miércoles, 6 de septiembre de 2017

Miércoles 6 de Septiembre de 2017





Mientras el triunviro de la CGT Héctor Daer dijo que "no es el momento" de una medida de fuerza, el titular de UPCN Andrés Rodríguez señaló que "hay otras maneras" de alcanzar reivindicaciones "y si es por la vía de la negociación mucho mejor".
Uno de los triunviros de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), y el titular del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, coincidieron en considerar inoportuna una medida de fuerza de la central obrera, y mientras el primero dijo que "no es el momento" de un paro, el segundo señaló que "hay otras maneras" de alcanzar reivindicaciones "y si es por la vía de la negociación mucho mejor".

"Por lo que uno puede rescatar de lo que conversamos entre los dirigentes durante este último tiempo, creemos que no es momento oportuno para llevar adelante una medida de fuerza", explicó Daer.

En diálogo con radio El Mundo, el titular del gremio de la Sanidad fundamentó la inconveniencia de realizar una huelga general "cuando existe la posibilidad de incorporar a la agenda con el Poder Ejecutivo los temas que nos preocupan".

Por su parte Andrés Rodríguez, explicó en declaraciones por Radio Splendid que se inició un acercamiento, entre la CGT y el Gobierno, durante el encuentro con el ministro Triaca: "Primero tenemos que ponernos de acuerdo en una agenda común y cuando esa agenda común esté, con el acuerdo de ambas partes, entonces comenzaremos a recorrer el camino de posibles concreciones".


El acumulado de los últimos doce meses llegó al 26,56%, de acuerdo con un informe difundido este martes por la central obrera.
El índice de inflación de agosto trepó a 1,57 por ciento, mientras que el acumulado de los últimos doce meses llegó al 26,56%, de acuerdo con un informe difundido este martes por la CGT.
Según la medición mensual del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la central obrera, en agosto una familia tipo (de cuatro miembros, dos mayores y dos menores), necesitó un ingreso mensual de $ 15.616,23 para no caer debajo de la línea de la pobreza.
Esta suma representa un total de 513,41 pesos por día, cifra demasiado elevada para la media. Además, el informe detalla que para no ser indigente, la misma familia requiere de $ 6.942,06, unos 228,23 pesos diarios.
En otro orden, por persona, un adulto necesita $ 2.225,09 para no ser indigente (73,15 pesos por día) y 5.144,76 pesos para no ser pobre (169,14 pesos por día), de acuerdo con la medición de la CGT difundida este martes. Los datos oficiales de la inflación de agosto serán informados por el Indec el martes 12 por la tarde.
Según el organismo de estadísticas, en julio la inflación alcanzó 1,7%, con un acumulado interanual del 21,5%.


Marcela Marín vive hace 20 años en el barrio Malvinas Argentinas. Como no tiene red de gas, debe acudir a los artefactos eléctricos para calefaccionarse como en muchos barrios de los sectores periféricos de esta ciudad. Sin embargo, luego de haber abonado el año pasado $3.500 por mes por el servicio eléctrico de junio y julio, ahora deberá pagar $38.000 por igual bimestre de este año, es decir $19.000 mensuales. La mujer aseguró que no puede costear el monto.
La familia de Marcela Marín está integrada por cinco personas y residen hace 20 años en la calle Ocaso del barrio Malvinas. Se trata de un sector que no cuenta con red de gas, y por ello tienen que recurrir a aparatos eléctricos para calefaccionarse o bien utilizar estufas a leña como otra alternativa costosa en Comodoro Rivadavia.
Luego del temporal que azotó a esta ciudad la familia se sorprendió con los valores de las facturas de energía eléctrica que llegaron en los meses de abril y mayo, las cuales fueron de $7.000 cada una.
Al ser usuarios "electrointensivos", realizaron un pago en cuotas hasta diciembre de este año, según convinieron con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Pero Marín ya había anticipado: "no voy a saber qué hacer cuando me lleguen las nuevas facturas si ya $7.000 se nos hace difícil pagar".
El lunes concurrió a la SCPL para retirar las facturas de los meses de junio y julio y casi se desmaya al ver la desorbitante suma de dinero que tiene que abonar por cada mes.
La mujer describió: "cuando vi las facturas no lo podía creer, me dio una angustia. Les dije que no lo iba poder pagar y dejé las hojas ahí. Pero hoy (por ayer) volví a ir y ver la situación, a ver qué pueden hacer. Desde la cooperativa me dijeron que iban a ver si había alguna fuga, pero que igual tenía que pagarlas".
Marín se quejó "pago todos los impuestos, hago todo bien dentro de la ley y me vienen con estas cosas. ¿Qué tengo que hacer, colgarme o mudarme al Roca que una casa me sale alquilada con expensas, cuatro dormitorios y los servicios incluidos $19.000?. Lo que tengo que pagar de luz es una locura", lamentó.

"NO ES POSIBLE VIVIR ASI"
La usuaria detalló que en su vivienda posee un equipo de aire y dos radiadores para calefaccionar la casa. "No tenemos ningún consumo de más o distinto al año pasado o el mes pasado siquiera. Acá en el barrio la etapa de gas recién está empezando y nosotros vamos a estar en la segunda etapa, o sea, que recién el año que viene si Dios quiere voy a tener gas", explicó.
Marín analizó: "en total con la boleta de $7.000 que tengo en cuotas más estas facturas; tengo cerca de $50.000 en servicios. No es posible vivir así",.
Desde la SCPL indicaron a este diario que la familia "tiene un consumo superior a los 5.000 KW, por encima de los 2.500 KW ya no entra dentro de los electrointensivos. En comparación con el año pasado en esa casa se consumieron menos de 2.000 KW, por eso vamos a verificar que no haya una fuga".
"El problema de la gente que no tiene gas es ese lamentablemente, nosotros no podemos hacer nada si no les ponen gas", analizaron desde la propia SCPL.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó mediante un comunicado que la interrupción será por 24 horas. Enterate qué barrios estarán afectados.
Según se detalla en el comunicado, los barrios: El Marquesado, Covicup, Rodríguez Peña, Castelli, Km.5, Próspero Palazzo y Ciudadela, que en la mañana de ayer se detectó una rotura en un caño ubicado en la calle Mazzaredo y Cosentino del barrio Ameghino en Km.3.
Por tal motivo, se debió interrumpir el suministro de agua potable a partir de las 22 horas de ayer, y por un lapso de 24 horas.

Acusan a Diego Correa, de la Unidad Gobernador y a Marcelo Suárez, de Desarrollo Social, de comprar con sobreprecios elementos para la emergencia climática de Comodoro.
Los diputados provinciales del Frente para la Victoria Alejandra Marcilla, Gabriela Dufour y Blas Meza Evans presentaron una denuncia penal en la Fiscalía de Rawson contra dos funcionarios provinciales: Diego Correa, subsecretario de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de la Familia.

Concretamente, los legisladores del FpV los acusan del delito de administración fraudulenta en la compra de bienes y pago de servicios vinculados a la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

Según la denuncia, todo comenzó la semana pasada con la aparición de un sobre dirigido a los tres legisladores que fue dejado en unas escaleras internas de la Legislatura de Chubut. El hecho mereció la intervención de la Policía ante la denuncia de una amenaza de bomba que, finalmente, no era cierta.

Expedientes

Tras las actuaciones de la Policía del Chubut, el sobre de grandes dimensiones fue entregado a sus destinatarios, y dentro de él había copias de decenas de expedientes que comprobarían irregularidades en la compra de elementos y pago de servicios afectados a la emergencia climática de la ciudad petrolera.

Según consta en la denuncia, el sobre en cuestión consignaba que el mismo era remitido por el Tribunal de Cuentas y contenía numerosas fotocopias de actuaciones administrativas. El grueso de las fotocopias corresponde a distintos expedientes realizados en el marco del Decreto 353/17 de Declaración de Emergencia.

“Una vez realizado un primer análisis de la documentación, pudimos comprobar que existía la intención de poner en manos de los diputados, a los que iba dirigido el sobre, la prueba de compras irregulares constitutivas del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, escribieron los diputados en la denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal.

“Si bien es cierto que las declaraciones de emergencia posibilitan la realización de contrataciones rápidas y sin los controles propios de los procedimientos habituales de la administración pública, no implica que se pueda hacer cualquier cosa y mucho menos defraudar al Estado”, agregan.

“Absurdo”

Según los denunciantes, las compras de bienes se realizaron todas en la zona de Trelew, Rawson y Puerto Madryn: “Resulta absurdo y antieconómico que las compras se efectúen a 380 kilómetros del lugar de la catástrofe cuando se trata de bienes que sin duda se podían adquirir en la ciudad sureña afectada por el temporal”, sugieren los denunciantes.

