Gabriela Dufour y Viviana Navarro, y el ex intendente de Sarmiento, Javier Balocchi.

«PROVINCIA SUSTENTABLE»
En diálogo con EL CHUBUT, Gabriela Dufour expresó que hay «buena predisposición» de los intendentes, jefes comunales y diputados del FPV de colaborar con el Gobierno provincial para poder salir adelante de esta difícil situación económica que están atravesando. Mencionó que la semana que viene volverán a reunirse para definir cuestiones legislativas.
La diputada del FPV expresó que en esta «situación compleja» están dispuestos a participar en una reunión amplia con el Ejecutivo para que todas las partes puedan tomar «conocimiento real» de la situación financiera y proyectar hacia adelante «una provincia sustentable en los próximos meses».
Dufour entendió que hoy los intendentes y los jefes comunales no tienen previsibilidad debido a la progresiva dismunución de ingresos, que sobre todo impacta en el pago de sueldos, la obra pública y la generación de empleo.
Además, la diputada del FPV indicó que se trató de una reunión «horizontal» en al que todos los intendentes y jefes comunales coincidieron en colaborar con el gobierno provincial. «Estamos tratando de ver qué ideas se nos ocurren para poder ayudar», afirmó.
Por otro lado, los intendentes y jefes consultados coincidieron en que tienen grandes problemas para pagar los sueldos todos los meses, y tampoco ven grandes avances en determinadas obras, por lo que la situación descripta es «extremadamente preocupante», dijeron.
En ese marco, los mandatarios municipales del FPV se mostraron muy precupados por «llegar a fin de mes», y remarcaron que hay «muy buenas intenciones de ayudar al Gobierno provincial en este difícil momento». Calificaron un panorama provincial signado por la «baja de regalías y de coparticipación», y llamaron a «buscar una salida entre todos».

Fuente: El Chubut

El dirigente justicialista, José Arrechea, vaticinó que en las legislativas del 22 de octubre «la polarización entre el FPV y Cambiemos va a ser mayor que en las PASO», y apuntó a cosechar los votos de sectores de izquierda y de Chubut Para Todos. 
«En esa polarización mayor creo que hay sectores de izquierda que van a ir al voto útil y nos van a votar a los candidatos nuestros. Y creo que también sectores que votaron por el Chusoto van a optar por el FPV», sostuvo Arrechea.
Por otro lado, el justicialista de la Nueva Verde asumió que «quizás algunos votos de los candidatos nuestros se vayan a otro sector», pero «globalmente vamos a tener un incremento importante de votos en relación a agosto», confió. Además, interpretó que «los proyectos intermedios como el de Sergio Massa y el gobernador Mario Das Neves, en esta oportunidad pareciera que no van a tener protagonismo».
En ese marco, Arrechea consideró acertada la estrategia del partido de conformar mesas de campaña de acuerdo con las particularidades de cada localidad. «En cada lugar ha habido resultados distintos, hay muchas fuerzas no peronistas que están apoyando. Entonces, esto de integrar las mesas de campaña con características particulares de cada lugar me parece una medida acertada y la están llevando a la práctica muy bien hasta ahora», dijo Arrechea.

RESPALDO A MUTIO
Por otro lado, Arrechea respaldó a Ricardo Mutio como presidente legítimo del Partido Justicialista, y clausuró cualquier posibilidad de revisar a las autoridades que tienen mandato vigente hasta diciembre de 2019. «Hubo elecciones el año pasado, hubo renovación total de todos los cuadros y de todos los estamentos partidarios, y esto es un debate para el 2019», sostuvo.
El justicialista recordó que «hubo un proceso electoral el año pasado, se consolidaron las autoridades y están todos los organismos funcionando. Traer a debate la discusión sobre la estructura partidaria no tiene ningún sentido, no es motivo de este momento político ni ningún momento político hasta el 2019, así que ese es un tema que está afuera de la agenda», definió.
En ese marco, Arrechea repudió los cuestionamientos de Héctor González hacia la conducción del justicialismo, y se inclinó por «sumar identidad, pertenencia y convicciones», antes que focalizar los debates en figuras como Gustavo Mac Karthy y Adrián Maderna.
«Hay que sumar identidad, pertenencia, convicciones. Después esos que se suman pero que están pero no están cuando uno los necesita no es sumar. Yo prefiero un partido firme, con convicciones. Desde un partido así es más fácil convocar a otras fuerzas políticas. De un amontonamiento amorfo uno no convoca a nadie», dijo el dirigente la Nueva Verde.
De igual forma, Arrechea cuestionó que Héctor González «tuvo oportunidad de presentarse en las internas (del PJ), pero no pudo participar, porque no tenía los papeles en regla. Y en la de diputado hizo una buena elección, y ya está. Ahora que venga a sumarse a la campaña como está planteada y con los aportes que pueda hacer», completó. Y se preguntó: «¿Qué reestructuración del partido vas a hacer, si eso ya se resolvió y tiene tres años de mandato por delante?».