En la documentación se demostraría la existencia de sobreprecios en la compra de elementos, así como también que la calidad de los comercios donde se efectuaron algunas de las compras carecerían de las condiciones para proveer los bienes comprados. “Existen facturaciones emitidas por comercios inexistentes o con domicilios que no concuerdan con los registros de las facturas”, aseguran los diputados denunciantes.

Proveedor

La documentación presentada en la Justicia contiene la factura y el remito de agua envasada y la autorización de pago requerida por Suárez y autorizada por Correa. “El caso más escandaloso de sobreprecio es la compra de 1.500 botellas de agua mineral Villavicencio de un litro y medio a $ 38,50 la botella. El proveedor es el kiosko Emanuel de la ciudad de Trelew, quien emitió la factura N°. 0002- 0000329 de fecha 4 de abril de 2017 por la suma de $ 57.750 correspondiente a la compra de estas botellas”, dice la denuncia.

“Contemporáneamente, los mismos funcionarios compran la misma calidad de agua, es decir botellas de agua mineral de un litro y medio marca Villavicencio en el mayorista Don León a $ 18 y en Friosur a $ 19,85”, agregan. “No hace falta destacar que resulta altamente sospechoso que un kiosko de pequeñas dimensiones tenga un stock de 1.500 botellas de un litro y medio de agua mineral”.

Vinculado a la compra de agua la denuncia también incluye documentación sobre una adquisición a la distribuidora Andina S.A., con domicilio en Urquiza al 2.000 de Trelew. Se trata de 7.500 bidones de agua de 5 litros a $ 90 cada uno.

“Aquí también existe un sobreprecio notable, ya que en forma simultánea los mismos funcionarios compran bidones de 8 litros a la firma Don Tulio de la ciudad de Rawson por la suma de $ 40 cada bidón”, agrega la denuncia.

Pero eso no es todo: un colaborador del bloque del FpV constató el domicilio de la Distribuidora en Urquiza 2.112. Se encuentra con una casa de familia y comprueba que la citada distribuidora no existe en ese lugar.

La denuncia es más extensa e incluye también compras presuntamente irregulares de colchones, además de una curiosidad: fardos de pasto para las familias afectadas por el temporal.

Entre los colchones comprados figura una factura de una empresa denominada FEL – PA SRL, con domicilio en Mitre 61 de Trelew. Le vendió al Gobierno 100 colchones de 1 plaza a $ 2.800 cada uno. Según los denunciantes, ese mismo colchón estaba el 31 de agosto pasado a $ 1.690 en un supermercado de Trelew.

El caso de FEL – PA es similar al de la distribuidora de agua: en la dirección que figura en la factura sólo existe un portón con una vieja leyenda proselitista de Mario Das Neves y Máximo Pérez Catán.

Integrantes del FPV aseguraron a Diario EL CHUBUT que después de analizar toda la documentación que contiene «el sobre» que llevó una empleada de Casa de Gobierno, podrían pedir una nueva interpelación.
Los diputados quieren realizar un estudio profundo y acabado de la gran cantidad de facturas que aparecieron adentro del sobre y una vez concluido ese proceso, podrían citar al ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino; a la ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y hasta el propio Alejandro Pagani (Infraestructura), por la existencia de varias órdenes de pago de esa cartera por monto elevados y que se habrían realizado desde la subsecretaría de Servicios Públicos. 

Tras la interpelación, calificó como una barbaridad que se hable de “zona liberada” y reveló que la ministro de Seguridad, Bullrich, en ningún momento se puso en contacto.
Una vez finalizada la interpelación, el ministro de Gobierno, Pabló Durán, dejó en claro la postura respecto a las fuerzas de la provincia: “Creo en mi Policía”. Deslindó cualquier tipo de intervención en el operativo de Gendarmería del 1 de agosto y la calificó como una “barbaridad” que se hable que se dejó una “zona liberada”.

Ante la consulta de la prensa manifestó que “primero quiero aclarar, porque en algún momento se la quiso sindicar a la Policía como una de las partícipes de la desaparición de Santiago y no lo vamos a permitir porque no sólo no sucedió, sino que doy fe de la actuación de la fuerza que más allá de los inconvenientes y siempre hay ovejas negras cada vez que se los detecta, es la propia fuerza la que los expulsa”.

En relación a la cumbre de seguridad que matuvo el 31 de julio en Bariloche junto a fuerzas de otras provincias y el segundo de la ministro Bullrich, se preguntó: “¿Qué tengo que hacer, no ir más a las reuniones del Consejo de Seguridad Interior?”.

Explicó que esa cumbre “se convocó por el ministro de Seguridad de Río Negro y con el solo objetivo de coordinar la faz investigativa porque también tenemos un reclamo muy grande de las comunidades, por ejemplo en El Maitén que catalogó de terroristas al RAM y nos piden respuestas para cesar con estas cuestiones que se vienen repitiendo”.

Y marcó que “se utiliza la presencia de Nocetti (segundo de Bullrich) en ese encuentro para ensuciar la participación de la provincia en esto”.

Consultado por si la Gendarmería actuó por fuera de la ley, contestó que “habría que ver cómo se dio el ingreso. Si fue en persecución de un delito y si fue así están respaldados por la ley. Ahora es materia de investigación. Sería irresponsable decir que entró de forma irregular, como también negarlo, porque le compete al juez”.

En relación a una posible zona liberada, salió al cruce de la oposición: “Les dije a los diputados que no lo iba a permitir porque el trabajo de la Policía fue desvío de tránsito. Volvíamos de esa reunión y se nos comunicó que estaba el corte de ruta, cada uno tiene la libertad. Fuimos por el desvío. Y no es que la policía estaba desviando la zona, es una barbaridad”.

Reveló que se le cursaron notas al Ministerio de Seguridad de la Nación para que explicaran la actuación de las fuerzas ese día y la desaparición de Santiago sin obtener respuestas, aunque sí las hubo de parte de escuadrones de Gendarmería”.

Sobre la falta de comunicación de Bullrich con el Gobierno Provincial, expresó que “me llama la atención, pero yo necesito que Nación ponga todos los recursos para que aparezca Santiago”.#

Touriñán: “Algo pasó enla reunión de Bariloche que desconocemos”

El jefe del bloque del Frente para la Victoria se mostró disconforme con las explicaciones del ministro Durán ante los diputados. El jefe de la bancada, Javier Touriñán, manifestó que se le permitió actuar a la Gendarmería por fuera de la ley y deslizó que hubo zona liberada.

Sospechas

Planteó sus sospechas en relación a la reunión que un día antes del operativo se produjo en Bariloche con diferentes fuerzas y el jefe de Gabinete de la ministro Patricia Bullrich, donde participó el ministro Pablo Durán. Deslizó que hubo zona liberada.

“Quedan una serie de interrogantes sobre cuestiones que no ha podido responder y sobre la actuación del Ministerio de Gobierno de la provincia porque justifican la violación de la Constitución”.

Indicó que “justifican (por el Gobierno Provincial) que han actuado fuerzas federales en la provincia sin la autorización como lo requiere el artículo 123 de la Constitución Provincial. Si se permite que actúen sin autorización se va a permitir la criminalización de la protesta social y ante cualquier evento actuarán las fuerzas federales y hoy es lo que tenemos”.

Cortes de ruta

Sobre la actuación de Gendarmería indicó que “estaban fuera de jurisdicción federal y en ese sector debería haber actuado la Policía. Durán se limitó a decir que la Policía sólo hizo cortes de ruta sobre ruta 40 a la altura de Lelelque y el cruce con la Ruta con Cholila. Hay 50 kilómetros. Entonces lo que no pudo responder es qué hacía Nocetti del otro lado de la ruta, segundo en jerarquía de Bullrich”.

“O se les escapó la tortuga o tenían todo programado porque habían tenido una reunión previa en Bariloche donde participaron con otras fuerzas para establecer los protocolos por los que iban a actuar”.

Actuó mal

“No comparto nada con el RAM pero Gendarmería actuó mal y además no podemos permitir que ante la desaparición de una persona se actúe tan livianamente”.

El diputado apuntó que “si la Policía hubiera actuado en el territorio como debió haber actuado tendríamos más datos porque por lo menos tendría una mirada distinta, fijándose que no excedan sus facultades”.

“Zona liberada”

El jefe del bloque del Frente para la Victoria marcó que “esto se parece más a una zona liberada que otra cosa. Alguien les dio la orden, les dijeron que hagan los cortes en los puntos de control”.

No recayó sobre la Policía por la supuesta zona liberada y se preguntó por la cumbre en Bariloche. “Alguna cuestión pasó en esa reunión que desconocemos”.

El presidente del bloque Cambiemos reveló un dato curioso y que generó desconcierto dentro del dasnevismo. Advirtió que «la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia no tiene facultades para constituirse como querellante en la causa».
La oficina que está bajo la órbita de Oscar Petersen, se presentó el lunes ante la Justicia Federal para solicitar que el Estado chubutense sea aceptado como querellante en la causa.
Sin embargo, Conde alertó que la Fiscalía de Estado «es la única que tiene la potestad para defender los intereses de Chubut» y adelantó que la Justicia Federal «debería rechazar el pedido». 

Son integrantes mapuches y declararon ante el juez Otranto con DNI y a cara descubierta. Confirmaron haber visto al artesano en la comunidad Pu Lof el día de la represión.
Declararon ayer ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto, testigos que estuvieron en el Pu Lof en Resistencia Cushamen el 1º de agosto con Santiago Maldonado. Lo hicieron durante la mañana y luego en la afueras del edificio tribunalicio dieron una rueda de prensa. Estuvieron Soraya Maicoño y Andrea Millañanco, voceras de la comunidad de Vuelta del Río y de Facundo Jones Huala respectivamente.

Soraya explicó que fue una presentación espontánea y aseguró que desde que desapareció el joven Maldonado, están contándoles a los medios y a quienes estén interesados en saberlo, qué fue lo que sucedió, principalmente ese 1º de agosto.

Recordó que esa mañana temprano fueron avisados que Gendarmería estaba “balaceando” en el Pu Lof, por lo que se trasladaron y llegaron alrededor de las 9 al lugar y “pudimos estar con nuestros lamiens (hermanos), y en ese grupo de hermanos mapuches también se encontraba Santiago Maldonado. Por eso vinimos a dar nuestro testimonio, porque se estaban tejiendo distintas hipótesis, respecto de la presencia o no de Santiago en el Pu Lof ese día”.

La vocera remarcó que “yo lo vi; lo pude saludar a Santiago Maldonado, porque lo conocía de una marcha que se había hecho en Esquel (el 29 de julio), y en eso consistió la declaración”.

Denunció que esa mañana a las 10:30 aproximadamente, cuando regresaban a Esquel, “nos persiguió una camioneta de Gendarmería, y nos tuvieron detenidos hasta las seis y media de la tarde al frente de la Subcomisaría de Leleque”.

Se cruzaron con Nocetti

Comentó Soraya Maicoño que en esa circunstancia observaron el movimiento de las camionetas de Gendarmería, y “también nos cruzamos con Pablo Nocetti (jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación), alrededor de las 14 horas, y teniendo en cuenta que Santiago Maldonado desapareció entre las 13 y las 13:30, nos da la pauta que Nocetti estuvo en el Pu Lof, o por lo menos en las inmediaciones, en el momento de la desaparición”.

Luego sostuvo que vieron cómo vehículos salían de la estancia de Benetton, dialogaban con gendarmes y bajaban a la Subsomisaría, lo que “nos daba la pauta que las camionetas de Benetton tenían conocimiento del operativo”.

En el mismo sentido testimonió que en una camioneta Gendarmería tenía las pertenencias secuestradas en el Pu Lof en Resistencia Cushamen.

Esas pertenencias Soraya afirmó que son herramientas de trabajo. “Pero –enfatizó- después descaradamente muestran esas herramientas como las armas de terroristas. Por eso hicimos esta presentación a cara descubierta, para que el país y la familia de Santiago se enteren que él estaba en el Pu Lof; que no lo vi en el corte de ruta sino que estaba en la guardia tomando unos mates, como también vi cómo la Gendarmería entraba a nuestra guardia antigua en un hostigamiento constante, sin ninguna orden”.

Charla con Santiago

Por su parte Nery García, quien testimonió ante Guido Otranto, contó que fue al Pu Lof el 1º de agosto con Soraya Maicoño, que llegaron a las 9 más o menos, y vieron a la Gendarmería. Soraya fue a hablar con la comunidad y ella se quedó en la guardia “hablando con Santiago de lo que había sucedido con el hostigamiento toda la noche por parte de gendarmes”.

Al igual que Maicoño, la mujer repasó cómo fue la persecución de una camioneta de Gendarmería cuando se trasladaba nuevamente a Esquel, para interceptarlas a la altura del casco de la estancia, frente al destacamento policial.

Aseveró García que “fuimos testigos en todo momento del hostigamiento de Gendarmería. Nos demoraron, nos requisaron; nos sacaron los celulares y pendrive, y nos retuvieron tanto la documentación personal como la de nuestro vehículo”.

Tramo siguiente señaló que entre las 13:30 y 14, mientras estaban retenidas en la Ruta 40, “vimos cómo pasó una camioneta raudamente (con dirección a Esquel) con un amontonamiento de personas, y creemos que llevaban a alguien”.

Nery García relató que personalmente habló con Pablo Nocetti, porque cuando le preguntó quién era, le respondió que era del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Le pedí que me de explicaciones porqué nos tenían demoradas desde las 11 de la mañana, y con soberbia me advirtió que nos podían tener hasta seis horas”. Afirmó que están totalmente convencidos que “a Santiago Maldonado se lo llevó Gendarmería”.

El relato de Santana

Matías Santana es del Pu Lof en Resistencia Cushamen, y también testimonió en el Juzgado Federal de Esquel. Manifestó que Santiago estuvo el 31 de julio en el lugar, y el 1º de agosto, cuando fue víctima de una “desaparición forzada” .

Narró que las fuerzas federales comenzaron con la represión el 1º de agosto a las 4.30 y lo hicieron hasta las 6.30, siendo el momento de mayor hostigamiento cuando desalojaron la Ruta 40 y después ingresaron al Lof con disparos de armas. El avance de los gendarmes –siguió-, los hizo correr hacia el río Chubut. “Me subí a un caballo, y cuando iba llegando escuché una voz que decía `Quedate quieto, estás detenido´. Subí un poco más al cerro, y pude ver que tres efectivos de Gendarmería estaban golpeando a alguien de negro con campera celeste, que es la que le había prestado a Santiago”.

Momentos después informó Santana, con un binocular observó cómo salía rápidamente un Unimog del lugar hacia la Ruta 40 intersección con la 70, donde estacionó una camioneta blanca de Gendarmería. “Hicieron una pantalla, y al mismo bulto que vi cómo golpeaban, lo introdujeron en la camioneta que salió rumbo a Esquel. Después nos juntamos todos los que habíamos sido víctimas de la represión con escopetas y 9 milímetros gritando maten a uno, tirale, etcétera; y nos dimos cuenta que el único que faltaba era él (Santiago Maldonado)”.

En su exposición a la prensa Santana recalcó que “nosotros sólo creemos en las organizaciones sociales y de los derechos humanos, y en el pueblo que sabe qué pasó con Santiago, que se lo llevó Gendarmería”.

Cuestionó que el mismo juez que ordenó la represión (Guido Otranto) esté llevando adelante el habeas corpus, y acentuó que “da mucha impotencia que el mismo Estado se presente como querellante, defendiendo a los uniformados que ingresaron a nuestro territorio, intentando cazar a un mapuche”.

También acusó al ministro de Gobierno, Pablo Durán, de armar un montaje mediático, para que la gente tenga el miedo interno que intentan generar en la sociedad.

“Señores: nosotros no somos terroristas; no somos delincuentes. Acá hay una persecución política a lo que Santiago Maldonado adhería a rajatablas, porque él no era pacifista, sino un anarquista que estuvo con nosotros y defendió sus ideales hasta el último minuto”.

Desestimó que no hayan permitido entrar a cierto sector del Pu Lof como lo ha indicado la fiscal Federal Silvina Ávila, y recordó que ellos tienen pautas culturales y “todo nuestro territorio es sagrado”.