CONTRAPUNTO CON BELIZ
Por otra parte, Arrechea disintió con la visión de Alfredo Béliz quien marcó que Maderna y Mac Karthy tienen que integrarse al justicialismo. «Sorprende a veces, yo leí de Béliz que dice que tienen que integrarse al partido. Al partido se integra quien quiere, nadie le está prohibiendo a nadie, pero el que está afiliado tiene obligaciones, así como tiene derechos, y las tiene que cumplir», determinó.
Por último, Arrechea remarcó que no es el mismo el liderazgo del sindicalismo que el liderazgo político en la estructura partidaria. «Hay compañeros que tienen buenos resultados y se ve que son buenos dirigentes sindicales, como Luz y Fuerza, Comercio. Pero la política es otra cosa. La política hay otras reglas, y los que se dedican a la política tienen que tener claro que son los intereses generales los que se defienden, no los intereses sectoriales. Esto se diluye un poquito en algunos compañeros», concluyó.

Fuente: El Chubut

Luego de las declaraciones de Federico Garitano, quien criticó a Marcelo Gallichio por haber dejado el bloque del Frente Para la Victoria (FPV), el actual concejal del PJ Celeste y Blanca fue contundente en su respuesta:
«De ninguna manera voy a volver al Frente Para la Victoria porque el FPV terminó el 11 de diciembre de 2015 y aquellos que no entiendan esto no pueden estar diciendo que están participando en política. A tal punto que la máxima responsable crea un partido nuevo, entonces me parece que no se está entendiendo la forma de hacer política. Yo digo que hay que acompañar las mejores ideas, más allá del partido político que sea y acompañemos a que esto funcione».

SIN LUGAR
Respecto a lo que hará el PJ Celeste y Blanca de cara a las elecciones de octubre, Gallichio contó que «vamos a estar en Chubut Somos Todos porque dentro del Frente Para la Victoria no tuvimos lugar, esperamos dos semanas para saber si nos iban a convocar, pero nunca nos convocaron. Nos dieron espacio en otra agrupación y lo que vemos es que, si uno quiere seguir creciendo políticamente, si uno quiere armar una estructura, la idea es poder seguir participando donde nos den un espacio y en este caso es Chubut Somos Todos».

PARA LA GENTE
Teniendo en cuenta que fue electo por el Frente Para la Victoria y que actualmente apoye a Chubut Somos Todos, la pregunta pasa por si es coherente este movimiento, a lo que Gallichio respondió: «La política es trabajar para la gente y me parece que el lugar es el espacio que te den. Si uno va a representar la política como oposición y si los proyectos que el oficialismo son buenos y vamos a decir que no solo por oponernos, no me gusta. Uno tiene que apoyar lo que le conviene a la gente, no a un partido político».

FIN DE LA UNIDAD
Volviendo a la no convocatoria de la Celeste y Blanca en la reunión del FPV, una de las razones que se exponen fue la foto del referente de esa lista, Miguel «Coné» Díaz con el gobernador Mario Das Neves.
Respecto a este tema, Marcelo Gallichio, dijo que «hay una foto en la que dirigentes del PJ como Eliceche, Yauhar y Linares se reunieron en Puerto Madryn. Primero se hizo esa reunión y después fue la foto, me parece que es una falta de respeto a quienes participaron, me parece que hicieron un acuerdo para terminar la unidad después de las elecciones, o sea que el 23 de octubre se termina la unidad del FPV, a tal punto que al presidente del partido no lo dejaron entrar a la reunión».

Fuente: El Chubut

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, mostró interés en aclarar que el proceso licitatorio para los servicios del Loteo Belgrano se está llevando a cabo como corresponde y dentro de un marco de transparencia.
 “En los próximos días, la comisión preadjudicataria evaluará las empresas presentadas. Quiero transmitirles a los vecinos, las garantías. Las obras van a empezar. Son 850 familias. Para poder dar la escritura hay una serie de gestiones para llevar adelante. En un futuro, vamos a tener la escritura”, aseveró.

Explicó Maderna que se trata de un proceso que “lo recibimos en la gestión anterior. Nos hicimos cargo y lo celebramos. No creo que haya intencionalidad política. Aclarar a todos los adjudicatarios que el proceso es normal. 850 lotes con servicios luz y agua. Será como corresponde. A medida que se vaya loteando cada manzana se verá cómo se va entregando. Mas transparente todo, imposible. Es con plata del bono provincial. Es una licitación que está en marcha. Quiero darles tranquilidad a todos los vecinos”.