Tiene sellos de la Policía Federal, pero la fuerza niega haberlo realizado
MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Un documento con formato de parte de inteligencia con sellos de la Policía Federal que está incorporado al expediente en que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado señala que el joven artesano fue secuestrado por gendarmes, golpeado hasta la muerte y enterrado en un lugar impreciso en la frontera entre la Argentina y Chile.
La aparición de este documento fue confirmada a LA NACION por una fuente allegada a la investigación que lo tuvo ante sus ojos como parte del expediente judicial.
No obstante, los investigadores de la desaparición de Maldonado son cautos: dicen que hay que establecer si el documento -que llegó de manera anónima a la causa- es materialmente verdadero o falso, más allá de determinar si su contenido se corresponde con la realidad.
Anoche, LA NACION consultó con una alta fuente de la Policía Federal, que señaló: "No nos consta ese informe y no tuvimos acceso a ese documento, si es que existe".
El papel llegó a la causa por dos vías: por un lado, llegó a la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) cuando lo aportó el legislador Gustavo Vera, que dijo que le llegó como un anónimo. Y por otro el papel fue entregado por desconocidos en la fiscalía de Esquel de Silvina Ávila.
El papel tiene la diagramación y el lenguaje de un parte policial de inteligencia, con un encabezado que describe el origen, el destinatario, el asunto y narra los sucesos. Además, tiene sellos que dicen Policía Federal, cuya autenticidad se trata de establecer.
El papel menciona que Santiago Maldonado fue secuestrado por un grupo de gendarmes el 31 de julio, un día antes del corte de la ruta 40 dispersado por la Gendarmería en Chubut, cerca de donde está instalada la comunidad Cushamen.
Este supuesto parte menciona que los gendarmes lo golpearon. Dice que esa golpiza terminó con la muerte de Maldonado y que para ocultar el cadáver lo enterraron en un lugar en la frontera entre Chile y la Argentina.
Esta versión se contradice con lo afirmado ayer por testigos de la comunidad mapuche que dijeron que Santiago Maldonado estaba en el corte de ruta. Incluso Matías Santana, de la comunidad, dijo que vio a Maldonado cuando la Gendarmería lo detenía tras la represión. Sostuvo que lo reconoció porque usaba una campera celeste que él le había prestado.
El papel no cuadra tampoco con los testigos que dijeron que estuvieron con él ese 1° de agosto y el día anterior.
El supuesto parte de inteligencia se suma a otro dato sugestivo que se incorporó a la causa los últimos días: se trata de otro expediente judicial donde se investigaba a los mapuches y donde la Gendarmería realizaba tareas de inteligencia para determinar si eran responsables de los delitos investigados. Podía ser el antecedente de la desaparición de Maldonado.
Son por ahora líneas de investigación tratadas con prudencia y distancia hasta que sean corroboradas.

Luego de los testimonios a cara descubierta ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto, advirtieron que a más de un mes de la desaparición, la única hipótesis firme que queda es que se lo llevó esa fuerza de seguridad. Para hoy anunciaron la visita de funcionarios nacionales.
Anoche la familia de Santiago Maldonado junto a la abogada patrocinante, Verónica Heredia, y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales ofrecieron una conferencia de prensa, para dar detalles del trabajo que están realizando en torno a la causa de “desaparición forzada” del joven artesano, que investiga el juez federal de Esquel, Guido Otranto.

Uno de los motivos de la presencia de profesionales y Sergio Maldonado –hermano de Santiago- en la cordillera, es la apertura del expediente, al haber sido levantado el secreto de sumario de la causa.

Sergio fue quien inició la exposición ante medios locales y nacionales, remarcando que se cumplieron 35 días de la desaparición forzada del joven en manos de la Gendarmería.

Declaraciones

Y en el contexto de la investigación destacó que el lunes declararon dos personas, y ayer dos más, “testimonios que ratifican que Santiago estaba en el Pu Lof Cushamen el 1º de agosto, y se lo llevó la Gendarmería”.

Rechazó las afirmaciones de la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en cuanto a que la familia no colaboraba. Maldonado subrayó que acercaron testigos y aportaron peritos, considerando que “es una señal para el juez (Otranto) y la fiscal federal (Silvina Ávila), para que empiecen a investigar de una vez por todas, porque estamos haciendo el trabajo nosotros”.

Sergio agradeció en nombre de la familia a integrantes de la comunidad mapuche que se presentó a declarar y “lo hicieron muy bien”.

En soledad

Por su parte la abogada Heredia también agradeció al defensor federal, Fernando Machado, que “desde un primer momento en soledad sostuvo esta acusación (de desaparición forzada); y a Julio Saquero de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Zona Noroeste que fue quien hizo la denuncia el 2 de agosto, para dar inicio al expediente de desaparición forzada, con su testimonio también en la audiencia del 4 de agosto en el marco de habeas corpus”, según relató.

“Es mentira”

Heredia afirmó que seguirán fortaleciendo la causa en torno a la desaparición forzada de Maldonado, y recordó que una testigo declaró ante el juez Otranto y el abogado de Gendarmería, que el 1º de agosto alrededor de las 22, fue al Escuadrón 36 Esquel a preguntar si había alguien detenido. “Por lo que es mentira que pasaron 36 horas hasta que se empezó a construir la denuncia. Era como que Santiago no existía, y Santiago existe; estuvo desde el 31 de julio en el lugar, y el 1º de agosto fue brutalmente golpeado por tres gendarmes y subido a un Unimog, y luego llevado en una camioneta”.

La abogada resaltó que las autoridades no quieren ver ni escuchar ni asumir lo que cada vez se fortalece más en la causa. Se sumó Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, quien puntualizó que ya no existe la hipótesis de que a Santiago Maldonado lo hirió el puestero de una estancia en Epuyén, y que los miembros de la comunidad no querían declarar y entorpecían la investigación.

“Lo que hay que anunciar es que queda la hipótesis que teníamos desde el día uno: que hubo un operativo, que estaba Santiago y que hubo gente que lo vio y denunció su desaparición desde el primer día. El operativo fue de Gendarmería, y desapareció”, señaló el abogado.

Advertencia

Advirtió que en estos 35 días la ministro Bullrich se dedicó desde el Gobierno Nacional a desviar la investigación, y en su exposición en el Congreso promovió la pista del puestero.

Añadió que el propio Estado informó al Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas una serie de inexactitudes, planteando la legalidad del operativo de Gendarmería que no fue tal. “Se encargaron de divulgar rumores que fueron publicados por la prensa”, lamentó Chillier.

El director del CELS indicó que hoy viajan a Esquel el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano y el secretario de Seguridad. Lo hacen 35 días después, cuando hubiera sido importante hacerlo el primer día.

También rechazó apreciaciones del comandante Juan Pablo Scola, segundo jefe del Escuadrón 36 de Gendarmería, quien afirmó que no llegaron hasta la orilla del río Chubut cuando hay imágenes que aportó la propia Gendarmería, que muestra lo contrario. En este contexto, anticipó que hoy con la familia Maldonado presentarán un escrito pidiendo una serie de diligencias, y mencionando varias omisiones de Gendarmería.

35 días

Exigió que después de 35 días desviando la investigación, hay un punto de inflexión y se debe apuntar a Gendarmería. Se pedirá la reproducción de la mayor cantidad de pruebas posibles, a pesar del tiempo transcurrido.

Julio Saquero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Delegación Noroeste del Chubut, cuestionó que para declarar, la comunidad mapuche tenga que hacer más de 100 kilómetros para llegar al Juzgado. En este sentido reclamó a la Justicia para que disponga de medios para facilitar el trámite.

El presidente agregó que "no se descarta" ninguna hipótesis sobre la desaparición.
"Estoy preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay y apoyar a la Justicia", afirmó Mauricio Macri este martes, en un breve diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, que la oficina de prensa de la Presidencia, se encargó de difundir.
Principio del formulario
La frase del presidente no es casual y refleja el clima en el Gobierno con el caso, que como anticipó LPO ya se constituyó en una crisis política. A tal punto que los equipos de la Jefatura de Gabinete empezaron a medirtanto el impacto del caso en la percepción de la gente sobre el Gobierno, como la lectura que está haciendo la sociedad de las masivas movilizaciones del viernes pasado y los posteriores incidentes.
"Hay que ser muy prudentes. Nosotros no prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde, con absoluta libertad", agregó Macri y destacó que el Gobierno está "al servicio de la Justicia, sin prejuzgar, no descartando ninguna línea y colaborando como corresponde en un Estado democrático".
La explícita mención del Presidente sobre la decisión de su Gobierno de "no desacartar ninguna hipótesis", parece ahondar el sutil giro que inició el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el miércoles pasado al hablar ante los Diputados, cuando fue mucho menos enfático que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cerrada defensa de la Gendarmería.
Macri pidió además mantener una "posición de prudencia porque eso es lo que hay que manifestar en esta etapa de la Argentina" y "alejarnos de cualquier manifestación prejuiciosa o violenta", en lo que apreció una referencia a los incidentes o los atentados de los grupos mapuches radicalizados.
Luego de las masivas movilizaciones del viernes pasado en todo el país, el tema impactó fuerte en el Gobierno, que empezó a alejarse de las teorías más alocadas que consideran que el caso es políticamente bueno para Cambiemos porque ahonda la grieta y galvaniza su voto duro.
Lejos de esos disparates, la primera línea del Gobierno comenzó a mirar cada vez con más recelo a la ministra Bullrich, que viene sumando una serie de graves pasos en falso, aunque por ahora el libreto oficial es ratificar su continuidad, como hizo Marcos Peña este martes.
La situación incluso se agravó este lunes cuando se confirmó que la sangre y los restos de ADN que se encontraron en el puestero que resistió a cuchillazos un ataque de supuestos militantes mapuches, no era de Santiago. Esa hipótesis era una de las últimas agitadas para deslizar la culpa hacia la víctima y alejar la posibilidad de que su desaparición haya sido provocada por efectivos de Gendarmería.
Tan evidente es el creciente impacto del caso Maldonado, quien se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto, que Macri tuvo que referirse al caso dos veces en menos de 24 horas.
El lunes por la noche lo hizo en declaraciones difundidas por el canal América TV. Hasta ese momento, el presidente había hablado sobre el caso solamente una vez, diez días después de la desaparición de Santiago, hace casi un mes. 

El presidente Mauricio Macri se reunió con la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, y respaldó su labor al frente de la cartera. Aseguró estar preocupado por el caso y pidió prudencia en cuanto al avance de la investigación.
El Gobierno respaldó ayer la labor de la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich y aseguró que, tras el levantamiento del secreto de sumario en la investigación sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado, “no han surgido elementos que pongan en crisis la situación de la Gendarmería”.

Asimismo, anunció que hoy formalizará su cooperación con el Juzgado Federal de Esquel, que investiga la desaparición de Maldonado, ocurrida el primero de agosto pasado durante un operativo de Gendarmería en Cushamen.

Los anuncios, tras la reunión del presidente Mauricio Macri, en el Salón Norte de la Casa Rosada, con la ministra Bullrich y su par de Justicia, Germán Garavano, estuvieron a cargo de este último, quien ofició de vocero para dialogar con la prensa y ratificar la posición gubernamental tras el levantamiento del secreto de sumario en el caso Maldonado.

Garavano aseguró que durante la reunión se “volvió a reafirmar la necesidad de apoyar la labor” que desarrollan el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila.

“Es muy importante para que puedan desarrollar esta tarea con absoluta independencia y con todo el apoyo del Estado para tratar de esclarecer lo que pasó con Santiago Maldonado y continuar con su búsqueda, con nuevos rastrillajes impulsados por Seguridad”.

Garavano agregó que en la reunión con Macri, de la que participaron funcionarios de Justicia y de Seguridad, se analizaron los videos que trascendieron en los medios de comunicación a partir del levantamiento del secreto de sumario, que “muestran que el operativo (del 1ro. de agosto último) se desarrolló con normalidad, al menos hasta las 18, que fue cuando aparentemente habría terminado el operativo”.

“En principio, tampoco ha surgido de esa investigación elementos que de algún modo pongan en crisis la situación de la Gendarmería, pero, bueno, también es una investigación que se está llevando adelante”, agregó el ministro de Justicia.

También rechazó que haya habido “contradicciones” entre los testimonios de los gendarmes que participaron del operativo en el que habría desaparecido Santiago Maldonado.

El Gobierno formalizará hoy su “colaboración” ante el Juzgado Federal de Esquel a través del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien ratificará lo acordado con la abogada de la familia de Maldonado, Verónica Heredia, cuando se convino que el Estado no iba a ser querellante en la causa, pero que iba a prestar colaboración.

“Tanto el Ministerio, a través del Programa de Protección de Testigos como la Secretaría, a través de diversos programas, tiene herramientas para colaborar con el juez y el fiscal”, dijo Avruj.

Al ser consultado por el desempeño de Bullrich, Avruj ratificó el respaldo ya expresado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de gabinete, Marcos Peña, y subrayó: “Está todo el Gobierno involucrado en ayudar para que esta situación se esclarezca pronto”.

Por su parte, Garavano dijo que la ministra tiene “un liderazgo en estos temas” y “ha trabajado muy bien en múltiples cuestiones, y en esto estamos trabajando todos en equipo y articuladamente como siempre se ha hecho”.

Macri con Bullrich

De este modo, Macri se reunió ayer con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, para “interiorizarse” sobre la actualidad de la desaparición del joven Santiago Maldonado.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada y, pese a que se trató de una de las tradicionales reuniones de seguimiento de gestión de la cartera de seguridad, el mandatario decidió dedicar parte del tiempo exclusivamente a tratar el tema del artesano de 28 años.

Con ese objetivo, el jefe de Estado sumó a Garavano y al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, informaron fuentes oficiales a NA.

“Se planteó todo el caso, se vieron incluso algunos videos que trascendieron a partir del levantamiento del secreto sumario en el que se muestran un operativo que se desarrolló con normalidad al menos hasta las 18.00 que fue cuando aparentemente habría terminado el operativo”, sostuvo el titular de la cartera judicial, quien subrayó que “se sigue el caso con bastante atención y cuidado”.

Tras encabezar un acto en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Estado subrayó que hay que “ser muy prudentes” a la hora de hablar sobre el caso.

Consultado cómo está frente a esta causa, el líder del PRO manifestó: “Estoy preocupado y ocupándome de las novedades que hay todos los días y apoyando a la Justicia”.

Además, Macri insistió en que el Gobierno está “al servicio de la Justicia como corresponde”, destacando que “está investigando un juez y una fiscal”, pero aclaró que se debe aguardar los resultados “sin prejuzgar, sin descartar ninguna línea” de investigación.

“Hay que ser muy prudentes. Nosotros no prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde, con absoluta libertad”, subrayó.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre ratificó su denuncia contra el presidente y la ministra de Seguridad, entre otros funcionarios y jefes de la fuerza, por "encubrimiento" y "violación de deberes" en la desaparición de Santiago Maldonado.
"Hoy ratificamos la denuncia penal contra Macri, Bullrich y jefes Gendarmería", dijo el secretario nacional de la LADH, José Schulman, en la red social twitter.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Roldolfo Canicoba Corral, quien ahora deberá dar vista al fiscal Federico Delgado, para que éste a su vez dictamine sobre la competencia del juzgado y si avanza con la requisitoria de instrucción o pide medidas probatorias antes de resolverlo, explicó a Télam el abogado Eduardo Barcesat, patrocinante de la presentación.

"Acusamos por (el artículo del Código Penal) 142 ter. Desaparición forzada, 277 encubrimiento, 279 y 248 violación deber funcionario", con "hasta pena perpetua" y considerado "delito de lesa humanidad, imprescriptible", puntualizó Schulman.

Los denunciantes piden investigar "un pacto de silencio" entre los gendarmes que intervinieron en el operativo en el que se sospecha Maldonado fue víctima de una "desaparición forzada", al que "se han sumado una ristra de expresiones de encubrimiento, de opacidad discursiva, emanadas de las máximas autoridades del Gobierno Nacional aquí denunciadas", según de lee en el escrito al que accedió Télam.

El gobierno nacional "persiste en la negativa, trazando relatos ficcionales y, como siempre en los períodos de excepcionalidad institucional, intentan culpabilizar a la víctima", sostiene la denuncia.

La fiscalía federal de Esquel investiga la desaparición forzada de Maldonado en el contexto de un operativo de Gendarmería realizado el 1 de agosto último en tierras habitadas por familias mapuches del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en el noroeste de la provincia de Chubut.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró hoy que el caso de Santiago Maldonado, quien permanece desaparecido desde el 1 de agosto último, es "el de mayor preocupación para el Ministerio Público Fiscal" y subrayó que el organismo brinda "todo el apoyo" a la fiscal a cargo de la investigación, Silvina Ávila.
"Ha desaparecido alguien en un contexto de represión, y tenemos que estar para lo que resulte de la prueba y de lo que diga el juez", dijo la procuradora nacional en declaraciones a la prensa en Rosario.

La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) subrayó que desde ese ámbito se le brindó "todo el apoyo al fiscal (federal de Esquel, Silvina Ávila) que interviene la causa, con procuradorías especializadas en temas como la ciberdelincuencia, en donde se hizo foco en las rutas de los teléfonos" utilizados por Maldonado y de los involucrados en la investigación.

La fiscal Ávila, que investiga la desaparición forzada de Maldonado, se reunió el pasado 29 de agosto con Gils Carbó en Buenos Aires y un día antes, en un informe que remitió al Ministerio de Justicia y destinado al Comité de Desaparición Forzada de la ONU, destacó la cooperación que recibía en la causa de parte de la Procuraduría General de la Nación.

En ese informe, mencionó expresamente la colaboración y cooperación que recibía de parte de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y otros organismos dependientes de la PGN.

Gils Carbó formuló sus declaraciones éste mediodía en el centro cultural La Toma, ubicado en Tucumán 1349, en Rosario.

Allí, presentó la Red de Promotoras y Promotores Territoriales en Género, a la que definió como "un proyecto que trabaja en la asistencia y empoderamiento de mujeres víctimas de violencia de género".

La Red instalará puestos en las zonas más carenciadas de la ciudad, el primero de los cuales en el barrio Las Flores, donde los vecinos podrán denunciar casos de este tipo de violencia y recibirán asesoramiento sobre cómo proceder.

En cuanto a la violencia de género, Carbó señaló que junto a la violencia contra las mujeres, que son los casos más extendidos, también "hay que tener en cuenta a las personas que son agredidas por su elección sexual", como quienes forman parejas homosexuales.