Recibido

Señaló durante el mediodía de ayer que el Loteo Belgrano está relacionado a “un proceso que recibimos de la gestión anterior”, del que “nos hicimos cargo y lo celebramos, sin generar ningún tipo de suspicacias”. Y aclaró: “No hay ningún tipo de anormalidad en el terreno” de loteo.

“Principalmente quiero dejar aclarado que hubo un proceso licitatorio, que fue público, transparente. Es imposible poder licitar si no están las condiciones dadas para poder llevarlo adelante. Incluso pasa por la supervisión de la asesoría legal”, agregó.

“En los próximos días ya se cumplirán los tiempos estipulados legalmente para poder definir la comisión pre adjudicataria de las empresas que han ganado la licitación, para poder ya empezar con los trabajos”, destacó.

“No hay ningún tipo de anormalidad en el terreno. No hay que generar suspicacias, malos entendidos. No creo que haya intencionalidad política al respecto, o al menos no me consta. Es fundamental aclarar a todos los adjudicatarios que el proceso es normal y están transcurriendo los tiempos legales necesarios, para hacer todo en tiempo y forma. Dijimos 850 lotes con servicios de luz y agua, y van a ser desde el número 1 al 850, como corresponde. Después, a medida que se vaya loteando con servicios cada manzana, se verá cómo se va adjudicando, cómo se va entregando, evitando cualquier tipo de usurpación”.

Por último expresó que “es importante que todos tengan la tranquilidad respecto de la transparencia del proceso, incluso pueden acercarse a la Secretaría de Planificación y ver los pliegos. Fue un acto público, más transparente imposible”.

Doble mano: en estudio

Consultado sobre el proyecto para hacer doble mano la avenida 9 de Julio, el intendente remarcó: “Tenemos la posibilidad de llevar a cabo esa opción, lo está evaluando Planeamiento. También nos reunimos con el Colegio de Arquitectos. Tenemos el vínculo. Vamos a tratar de tener una buena respuesta”.

Fuente: Diario Jornada

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pidió que "se pongan en la balanza" los subsidios que recibe Buenos Aires. El mandatario santafesino dijo que habría un "quebranto económico".
Los gobernadores de todo el país reaccionaron este miércoles frente a la demanda que su colega María Eugenia Vidal presentó ante la Corte Suprema de Justicia, por la restitución a Buenos Aires del Fondo del Conurbano, con un documento firmado por mandatarios del PJ, Cambiemos y partidos provinciales, en el que solicitaron al máximo tribunal que "no tome resolución" sobre el tema hasta que haya un debate en el Congreso.

El documento, de cuatro puntos, fue consensuado entre 18 gobernadores y tres vices que se reunieron esta tarde en la casa de San Juan Juan, ubicada en la calle Sarmiento al 1200 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el texto -que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, resumió en una rueda de prensa al terminar la reunión de mandatarios- se acordó "solicitar respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia que no tome resolución alguna hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones y se de el debate correspondiente entre la Nación y las provincias y el Congreso de la Nación".

En otro de los puntos del documento, los gobernadores pidieron que "siendo un tema que involucra la relación Nación-provincias, su tratamiento indefectiblemente debe darse a través del debate entre Nación, las provincias y el Congreso de la Nación".

Además, en el texto acordado por la totalidad de los mandatarios presentes en la Casa de San Juan se subrayó "que la pretensión de la provincia de Buenos Aires perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios", en tanto que se ratificó "la permanente predisposición al diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas".

A diferencia de las reuniones anteriores, en las que participaron exclusivamente mandatarios peronistas, ésta vez la asistencia trascendió las diferencias partidarias.

Estuvieron presentes hoy los gobernadores de Cambiemos Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Colombi (Corrientes) y -aunque arribó a la Casa de San Juan cuando la reunión ya había finalizado y se había difundido el documento- Alfredo Cornejo .
También fueron de la partida, por primera vez en estas reuniones en territorio porteño en defensa de los fondos provinciales, los gobernadores Miguel Lifschitz (Santa Fe), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Claudia Ledesma (Santiago del Estero) enviaron en representación a sus vicegobernadores, Carlos Ponce, Pablo González y José Neder.
Los peronistas presentes fueron el anfitrión, Sergio Uñac (San Juan), Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Carlos Verna (La Pampa), Lucía Corpacci (Catamarca), Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Casas (La Rioja).
En tanto, no hubo representantes de Chubut, cuyo gobernador, Mario Das Neves, cursa una licencia médica.