"Más allá de los cambios culturales que hicimos en el ministerio público durante los últimos cinco años, también se necesita un cambio cultural, porque para erradicar la violencia de género tenemos que construir entre las instituciones, las organizaciones y la sociedad", subrayó.

Tras la prueba negativa de ADN, ahora el diario reaviva una hipótesis según la cual el joven "por algún motivo" decidió pasar a la clandestinidad.
Luego de que se determinó que la sangre de la persona herida por un puestero de la finca de Benetton no era Santiago Maldonado, ahora surgió una extraña hipótesis que difundió el diario Clarín, en base a fuentes policiales y gubernamentales.
Segun una nota del matutino, existen dos caminos que se investigan. "Una es la supuesta participación activa de Gendarmería Nacional en la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto pasado en el operativo de Cushamen. La otra, que el joven, por algún motivo que los investigadores no entienden del todo, hubiera decidido pasar a la clandestinidad. Esta teoría ha sido bautizada entre ellos como 'El Sacrificio'", describe.
Esta última hipótesis se basa en "la sorprendente conducta de los perros durante los rastrillajes". La nota describe que "los animales indicaron que había rastros frescos de quienes utilizaron en algún momento las ropas que se le adjudican a Maldonado. En la primera ocasión los canes se dirigieron directamente hacia la orilla del río, haciendo entender que el rastro continuaba vivo cruzando el efluente". La fuerza de seguridad no continuó por allí debido a la negativa de los mapuches, quienes alegaron que se trataba de territorio ancestral.
En otra oportunidad, los animales hicieron movimientos que daban a entender que los dueños de las prendas habían estado caminando o estacionados en un área de unos 350 metro.
"Algunos de los investigadores llaman a esta hipótesis 'El sacrificio'. Significaría que Maldonado acordó pasar a la clandestinidad para beneficiar en alguna manera la situación de alguien a quien admiraba como es el lonko Facundo Jones Huala, hoy detenido en la Unidad 14 por un pedido de extradición que está todavía en trámite desde Chile", advierte el autor de la crónica.

Mirtha Legrand también sugirió que había una escalera de violencia si Cristina Kirchner gana las elecciones. Apuntó con todos los máximos referentes de la política nacional, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, en una nota en Intrusos.
Por un lado, se hizo una fuerte acusación en el curso de las decisiones del actual mandatario en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado: “Esto nos asusta. Me pongo en el lugar de la madre. Yo perdí un hijo pero por una enfermedad; esta madre no sabe si está vivo, si está muerto, está en Chile. Yo escucho todo y yo informo y entiendo que el Presidente dio la orden de que no se puede más del tema. Bueno, más investiguen señores”.
Después, al ser consultado sobre un solo triunfo de Cristina Kirchner era una desgracia para el país, respondió con contundencia: ” Sí, posible más violento todavía. Esta violencia de hecho tiene que ver con el kirchnerismo y el anarquismo”.
La diva también se hizo tiempo para criticar la entrevista de Marcelo Tinelli con la parodia de Cristina realizada por Martín Bossi: ” Fue horrible lo que hizo Tinelli con la parodia de Cristina (de Martín Bossi), y creo que el presidente participado. Fue desafortunada su aparición en esa parodia”.

El reclamo por su aparición se instaló con fuerza en la sociedad. Pero, sobre todo, se cayeron hipótesis y surgieron más dudas sobre el rol de Gendarmería.
Hasta hace 15 días, los productores de TV gesticulaban detrás de cámaras o les hacían comentarios por la cucaracha a los conductores para que interrumpieran las discusiones sobre Santiago Maldonado. El tema no parecía un imán para ganar televidentes en la batalla por el rating. Algo cambió desde la semana pasada: ahora la desaparición del artesano pasó a ser la apertura de los programas y se le dedica buena parte del tiempo, incluso entre los que priorizan los entretelones del mundo del espectáculo. Es cierto que el caso presenta la suficiente gravedad como para que nadie lo pase por alto, pero la transmisión permanente de las novedades judiciales estaría mostrando la penetración que el tema logró en la sociedad. En la Casa Rosada -después de un plazo que incluso puertas para adentro juzgan demasiado largo- percibieron el cambio de clima.
Más que eso, en rigor: una encuesta reservada y un trabajo de focus group que manejan los más altos funcionarios revela que más del 60 por ciento de la población puede describir con mayor o menor precisión que hay un joven desaparecido desde hace ya más de un mes. La irrupción de Mirtha Legrand en Intrusos, por ejemplo, es un síntoma de que el debate público podría volverse cada vez más popular. Así, los focus comienzan a dar cuenta de personas que dicen haber "escuchado hablar algo al pasar" y otras que "conocen cada detalle" de la investigación. Un dato extra: del porcentaje que oyó o leyó la noticia la mitad culpa al Gobierno por la desaparición. El resto cree que tiene que hacer algo para que aparezca Maldonado, pero no le adjudica ninguna responsabilidad en el caso. Para anotar en letras mayúsculas: la grieta no disminuye con el caso Maldonado. Se ensancha.
El otro dato trascendente del giro oficial tiene que ver con que se ha achicado el margen de hipótesis sobre qué ocurrió exactamente con Santiago, en especial a partir de que los cotejos genéticos entre las muestras de ADN obtenidas en el puesto de Benetton y las que aportó su familia dieron negativos. El oficialismo había esperado con ansiedad esos resultados. "La lupa empezó a posarse cada vez más sobre el rol de Gendarmería -admitía anoche un alto funcionario-. No vamos a cubrir a nadie. Ni antes ni ahora. Seremos los primeros en colaborar, pero siempre y cuando aparezca un dato concreto. Confiamos en nuestra ministra".
Con sus primeras declaraciones públicas y con los gestos que exhibió en privado, Mauricio Macri dejó entrever que la causa está hoy al tope de sus prioridades. "Estoy preocupado y ocupándome todos los días", dijo por la mañana en un breve contacto con los periodistas. El fin de semana permaneció en contacto permanente con Bullrich -para quien sigue sin haber indicios firmes para pensar en que a Maldonado se lo llevaron los gendarmes-, y ayer se reunió con ella para repensar la estrategia oficial junto al ministro de Justicia, Germán Garavano y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En esa reunión se acordó que Avruj y el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, viajen a Esquel a reunirse con el juez federal Guido Otranto. Le ofrecerán "todo los recursos del Estado" para colaborar en la investigación, según contó uno de ellos a Clarín.
"El caso pasó a ser una cuestión de Estado", describió ayer un funcionario que tiene trato cotidiano con el Presidente. ¿Se decidirá Macri a llamar a la familia del joven para expresarle solidaridad y decirle que están trabajando para saber dónde está? No faltó quien lo sugiriera en las reuniones en Olivos, pero habría primado la idea de no politizar la causa todavía más: en el macrismo suponen que el kirchnerismo buscará apropiarse de la discusión y que intentará abrazarse a ella todo el tiempo que pueda. "Si es hasta las elecciones, e incluso si pueden instalarlo como un tema de campaña, no dudamos de que lo van a hacer", afirman quienes trabajan en el diseño electoral. Al frente de la movida, dicen, está la propia Cristina Kirchner.

En el marco del último día de conciliación entre el Sindicato de Petroleros Privados Chubut y la compañía Tecpetrol, se esperaban definiciones ayer en Buenos Aires. Sin embargo, la operadora del grupo Techint insiste con ejecutar 200 despidos en el yacimiento El Tordillo, por lo que el Ministerio de Trabajo de la Nación propuso una jornada más de negociación. Así hoy se retomará el diálogo.

"La pelea es durísima acá arriba", lamentó anoche el secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila, a la salida del encuentro. "El Ministerio de Trabajo extendió la conciliación y propuso un día más de negociación", sostuvo.
De ese modo, a partir de las 10 de hoy volverán a reunirse las partes. "Tenemos como el punto de quiebre de la discusión el sostenimiento de los puestos de trabajo. La empresa insiste con los 200 despidos y no vamos a ceder. Esperamos tener mañana (por hoy) un mejor día que hoy y tener a la tarde aunque sea un principio de acuerdo", dijo Avila.
Hay que recordar que ese sindicato acepta flexibilizar algunas condiciones, como la reducción de las horas de trabajo, a cambio de que se sostengan los puestos de trabajo en ese yacimiento. También advirtió la adopción de medidas de fuerza en caso de que fracasen las negociaciones y que Tecpetrol ejecute los despidos.

El vicegobernador Pablo González, junto al ministro de la Producción, Leonardo Álvarez; el presidente del Instituto de Energía, Jaime Álvarez; y los secretarios generales del Sindicato Petrolero de Santa Cruz y de la Asociación del Personal Jerárquico, Claudio Vidal y José Llugdar, se reunieron ayer en Buenos Aires con directivos de Pan American Energy (PAE) con el fin de aunar criterios para evitar despidos de trabajadores en los yacimientos santacruceños donde opera esa compañía.
El encuentro se desarrolló en las instalaciones de PAE, operadora que estuvo representada por Rafael Villarreal, vicepresidente de Operaciones Argentinas; Daniel Felici, vicepresidente de Relaciones Institucionales; y Rodrigo Ramacciotti, vicepresidente de Relaciones Laborales.
En ese marco abordaron la posibilidad de mejorar la producción para evitar despedir a 27 operarios que estaban cobrando su salario sin tener función debido al retiro de un equipo de pulling en los yacimientos de Koluel Kaike y Piedra Clavada, ubicados en la zona norte.

COMPROMISO
Luego de varias horas de negociación, la delegación de funcionarios y gremialistas logró que PAE se comprometiera a reinsertar laboralmente a los mencionados yacimientos al personal de referencia. Al concluir el encuentro, el ministro Álvarez dijo que el mismo fue fructífero ya que en principio era inminente el despido de los operarios.
"Por suerte –añadió-, a instancias del vicegobernador y de los representantes directos de los trabajadores pudimos lograr que la empresa se comprometa a generar nuevas actividades en el yacimiento y por lo tanto estas 27 personas podrán retomar sus tareas".
A su vez, el vicegobernador González comentó que "se habló de las posibilidades que tiene la empresa para mejorar su producción, comprometiéndose la misma a generar alternativas en los yacimientos Koluel Kaike y Piedra Clavada, por lo que estos trabajadores vuelven a prestar funciones".

La producción de petróleo mantuvo su tendencia descendente en julio al caer 7,5 por ciento con respecto al mismo mes del 2016, y en el acumulado de los primeros siete meses del año registró el peor nivel en 36 años. YPF y PAE son las que menos cayeron.
El descenso en la extracción de crudo afectó a casi la totalidad del medio centenar de empresas que operan en la actividad, a excepción de 11 firmas que no produjeron y una decena aportó volúmenes ínfimos.
No obstante, las dos compañías líderes del negocio -YPF y Pan American Energy- morigeraron la baja general, ya que su producción descendió menos que la del promedio.
La empresa con mayoría de capital del Estado aportó en enero-julio 7,4 millones de metros cúbicos, frente a casi 8 millones en el mismo período de 2016, lo cual significó un recorte interanual de 6,4 por ciento.
Menor fue la caída de PAE, propiedad de Bridas -del grupo local Bulgheroni y de China‘s National Overseas Oil Co, Cnooc-, que entre enero y julio lograron limitar su retroceso a 3,8 por ciento, ya que en ese lapso produjo 3,2 millones de metros cúbicos de petróleo.
En líneas generales, las empresas petroleras adjudican la caída en la producción de hidrocarburos a los bajos precios, a medida que se acerca el fin de los subsidios estatales al “barril criollo” -que cesarán a fin de año- y los valores se alinean con la cotización internacional. Otros motivos mencionados aluden a fenómenos climáticos y a conflictos sindicales despidos de las empresas, ante la retracción de la actividad.

El vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial, Mariano Arcioni, ratificó ayer la postura del Gobierno del Chubut contraria a la megaminería, asegurando que «no vamos a dejar que nadie con algún proyecto nos quiera avasallar nuestra soberanía provincial».
Recordó asimismo que «quedó ratificado y celebro que el gobernador de Río Negro haya manifestado formalmente su postura en contra de la construcción en Sierra Grande de una central de energía nuclear».
«Uno cuando recorre y ve los bosques, el agua, el aire que tenemos en Chubut, cómo no lo vamos a cuidar. Bajo ningún punto de vista vamos a dejar que violen a la naturaleza que tenemos nosotros y esto también es un motivo de alegría para compartir con ustedes», manifestó el vicegobernador.
  Arcioni presidió ayer los actos por el 64º aniversario de El Hoyo,  oportunidad en la que firmó distintos convenios para ejecutar obras en la localidad y entregó créditos a pequeños productores y equipamiento a emprendedores en el marco del programa «Chubut Emprende» que impulsa el Ministerio de la Familia.
De la ceremonia, que se realizó en instalaciones de Gimnasio Municipal, formaron parte miembros del Gabinete provincial, el intendente de El Hoyo, Daniel Cárdenas, funcionarios municipales, concejales e intendentes de localidades vecinas.
Al iniciar el acto formal se entregaron reconocimientos a empleados municipales y a vecinos de la localidad en reconocimiento a los servicios prestados en distintas instituciones públicas.

GESTION Y COMPROMISO
 Al hacer uso de la palabra, Arcioni destacó que «hemos venido muchas veces a El Hoyo y hoy me siento muy orgulloso porque hicimos una recorrida y vimos todas las obras que se están haciendo, vamos despacito, pero vamos avanzando».
En ese marco felicitó a «todo el equipo de Gobierno por la excelente administración, porque estamos viviendo una situación complicada en cuanto a lo económico y financiero, y sin embargo se van concretando obras importantes para toda la comunidad, que además generan empleo local».
Destacó que «hoy podemos anunciar obras muy importantes como es la Escuela Nº 7727 que hace años se viene reclamando, va a estar en el presupuesto para los más de 140 alumnos que hoy están compartiendo un establecimiento».
Además «firmamos una obra de más de 30 millones con el presidente de Vialidad Provincial, Nicolás Cittadini, también con recursos propios, es un puente para el río Epuyén para ir a Puerto Patriada. Será de doble mano como se merece una localidad como esta».
 También valoró el «convenio que firmamos para que la localidad tenga un reservorio de agua para hacer frente a cualquier contingencia».
Arcioni destacó que «realmente son todas obras que se van realizando y se hacen con gestión y el compromiso de cada uno de los funcionarios». Además el vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial expresó que «quiero transmitirle a toda la comunidad un saludo muy especial que les mandó el gobernador Mario Das Neves porque ayer hablé con él y me pidió especialmente que les trasmitiera un muy feliz cumpleaños para la localidad».

OBRAS CON EL BONO
Por su parte, el intendente de El Hoyo, Daniel Cárdenas, manifestó que «hoy cumplimos 64 años y es el segundo aniversario que me toca encabezar. Por eso quiero aprovechar para saludar especialmente al intendente, Mirko Szudruk, que está pasando por un problema de salud».
Además agradeció «al gobernador Das Neves, por el apoyo y acompañamiento de siempre».
Cárdenas señaló que «estamos pasando por una situación económica complicada pero gracias al bono que ha entregado el gobierno provincial a los distintos municipios, nosotros estamos haciendo obras, seguimos trabajando».
Detalló que «hemos hecho en Puerto Patriada un camping municipal, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y la red nueva de luz que tanto necesitaban», y agregó «también estamos realizado perforaciones de agua, dado a que tenemos problemas con este recurso».
 «Estamos construyendo un SUM tanto en El Desemboque, como también en el puesto sanitario en el paraje «Rincón del Lobo», para brindarles más servicios a nuestros vecinos».
El Intendente sostuvo que «son obras que estamos ejecutando por los fondos que recibimos del bono, que son muy importantes para toda la localidad».

Los gremios de Santa Cruz mañana se reunirán para analizar el proyecto de Ley presentado por el ejecutivo  a la Legislatura y que se especula tenga tratamiento en la próxima sesión y que establece en primera instancia la creación del Instituto del Salario y de Formación en Políticas y que a priori es polémico y señalado por algunos dirigentes como une medida que cercena derechos adquiridos por los trabajadores.
La convocatoria que parte de la CTA es a las 18 horas en la ciudad capital y se espera que participen los dirigentes de todos los gremios de la administración pública Provincia.  A través de un proyecto de ley  el oficialismo impulsa la creación del Instituto del Salario y de Formación en Políticas Públicas, con el fin de “intervenir en las políticas salariales” tanto del Poder Ejecutivo como de los empleados públicos incluidos los municipales y quienes están encuadrados en convenios colectivos tanto nacionales como provinciales.
En declaraciones vertida al programa radial Hora de Brujas Juan José Ortega dirigente de la CTA y del gremio de los Judiciales refirió: “en primer instancia y a mi entender, ha empezado bastante mal porque no hemos sido convocados como trabajadores, con lo cual es un proyecto netamente patronal”, y agregó: “es una ley de emergencia totalmente puesta en marcha, es volver a una situación donde todo se manejaba desde lo personal, manejar la Provincia como patrón de estancia y con todo el poder que se hace y que no se hace con el salario de los trabajadores”.
Asimismo manifestó que se trata de una cuestión demagógica, “consideramos que  es una cuestión perversa,  estamos preocupados pero también por esta cuestión de marginalidad de la Ley 591, y no queremos  dejar pasar mas tiempo y urge la apertura de paritarias.  Lo que quieren hacer aparentemente  es respetar las paritarias pero poniéndole un techo”,  y aseveró: “es un tema alarmante y vamos a trabajar y pedir la razón de esta ley y esperamos ser atendidos por lo menos una vez”.
Nos toma totalmente por sorpresas, continuó en sus declaraciones Ortega, ” nos llegó anoche esta información con copias del proyecto, y la idea  parece es que tome estado parlamentario para la sesión del 13 . No tener salida en una gestión de Gobierno  los lleva a esto. Edificar sobre lo que arruinaste es complicado”, y agregó: “para nosotros esta Ley sería inconstitucional y el Poder Judicial no debiera presentar ningún representante a este Instituto, porque entiendo que habría un choque de poderes”.
El Instituto del Salario dependerá de la jefatura de Gabinete y estará administrado por un directorio de cinco miembros ninguno de los cuales representaría a los trabajadores de la administración: un presidente, un vocal por el Poder Ejecutivo, un vocal por el Poder Legislativo, un vocal por el Poder Judicial, y un vocal por los Municipios y comisiones de fomento. Todos los miembros serían designados de manera directa por el mismo poder al que representan, y en el caso del vocal por las comunas, “elegido por simple mayoría de los intendentes y presidentes de las comisiones de fomento”, expone la Ley.