Fuente: Diario Jornada

El gobierno nacional convocó a una nueva reunión a las organizaciones sociales, nucleadas en el denominado "triunvirato piquetero", con el fin de retomar las conversaciones en torno a la implementación de la Ley de Emergencia Social, sancionada en diciembre pasado por el Congreso Nacional.
A raíz de la convocatoria, pautada para las 13 en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) resolvieron este mediodía postergar la protesta que habían anunciado para mañana en las puertas de grandes cadenas de supermercados.

Allí, en lo que sería el inicio de un plan de lucha con movilizaciones y ollas populares, tenían previsto entregar petitorios para que los hipermercados, a través de sus acciones de responsabilidad social empresaria, refuercen la ayuda a comedores.

No obstante, ante la formalización de una nueva convocatoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Carolina Stanley, las organizaciones resolvieron dejar en suspenso la medida para privilegiar la posibilidad de avanzar en un consenso a través del diálogo.

Centralmente, lo que las organizaciones del "triunvirato piquetero" reclaman es la "implementación plena" de la Ley de Emergencia Social sancionada por el Congreso Nacional.

La convocatoria se produce luego de que el diálogo que venían manteniendo con el Gobierno se tensara, en el marco de una reunión que tuvo lugar el viernes último en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, de la que los referentes de las organizaciones salieron disconformes con las respuestas dadas por las autoridades.

De ese encuentro, participaron, además de Stanley, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

En tanto, al encuentro concurrirán representantes de Barrios de Pie, de la Corriente Clasista y Combativa y de la CTEP.

Así lo confirmaron las propias organizaciones a través de un comunicado de prensa, en el que el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, manifestó su expectativa de que esta nueva reunión "sea fructífera para avanzar con la plena implementación de la Ley de Emergencia Social, cuyos montos aún no han sido implementados en su totalidad y representan una importante ayuda para las familias humildes".

El dirigente social fundamentó la suspensión de la protesta pautada para mañana en que esta semana mantuvieron nuevas reuniones informales con funcionarios en las "se han mostrado más sensatos en cuanto al cumplimiento de la ley" de Emergencia Social.

"Suspendemos las actividades que teníamos programadas, a la espera de que los funcionarios se comprometan con este tema tan delicado", remarcó Menéndez.

Fuente: Diario Jornada

Tras la polémica por las fotos en las que se lo vio disfrazado de planta, el Rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, vuelve a ser viral en las redes sociales por un motivo poco feliz. Lo fotografiaron en el aeropuerto de Santiago de Chile cargando dos televisores LED de 55" en su equipaje.
Una columnista de Radio Nacional fue quien se cruzó al ministro en el aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez y lo publicó en Twitter. El posteo tenía casi 1.500 retuits en menos de dos horas.
Hasta Marcelo Tinelli, que este miércoles descansa de su ShowMatch, se hizo eco de la polémica imagen de un ministro del gobierno de Macri comprando en Chile porque es más barato que en el país.
Tras el fin de los programas de cuotas sin interés Ahora 12 y Ahora 18 y con los tarifazos de luz, gas y agua las ventas de electrodomésticos en el país cayeron bruscamente pero no los precios. Los que viven ciudades fronterizas o quienes viajan suelen abarrotar los pasos internacionales entre Argentina y Chile los fines de semana largos.
Por la profunda recesión, el año pasado se perdieron 6.000 puestos de trabajo, una caída del 13%, en la provincia de Tierra del Fuego donde se encuentran las fábricas argentinas de electrónica.
Un televisor como los que compró el Rabino, en Chile se consigue por unos 15 mil pesos. El mismo, en Argentina cuesta el doble.

Fuente: Minuto Uno

La policía brasileña determinó este miércoles que asciende a unos 51 millones de reales, equivalentes a unos 16,3 millones de dólares, el dinero encontrado en varias valijas y cajas de cartón en un departamento que era usado por el ex ministro de la Secretaría del Gobierno de Michel Temer, Geddel Vieira Lima.
Según divulgó la Policía Federal, fueron encontrados en efectivo 42,643 millones de reales (13,66 millones de dólares) y 2.688.000 dólares, en las varias valijas y cajas encontradas en el departamento que utilizaba el ex ministro de la Secretaría del Gobierno de Michel Temer, Geddel Vieira Lima.

La agencia EFE informó que se trata de la mayor cantidad de dinero en efectivo encontrado por la Policía Federal brasileña, que necesitó 14 horas y siete máquinas de contar billetes para determinar el total del dinero incautado.

Las autoridades explicaron que llegaron a ese apartamento gracias a informaciones recogidas en el marco de una investigación sobre corrupción, según las cuales el inmueble era "usado" habitualmente por Vieira Lima para guardar cajas con documentos.
Vieira Lima cumple un régimen de prisión domiciliaria en Salvador, acusado de intentos de obstruir la acción de la justicia en investigaciones sobre supuestos desvíos de dinero público.

Fuente: Diario Jornada

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