Nación avanzó con provincias patagónicas en el nuevo esquema de reintegros por exportaciones. Reemplazará a los reembolsos anulados por DNU. La certificación de origen que genere empleo implicará un diferencial. La Conadepa volverá a tener vigencia. 
Como había adelantado EL CHUBUT, no se insistirá en el Congreso nacional con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri, que eliminó los reembolsos por puertos patagónicos. Un nuevo esquema está a punto de cerrarse y hay un principio de acuerdo entre la Nación y las provincias de la región.
Ayer se realizó una reunión del Secretario de Interior, Sebastián García de Luca; el coordinador del Plan Patagonia, Ignacio Torres; el vicegobernador y el ministro de la Producción de Santa Cruz, Pablo González y Leonardo Alvarez, respectivamente; y los senadores Alfredo Luenzo, María Ester Labado y José Ojeda.
Según resaltó «Nacho» Torres en diálogo con este diario, el objetivo del encuentro en Casa Rosada fue llegar a una solución respecto de los reembolsos eliminados en noviembre de 2016, motivo por el cual los legisladores patagónicos buscan revertir la decisión y encontrar una salida.
Se impulsará un proyecto de Ley que establece reintegros con certificados de origen para favorecer la generación de empleo en Patagonia y que se exporte por los puertos de la región, buscando así darle mayor competitividad a la región. 

REACTIVACION DE LA CONADEPA
La propuesta de legisladores nacionales de la región encabezados por el chubutense Luenzo, y tal como lo adelantara EL CHUBUT, se reactivará la Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica (Conadepa), que fuera creada en 1986 «para avanzar en el desarrollo de la región». Y «se insistió en la constitución de un sistema de aportes destinados a la creación de un fondo de reconversión productivo en zonas impactadas», manifestó el senador Luenzo.
«Los beneficios de una ley que establezca reintegros a las exportaciones por nuestros puertos, son fundamentales para activar y lograr favorecer el crecimiento de la región, objetivo que venimos buscando hace tiempo», agregó Luenzo.
En las próximas horas se terminará de consensuar el proyecto entre los legiladores y el Ejecutivo nacional, pretendiendo así restituir competividad a los sectores productivos de la región, sumado a un fondo para la reconversión y obras de infraestructura. 

En Buenos Aires
El vicegobernador Pablo González participaría en representación de Santa Cruz. Otros 17 gobernadores están confirmados en el cónclave donde se quiere unificar criterios ante el reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. Piden mayores fondos coparticipables a cambio de discutir una posible rebaja de la alícuota de ingresos brutos en el marco de la reforma impositiva.
Al menos los representantes de 18 provincias se reunirán hoy para definir una estrategia en común frente a la demanda del gobierno bonaerense para eliminar el tope en el Fondo del Conurbano y también reclamar cambios en la Coparticipación del Impuesto al Cheque, aceptando a cambio, la posibilidad de rebajar la alícuota de ingresos brutos.
El temor de que la Corte Suprema autorice a María Eugenia Vidal a quedarse con $ 50.000 millones del ex Fondo del Conurbano que actualmente se reparte entre las provincias ha unido a los gobernadores en un frente común. 
Hasta ahora, los ingresos que vienen percibiendo las provincias desde la Nación crecen por encima de la inflación. En agosto, según datos de la consultora Economía y Regiones (E&R), la coparticipación aumentó 35% respecto al mismo mes de 2016 y llegó a $ 65.467 millones. A la vez, el fondo solidario de la soja mostró una variación interanual positiva del 43%. De este modo, los ingresos por coparticipación crecieron por encima de la recaudación nacional, que en agosto había subido 33,5%, impulsada por los impuestos vinculados a la actividad (IVA y Ganancias principalmente).
En el año, la coparticipación se incrementó 33,1%, contra 31,2% de la recaudación general. Según la medición de E&R, en términos reales las transferencias por coparticipación aumentaron 9,3% en términos reales.
La mayor parte de las provincias registraron subas interanuales de coparticipación, con variaciones entre 43,35% (la Rioja) y 34% (Chubut). Córdoba, Santa Fe y San Luis presentan avances levemente inferiores debido a que perciben la devolución del 15% de los fondos que recauda la ANSeS desde el 2016. En cambio, el resto de las provincias cerraron un acuerdo con la Nación para cobrar ese reintegro de forma progresiva, empezando con una devolución del 3%.
En el caso de Santa Cruz la suba fue del 41% de manera interanual de agosto 2016 a agosto 2017. 
La razón de la reunión de hoy es que los jefes provinciales interpretan que una reformulación del Fondo del Conurbano implicaría una quita de recursos para el resto de las provincias. 
Hasta ayer estaban confirmados en esa cumbre mandatarios de todos los colores partidarios: Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Ricardo Colombi (Corrientes), como así también el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén). También se prevé la asistencia del chaqueño Domingo Peppo, Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán) y Lucía Corpacci (Catamarca).
Al cierre de esta edición fuentes oficiales aseguraron a La Opinión Austral que del encuentro participará el vicegobernador Pablo González, quien de hecho ya está en Buenos Aires por los conflictos suscitados en el sector petrolero (ver página 7). 

Reforma impositiva
Según consignó la agencia DyN, la cumbre de gobernadores fue convocada con el espíritu de avanzar en un proceso de reducción de impuestos que “penalizan la producción y quitan competitividad al aparato productivo argentino”. En este contexto, los mandatarios provinciales aspiran a dar un paso más en la devolución a las provincias de recursos de la coparticipación, que entienden “injustamente se los queda la Nación”.
Distintas fuentes confiaron a DyN, que -a propuesta de la provincia de Córdoba- durante el encuentro los gobernadores analizarán la posibilidad de reclamar una rebaja de la alícuota del Impuesto al Cheque y, al mismo tiempo, un aumento de la coparticipación de este tributo, ya que el 30% del gravamen es coparticipable, pero los gobiernos provinciales sólo reciben el 17%.
A cambio y como tercer punto, los gobernadores estarían dispuestos a discutir un recorte en la alícuota del Impuesto de Ingresos Brutos (gravamen netamente provincial), que de acuerdo a su interpretación “se ha transformado en una aduana interior en el país”. De esta manera, los mandatarios buscan “bajar impuestos distorsivos tanto en el orden nacional como provincial”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que la actualización del esquema del monotributo según los índices de movilidad previsional se aplicará a partir de enero de 2018.
De esta manera, ese mes se incrementarán tanto los montos del impuesto integrado y de los aportes a la jubilación y a la obra social, como también los topes de facturación y de alquileres devengados para estar en cada una de las categorías.
El organismo informó que los nuevos valores serán difundidos en la página de internet del monotributo. Según dispone la ley 27.346, los números del sistema se irán ajustando anualmente según el incremento otorgado a los jubilados y pensionados de la Anses en los meses de marzo y septiembre. Este año, con índices de 12,96% y de 13,31% respectivamente, la recomposición de esos haberes alcanza el 28%.
Mientras tanto, la recategorización o confirmación de categoría que por estos días deben hacer los pequeños contribuyentes, continuará entonces realizándose en función de los montos que están vigentes desde enero de este año (de hecho, esas son las variables que incluyó el organismo en su página web, donde hay que ingresar con clave fiscal para realizar este trámite). En los últimos días, entre tributaristas habían surgido dudas respecto de cuándo comenzaría a aplicarse la actualización anual dispuesta por ley.
Según las nuevas cifras, desde enero próximo quedarían incluidos en el monotributo quienes tengan una facturación anual no superior a los $ 896.000 (prestación de servicios) o a los $ 1.344.000 (comercio de cosas muebles).

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